El Gobierno dispondrá de seis meses para confeccionar un censo de las personas enterradas en el Valle de los Caídos. Así lo ha acordado este miércoles la Comisión Constitucional del Congreso, que ha aprobado mayoritariamente una proposición no de ley pactada entre Joan Herrera (ICV), la diputada de Na Bai, Uxue Barkos, y el grupo socialista. El PP ha sido el único grupo que se ha opuesto a esta iniciativa.

Además de realizar el censo, el Gobierno también debe facilitar la información a los familiares de quienes puedan ser identificados y contribuirá económicamente a las exhumaciones y traslados de los restos que sean reclamados por estas familias.

El texto aprobado procede de dos proposiciones no de ley que reclamaban la elaboración del censo presentadas por ICV y Na Bai, unificadas en una sola mediante la transacción con el PSOE. Al defender su iniciativa, el diputado Joan Herrera ha recordado los casos de las familias que no han podido recuperar los restos de sus seres queridos incluso pese a estar identificados en la basílica de Cuelgamuros y también de aquellos que han honrado a víctimas de la Guerra Civil en fosas donde en realidad no estaban porque los cadáveres habían sido trasladados a Cuelgamuros sin su conocimiento ni permiso.

Aunque ha reconocido que habrá casos en los que será imposible hacer las identificaciones, sí ha pedido al Gobierno voluntad "proactiva" para apoyar las exhumaciones, aspecto que tras la negociación con los socialistas se ha recogido en la propuesta.

Amplio consenso

En ese sentido, el Gobierno ha garantizado que facilitará el cumplimiento de la iniciativa esta proposición no de ley, cuyo resultado se enmarca en el espíritu de la ley de la Memoria Histórica. "El Gobierno, como no puede ser de otra manera, facilitará el cumplimiento de la iniciativa, máxime teniendo en cuenta que ha sido acordada en sede parlamentaria y con un amplio consenso", han añadido fuentes de la Vicepresidencia primera del Gobierno.