Ni nuevo estadio en Rabassa, ni Rico Pérez rodeado de una zona comercial –al menos, por ahora– ni tampoco candidatura a subsede del Mundial de Fútbol de 2018. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, renunció ayer públicamente en el Pleno a sus ambiciones con el campo de fútbol y con disgusto declaró que exigirá su remodelación con la «inversión mínima» de 4,2 millones de euros.

Así lo trasladará a la sociedad Aligestión (participada por el constructor Enrique Ortiz), como obligación estipulada en el contrato de compraventa del Rico Pérez hace dos años.

Castedo había querido un proyecto de nuevo estadio en las afueras, como en Elche, Barcelona, Zaragoza y otras ciudades, con una inversión mucho mayor (unos 60 millones de euros), pero reprochó a la oposición municipal, del PSOE, su presión e insinuaciones de «pelotazo» urbanístico.

Para llevar adelante ese otro Rico Pérez, ella se planteaba «compensar» al constructor con terrenos recalificados, para generar plusvalías y que fuera viable.

«¿Compensarle? ¿Por qué? ¿Hay una cláusula oculta, anterior o posterior a la firma del contrato de venta del Rico Pérez, en febrero de 2007?» Con estos interrogantes, el portavoz del PSOE, Roque Moreno, rechazó un posible «trato de favor».

«No tengo ninguna deuda, ni mis concejales, con Aligestión», le replicó la alcaldesa, que se comprometió a que el Rico Pérez siga siendo suelo de uso deportivo y su entorno, zona verde.

La urgencia de los arreglos en el Rico Pérez pueden juzgarla los aficionados que acuden cada semana (entre 10.000 y 15.000) a ver al Hércules. El PSOE ilustró con abundantes fotos las fisuras, cemento desprendido en las gradas y ladrillos sueltos en pasillos, pero la alcaldesa aseguró ayer que el informe de 2006 apuntaba que la estructura estaba bien «pero hay que acometer obras».