El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que tiene "mucha confianza" en el presidente de la Comunitat Valenciana, Francisco Camps, tras las informaciones publicadas estos días sobre supuesta financiación irregular del PP valenciano. Eso sí, emplazó al partido en esta comunidad a hacer "un esfuerzo" para "explicar bien" a los ciudadanos lo que ha ocurrido y las conversaciones publicadas en los medios de comunicación con uno de los cabecillas de la presunta red de corrupción.

Estas declaraciones rebajan el tono de la defensa que Rajoy ha hecho públicamente de Camps, del que ha llegado a decir que pondría la mano en el fuego por él.

En una entrevista en Punto Radio Rajoy aseguró que el PPCV se encuentra en una "situación diabólica" por tener que "demostrar su inocencia" cuando lo normal en un sistema democrático, dijo, es tener que demostrar la culpabilidad.

"Tengo mucha confianza en Camps, le he apoyado y lo sigo apoyando y espero que hagan un esfuerzo para demostrar no sé exactamente qué pero van a tener que demostrar su inocencia sin que nadie demuestre su culpabilidad", enfatizó.

En cuanto a la información que publica el diario El País acerca de que Alvaro Pérez, alias 'El Bigotes', le envió una carta cuando ocupaba un cargo en el partido, el presidente del PP replicó: "Ni la más remota idea". Según dijo, en ese momento era secretario general del partido, recibe al día muchas cartas y no conocía la existencia de esa carta hasta este lunes.

Sin dudas

Por su parte, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado que su partido apoya y respalda sin fisuras a los populares valencianos y a su presidente, Francisco Camps, pues en la sede nacional existe la convicción, sin la "menor duda", de que "actuarán convenientemente".

Sobre el informe policial, desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, que apunta a la creación de una red de financiación ilegal y personifica los indicios en el secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, ha asegurado que "se ha elevado a la categoría de condena" a pesar de que "no habla de imputaciones", y por ello, "no resulta muy admisible en un Estado democrático".