Cañada Real
Irene, una mujer cuya casa fue derribada en la Cañada Real. I. PÉREZ

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó este jueves remitir al Parlamento regional el proyecto de ley de la Cañada Real Galiana, cuyo objetivo es solucionar los problemas de esta zona de 14,2 kilómetros de la región, especialmente en el espacio que afecta a los municipios de Madrid, Coslada y Rivas. El debate continúa, pero sobre la base del texto normativo ya elaborado

Así lo anunció el portavoz regional, Ignacio González, quien recordó que el anteproyecto ha sido "consensuado" con los ayuntamientos afectados y con la Delegación de Gobierno. No obstante, apuntó que el debate continúa, pero sobre la base del texto normativo ya elaborado.

Una vez que la ley se apruebe, los ayuntamientos tendrán seis meses para elaborar un censo de parcelas y personas. Además, todas las organizaciones competentes deberán llegar a un acuerdo que resuelva los problemas de tipo social de la zona y los municipios deberán definir el uso que les darán a los terrenos.

El texto también fija un plazo de dos años desde de la aprobación de la norma para realizar los trabajos previos a la desafectación (declarar formal o tácitamente que un bien de dominio público queda desvinculado de uso o servicio público) de la Cañada.

González explicó que se ha fijado este plazo porque, de no hacerlo, el problema "se puede eternizar". El ejecutivo regional considera, dijo, que dos años es un plazo "suficientemente razonable y disuasorio para conseguir que todas las tareas que hay que acometer con carácter previo se hagan y, de alguna manera, incitar a todas las administraciones a que se pongan a trabajar".

Críticas de los ayuntamientos

Los ayuntamientos de Madrid y Rivas han protestado, y han dicho sentirse "engañados" por la Comunidad, porque el ejecutivo autonómico ha introducido un punto cuarto al artículo 3 del proyecto que según ellos permite que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta del suelo ocupado sin acuerdo social previo, es decir, sin una solución a los realojos de los habitantes de la Cañada que puedan tener derecho a ello.

Al ser preguntado por si el texto normativo se mantiene como estaba en un principio a pesar de las críticas que ha suscitado entre los ayuntamientos, especialmente en el de Madrid, el vicepresidente apuntó que la negociación con los consistorios "ha existido y sigue existiendo". "Se han introducido algunas matizaciones", añadió.El texto ha sido remitido con carácter previo a las partes y ha sido conocido

Además, recordó que este borrador está sujeto durante su tramitación parlamentaria a modificaciones y enmiendas que se puedan plantear por parte de los grupos políticos.

El proyecto de ley aprobado para su remisión a la Asamblea trata de ordenar una situación de construcciones ilegales, problemas sociales y orden público que se remonta unos 50 años atrás, cuando esta vía pecuaria comenzó a llenarse de edificios de todo tipo en los que hoy podrían vivir entre 14.000 y 40.000 personas.

Lo que establece es la desafectación de los terrenos de la Cañada, tras alcanzarse "un acuerdo social" sobre las personas que viven allí, y la enajenación, cesión o permuta de los terrenos, cuyo destino decidirán los ayuntamientos afectados -Madrid, Rivas y Coslada-.

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