La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Lleida, Ana Isabel Serrano, ha dictado un auto de incoación de diligencias previas contra el alcalde de Almacelles, Josep Ibarz (CiU); el secretario municipal, R.M.C., y el policía local J.R.A., por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, ha confirmado la vecina del pueblo que se ha querellado contra el alcalde, Montse Cortasa.

Los imputados supuestamente falsificaron un documento oficial para crear un procedimiento administrativo que permitiera multar a esta vecina por una presunta irregularidad urbanística, según consta en la querella presentada en el juzgado el 31 de julio, admitida a trámite por la magistrada en un auto dictado el 14 de agosto.

La querella asegura que el alcalde y el policía local planearon crear un documento que simulara una inspección municipal en unas oficinas habilitadas en enero de 2003, según el diario Segre.

La vecina asegura que en realidad esas obras no se hicieron en esa fecha, sino en el verano de 2004. La supuesta inspección municipal de 2003 (inexistente según la querella) dio lugar en 2007 a un expediente de reparación de la legalidad urbanística que motivó una sanción de 16.000 euros.

En la querella se afirma que el alcalde, el secretario y el policía urdieron un plan para perjudicar a la mujer porque es familiar de miembros del PSC en Almacelles, con lo cual la falsificación tendría una motivación política. La juez ha admitido a trámite la querella, ha abierto diligencias previas y ha citado a los imputados.

La querellante dice que, al conocer esa sanción, recurrió por la vía administrativa y fue entonces cuando se dio cuenta de que el informe policial que dio lugar al expediente sancionador había sido falsificado, ya que se extendió en papel sellado con el actual escudo del consistorio, que fue aprobado en un pleno posterior a la fecha de la supuesta inspección policial.

Según el diario, la querella relata que en enero de 2008 se celebró un pleno municipal en el que el alcalde, en supuesta connivencia con el secretario, facilitó a la oposición una lista de decretos en la que se decía que el número del expediente sancionador de la querellante correspondía a una licencia de vado, una inexactitud con la que presuntamente se pretendía evitar que la oposición se diera cuenta de la sanción de 16.000 euros que se quería imponer a la vecina y se negara a aprobarla.