El Supremo anula el traspaso de las competencias de tráfico de la Guardia Civil a Navarra

Policía Foral
Policía Foral de Navarra apostada en la carretera.
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado el decreto por el que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el año pasado el traspaso a Navarra de las competencias de tráfico, hasta entonces a cargo de la Guardia Civil. El alto tribunal ha estimado el recurso que presentó la asociación Justicia Guardia Civil (Jucil) al considerar que no cabe utilizar la figura del decreto de traspaso para atribuir a Navarra una competencia que no se reconoce en la ley orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de la comunidad (LORAFNA) y que no está amparada en su derecho histórico. 

Por el contrario, el Supremo apunta que para el traspaso de competencias se requeriría una reforma de la LORAFNA o la aprobación de una ley orgánica de traspaso en los términos previstos en el artículo 150.2 de la Constitución: "El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

La sentencia del Supremo destaca que la Guardia Civil ha tenido siempre las competencias de tráfico y que la Policía Foral ha ejercido siempre "una función subordinada". "Navarra ejerce una competencia concretada en funciones de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que ésta ejerce las que pretenden traspasarse sin ostentar Navarra un título competencial", zanja la Sala. 

Jucil, cuya legitimación activa para el recurso ha reconocido el Tribunal Supremo, defendió en su recurso que el rango de real decreto es "insuficiente" para retirar las competencias de tráfico a la Guardia Civil y otorgárselas a la Comunidad Foral de Navarra. Alegó además que se había omitido el trámite preceptivo de audiencia a las asociaciones profesionales durante la elaboración del decreto. 

Según relata el Supremo, los recurrentes aludieron en su escrito a una sentencia del Tribunal Constitucional, datada de 1988, sobre un conflicto de competencias. El órgano de garantías había razonado entonces que "había que determinar si las facultades se habían ejercido al amparo de la Ley Paccionada de 1841" para concluir si los traspasos de competencias eran legales. 

Jucil sostiene en su demanda que ese es el criterio que ha de aplicarse en este caso y que "Navarra nunca ha asumido ni ejercido la competencia que ahora se pretende transferir, bajo la apariencia de tratarse simplemente de la ejecución de una competencia previa y preexistente, cuando el contenido de aquella es diferente". En tanto que la comunidad navarra nunca se ha encargado del tráfico y no lo hacía en el momento de aprobación de la LORAFNA, Jucil defendió en su recurso que el cambio legal no se podía hacer por decreto. 

La Sala, de acuerdo con la asociación, ha dictaminado que "La LORAFNA no incluye un título competencial que se identifique con las funciones que desempeña la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Navarra". Por tanto, prosigue la sentencia, "es preciso indagar qué competencias tenía Navarra respecto de tráfico y vehículos a motor al tiempo de promulgarse la LORAFNA". Y, en este sentido, niega las tesis de la Comunidad Foral de Navarra y la Abogacía del Estado, que "dan por existente la competencia de la Policía Foral sobre tráfico y vigilancia". 

Así, la sentencia del Supremo indica que "la realidad normativa posterior y previa a la LORAFNA fue otra, pues la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil, ejerciendo la Policía Foral una función auxiliar, subordinada, colaborativa". 

Por otro lado, la Sala ahonda en el "contradictorio" alegato de la Comunidad de Foral, que describe de la siguiente manera: Por un lado, sostiene que Jucil no está legitimado para recurrir porque "el traspaso litigioso no afecta a los guardias civiles ya que las funciones que se traspasan siempre las ha desempañado la Policía Foral". Y más adelante afirma que los ámbitos de competencia en boga están "mezclados" y son "difícilmente diferenciables".

El 1 de julio de 2023 comenzó el traspaso efectivo de las competencias dirigido desde el Gobierno central. A través de un periodo transitorio de varias fases, los efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional están llamados a colaborar en la vigilancia de la seguridad vial. 

Pedro Buenaventura
Redactor '20minutos'

Redactor de Tribunales y actualidad política. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, en 20minutos desde 2022.

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