El caso Guateque, la red corrupta de concesión de licencias del Ayuntamiento de Madrid, sigue avanzando casi dos años después de salir a la luz. Uno de los últimos documentos que se han conocido es un informe policial en el que se especifican el número de faltas que acumularon 45 locales relacionados con la trama entre 2005 y 2007.

Y los datos son, por lo menos, desconcertantes: en este tiempo acumularon, entre todos, 1.272 multas (cuyo importe alcanza los 3.822.360 euros, a 3.005 euros por sanción), la mayor parte de las cuales están, todavía, sin pagar debido a fallos burocráticos en el Consistorio.

Casi todas estas denuncias son por incumplimientos de horarios, aforos o ruido; pero también las hay más graves, como por la falta de permisos para realizar obras o incumplir la normativa de seguridad (salidas de emergencia bloqueadas, por ejemplo).

Locales sin clausurar

Sorprende, sin embargo, que muchos de estos locales acumularan tal número de faltas sin que se llegaran a clausurar, una medida cautelar que contempla la Ley de Espectáculos Públicos.

"Esto ocurre sistemáticamente y en todos los ámbitos", explica uno de los técnicos del Ayuntamiento, "porque el Consistorio no tiene capacidad de inspección suficiente, ni cuenta con recursos para tramitar tal cantidad de sanciones. De hecho, lo más seguro es que sólo el 20% de estas multas hayan sido pagadas", afirma.

Si fuera así, al Consistorio le deberían entonces 3.057.888 euros. Eso como mínimo, ya que el informe policial sólo incluye 45 de los más de 200 locales y negocios que incurren en la causa. Entre ellos hay desde viviendas hasta locales de intercambio de parejas, pasando por clubs de alterne, bares de copas, discotecas y  restaurantes.

Sólo un establecimiento con la ley

Poco después de que se destapara el caso Guateque, el juez encargado, Santiago Torres, pidió a la empresa Tragsa un informe pericial sobre los negocios investigados.

El informe salió hace un par de meses, y también sus datos eran muy reveladores: de los 47 locales inspeccionados, sólo uno de ellos cumplía la ley; y en 13 de ellos, además, había fallos de protección contra incendios.

Otros 16 realizaron obras en su interior que estaban siendo ejecutadas sin licencia. Entre ellos, el piso del viceconsejero de Transportes de la Comunidad: Luis Armada.