Las paradojas de la Ley de Dependencia

  • Una mujer lucha por lograr las ayudas que le corresponden a su hijo, a quien se reconoció el grado más elevado de dependencia.
  • De todas ayudas a las que tiene derecho sólo le han ratificado una, a la que tiene acceso desde hace 5 años.
  • En un principio le otorgaron el Grado I, pero el joven es incapaz de comer, vestirse o lavarse sin ayuda.
  • ENCUESTA: ¿Crees que está funcionando la Ley de Dependencia?
Fotografía de Pedro P. y su madre, Estrella P.
Fotografía de Pedro P. y su madre, Estrella P.
JORGE PARÍS

La Ley de Dependencia se inauguró el 1 de enero de 2007 con el objetivo de otorgar atención especial a los ciudadanos incapaces de valerse por sí mismos. La descripción de la normativa se ajustaba perfectamente a las necesidades de Estrella – el reportaje utiliza nombres ficticios por petición expresa de los protagonistas de la historia–.

Rellenó los impresos y entregó la documentación. Diez meses después recibió la resolución de su solicitud: La Comunidad de Madrid reconocía a su hijo el Grado I de dependencia, un nivel que contempla la 'ayuda intermitente o limitada de la persona para mantener la autonomía personal'.

Sin embargo, Pedro tiene 25 años y es incapaz de comer, vestirse, lavarse los dientes o caminar sin ayuda. "Nadie de la Comunidad de Madrid visitó a mi hijo para determinar su grado de dependencia. La deliberación se tomó desde un despacho", apunta Estrella.

La familia interpuso un recurso de alzada (recurso administrativo por el que se busca que un órgano administrativo revise un acto dictado por otro órgano dependiente jerárquicamente de él) y sólo entonces la Comunidad reconoció a Pedro el grado más elevado (Grado III) tras un año de litigio. Un derecho adquirido después de que personal de los servicios sociales visitasen al joven y valorasen su grado de dependencia.

La documentación –a la que ha tenido acceso 20 minutos– le reconoce el derecho a teleasistencia, ayuda a domicilio, plaza en un centro de día, prevención y promoción de autonomía y prestaciones económicas para cuidados.

El 22 de junio de 2009, diez meses después de que a Pedro le fuese reconocido el máximo grado de dependencia, Estrella recibió atónita el programa individual de su hijo: el informe sólo ratificaba la plaza en el centro subvencionado por la Comunidad al que el joven asiste desde hace cinco años e ignora por completo el resto de ayudas que le habían sido concedidas.

Caso cerrado

Estrella acude al centro habilitado por el Gobierno regional para gestionar las ayudas de la Ley de Dependencia y le comunican que el informe está cerrado y que las reclamaciones sólo pueden interponerse por vía administrativa.

Además, la Comunidad –que regula las ayudas de asistencia en el hogar– le ha denegado este año una subvención de ayuda a domicilio que recibía de la ONCE al estimar que su sueldo sobrepasa en 200 euros anuales el máximo estipulado por ley.

"Cobro 900 euros y, además de no ofrecerme el subsidio que me corresponde, me niegan la única ayuda que recibo de un organismo ajeno al Gobierno". La Fundación le subvencionaba una hora de asistencia a domicilio que cubría el horario de 8.00 a 9.00 h, desde que Estrella salía de la vivienda para acudir al trabajo y a Pedro lo recogía el personal del centro de día.

Entre la desidia y la resistencia, su madre anuncia otro recurso de alzada, la única vía abierta para poder reclamar unos derechos que le han sido reconocidos, pero que no se han visto reflejados en la realidad. Todavía sobran fuerzas, pero ya se han cumplido dos años de lucha burocrática...

Demandantes sin ayuda

En la ciudad de Madrid existen 188.555 personas que quedan fuera de la aplicación de la nueva Ley de Dependencia, frente a las 30.223 que sí están amparadas, según informaciones publicadas en el mes de agosto por la Consejería de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.

La delegada de la Consejería, Concepción Dancausa, concretó que del total de las 260.000 personas que puedan necesitar atención, solamente 71.000 responden a la definición de dependencia que la ley protege.

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