A la actividad política le ha subido la tensión. Ya no se trata sólo de reyertas entre partidos, que siempre cobran debate agrio y polémica; ahora, el problema es la suerte de la democracia que algunos se empeñan en someter a pruebas de resistencia desde que se recuperó la libertad, después de tantos años reprimida sin contemplaciones y, por lo que estamos viendo, todavía bastante frágil.

Lo más preocupante no es que estemos bajo un gobierno provisional que, a pesar de la excelente tradición democrática con que cuenta, de pronto se permite exprimir la Constitución hasta arriesgarse a violarla o desprestigiarla al atribuirle medidas drásticas sin esperar a discutirlas, como ha sido —sin entrar a valorarlo— convertir el Congreso en menos de 24 horas en una escuela de idiomas.

Es una pena que la ambición por prorrogar el poder, que esperamos no se convierta en una lucha por superar el récord de Obiang, el presidente guineano quien, después de treinta y cuatro años en el cargo, exhibe el récord mundial entre los presidentes que se estrujan mentalmente cada noche de insomnio para conservarlo a cualquier precio.

Estos días los ciudadanos están, quiero decir estamos, preocupados —o tal vez mejor, alarmados— no tanto porque el Covid, de tan malos recuerdos, vuelva llenar los hospitales, sino porque algunas voces de ciudadanos con el currículo social impecable sean obligados a callar mientras a delincuentes sin juzgar ni condenar se les ofrece amnistía a cambio de hipotecar escaños para un futuro incierto.

Dentro de pocos días asistiremos a una sesión parlamentaria para la investidura de un nuevo presidente del Gobierno con pocas esperanzas de que el candidato triunfe, algo normal si al mismo tiempo triunfa la esperanza de que su sucesor en el intento, reflexiona si merece la pena conseguirlo a cambio del rechazo de la mayoría de los españoles y, lo que es peor, la pérdida de su dignidad personal.