El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta sentencia: limitar las licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) en función del número de taxis es una mediada contraria al derecho de la Unión Europea. Así lo refleja tomando como referencia lo que sucede en el Área Metropolitana de Barcelona. No obstante, el TJUE sí considera que "exigir la obtención de una licencia adicional a la prevista a nivel nacional puede resultar necesario para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como para la protección del medio ambiente".

Mediante su sentencia de este jueves, el Tribunal de Justicia, en primer lugar, considera que las dos medidas establecidas por la normativa nacional no parecen conferir ayudas de Estado a las empresas que prestan servicios de taxi. En efecto, "no parece que el reglamento local controvertido implique el compromiso de fondos estatales, lo que constituye uno de los requisitos acumulativos exigidos para que una medida pueda calificarse como ayuda de Estado", sostiene.

"La exigencia de una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias constituyen, ambas, restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, pues la primera limita efectivamente el acceso al mercado a todo recién llegado y la segunda limita el número de prestadores de servicios de VTC establecidos en el Área Metropolitana de Barcelona", añade la sentencia.

Además, el Tribunal tiene claro que "el objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi es un motivo de carácter puramente económico", que no puede darse como un motivo en favor del interés general.

Por otro lado, el Tribunal de Justicia estima que la exigencia de autorización previa "puede considerarse necesaria para alcanzar los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente". Sin embargo, advierte, esta autorización específica debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, "que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional, sino que respondan a necesidades particulares del AMB". 

En resumen, en su sentencia, el TJUE señala que "la limitación de las licencias de servicios de VTC a una por cada treinta licencias de servicios de taxi no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público", así como de protección del medio ambiente. 

"Es posible adoptar medidas menos restrictivas"

De esta forma no han quedado desvirtuadas ante el Tribunal de Justicia las alegaciones formuladas en favor de los servicios de VTC "con el fin de demostrar que esos servicios favorecen, en realidad, la consecución de dichos objetivos", dice el órgano. Apunta por tanto que "es posible adoptar medidas menos restrictivas para limitar el posible impacto de la flota de los VTC en el transporte, el tráfico y el espacio público en el Área Metropolitana de Barcelona, así como para alcanzar el objetivo de protección del medio ambiente (por ejemplo, imponiendo límites de emisión aplicables a los vehículos que circulan por el AMB).

Estas restricciones no se dan solo en Barcelona, sino también en Aragón, Baleares o Valencia, y el sector de los VTC considera que la sentencia del TJUE abre el camino para se tomen medidas en estos lugares. Actualmente en la Ciudad Condal hay 3,5 VTC por cada mil habitantes, una oferta que es inferior a la de otras ciudades europeas como en Londres, donde hay 10,1 taxis y VTC por cada 1.000 ciudadanos, en Amsterdam de 8,5, en Lisboa de 5,7 o París de 5,5. Las entidades de hecho lamentan que las medidas tomadas para limitar los vehículos de transporte con conductor hacen que haya "menos alternativas de transporte".

"El sector de la VTC celebra esta sentencia, que no hace sino demostrar que la regulación de algunas regiones españolas es contraria al Derecho Español y Europeo, y nos coloca a la cola de muchos países de la región en materia de movilidad y sostenibilidad", sostuvo el portavoz de Feneval VTC, Ignacio Manzano. Por su parte, el portavoz de Unauto-VTC, José Manuel Berzal, esgrimió que, tras esta sentencia, el regulador español "deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y no en base a los intereses de la minoría más radical del taxi".