El ministerio de Justicia, tras una maratoniana reunión este jueves, está estudiando una propuesta remitida por el comité de huelga de los funcionarios judiciales en la que se incluyen "todas las reivindicaciones que dieron origen al conflicto". Previamente (según los sindicatos), el Gobierno ha trasladado el "único" compromiso de continuar negociando tras las elecciones. Una oferta que los funcionarios han calificado de "burla" tras "más de un mes y medio de negociación". 

El sector se mantiene en sus reivindicaciones, que desde un inicio han sido una subida salarial de entre 350 y 430 euros mensuales y la participación en la negociación de la ley de eficiencia organizativa, que ahora no se está tramitando dado que las Cortes se han disuelto por el adelanto electoral.

Durante la mañana de este martes ha comenzado la reunión entre los gritos y pitidos de los manifestantes congregados en la calle San Bernardo. El secretario de Estado, Tontxu Rodríguez no ha ofertado "incremento retributivo alguno" y se ha limitado a comprometerse a que el Ejecutivo negociará tras las elecciones del 23 de julio, según denuncian los sindicatos convocantes de la huelga -CSIF, STAJ, CC OO y UGT-. 

El compromiso Rodríguez ha resultado "completamente insuficiente" a ojos de los funcionarios de Justicia, de forma que, en torno a las 15.00 horas, los negociadores han decidido hacer un receso de dos horas. A la vuelta, el Ministerio de Pilar Llop ha entregado a los funcionarios de Justicia  una oferta por escrito, que según estos se limitaba a "un folio de cuatro párrafos" en el que no se trasladaban "los planteamientos que habían formulado verbalmente durante la mañana". 

El comité de huelga afirma que el ministerio solo se ha comprometido a "continuar el diálogo una vez transcurra el periodo electoral". La oferta es "nula" a su juicio, con lo que han hecho una contraoferta que según explican el ministerio estudiará en las próximas horas. El actual portavoz del comité, Luis Calero, ha declarado durante el segundo receso de la negociación que el ministerio se ha mostrado "parco en sus palabras" y ha adelantado que hay "algunas cuestiones" que no podrá aceptar. 

Además, Calero ha instado al Gobierno a incorporar en la negociación al Ministerio de Hacienda. La cartera de Llop no ha informado sobre el transcurso de la reunión por el momento, dado que no tienen intención de "retransmitir en directo" la negociación. Pese a las bajas expectativas de acuerdo que el ministerio ha mantenido desde que se adelantaron los comicios, la mesa de negociación sigue reunida y el comité de huelga se ha mostrado dispuesto a permanecer en ella "hasta la hora que sea". 

Se trata del tercer encuentro que mantienen Justicia y los sindicatos, después de dos reuniones que tuvieron lugar el 20 y 24 de abril sin dar lugar a un acuerdo. Sin embargo, a lo largo de 2023 la cartera de Llop se ha prestado a ofrecer subidas salariales a otros cuerpos de la Administración de Justicia. A principios de año, los letrados judiciales mantuvieron una huelga durante casi dos meses y acabaron consiguiendo subidas salariales de entre 430 y 450 euros al mes. 

El pacto sentó un precedente que llevó a los funcionarios y a los jueces y fiscales a reclamar aumentos retributivos. Los primeros llevan protestando desde el pasado 17 de abril, pero no han conseguido avanzar en la negociación. Los jueces y fiscales, por otro lado, lograron pactar con el Gobierno una subida salarial que supondrá el desembolso de más de 46 millones de euros al año.  

Ante este escenario, los funcionarios en huelga acusan al ministerio de "clasista". Esta misma mañana, decenas de manifestantes han perseguido al secretario de Estado en su camino hacia la reunión increpándole con este calificativo. De todas formas, el éxito de su negociación parece más lejano cuanto más se acerca la fecha electoral. En cuanto Pedro Sánchez anunció que las generales se celebrarían el 23 de julio, el Ministerio de Justicia señaló que la negociación con los funcionarios había perdido sentido. 

Sin embargo, el jueves pasado los sindicatos amenazaron con presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo dirigida contra Pilar Llop y Tontxu Rodríguez por no convocarles a una mesa de negociación. Ese mismo día la cartera de Llop convocó a los representantes sindicales a la reunión de este martes. 

Los sindicatos aseguran que la proximidad de las elecciones generales no es impedimento para que el Gobierno llegue a un compromiso. En este sentido, recuerdan que en 2008 se llegó a un pacto con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero cinco días antes de las elecciones generales.