Alberto Núñez Feijóo, como su antecesor al frente del Partido Popular, ha presentado argumentos muy variados para justificar su rechazo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Entre ellos, alegó a finales del año pasado que mantendría el bloqueo para "proteger" al Poder Judicial de un Gobierno que trataba de controlarlo y politizarlo. Pues bien, la convocatoria de elecciones anticipadas es la constatación de que, efectivamente, la XIV Legislatura no se habrá visto reflejada en la formación del Pleno del órgano de gobierno de los jueces. 

Lo demás se descifrará tras los comicios del 23 de julio, cuando PP y PSOE tengan que repensar su estrategia en torno al conflicto que ambas formaciones arrastran desde finales de 2018. Si el PP se hace con el Gobierno y con una mayoría amplia, el PSOE deberá prestarse a renovar el órgano o tendrá dificultades para mantener un bloqueo que ha denunciado durante años. Si, por el contrario, las elecciones revalidan el liderazgo del PSOE de Pedro Sánchez, el PP tendrá que valorar si mantiene sus planteamientos o definitivamente deja de poner los impedimentos que ha venido alegando en los últimos cinco años.

Antes de que llegue alguno de estos dos escenarios, la jubilación del presidente interino del CGPJ y el comienzo de la Presidencia española de la UE harán aún más insostenible la situación del Consejo. Todo ello en medio del tornado político que recorrerá España durante los próximos 50 días. La renovación, inevitablemente, tardará meses en producirse. 

Antes de que se celebrasen los comicios autonómicos y municipales estaba previsto celebrar las generales en diciembre y la situación del CGPJ era igualmente desesperanzadora. Parecían abocados al fracaso los últimos acontecimientos que, en el marco de una precampaña, habían añadido presión a PP y PSOE para tratar de forzar un acuerdo. 

En primer lugar, la dimisión de una de las vocales del CGPJ, Concepción Sáez, dio lugar a un intento de dimisión conjunta en el bloque progresista de este órgano. Pasados los idus de marzo, Sáez presentó su carta de dimisión ante la ausencia de un pacto que Sánchez y Feijóo rozaron en octubre de 2022 sin llegar a materializarlo. Si la dimisión del presidente Carlos Lesmes no logró el desbloqueo por aquél entonces, la de esta vocal progresista tampoco lo haría.

Los vocales progresistas del CGPJ renuncian a dimitir en bloque para forzar la renovación del órgano

Sin embargo, su compañero progresista Álvaro Cuesta retomó a raíz de los acontecimientos la idea de una renuncia en bloque que dejara sin cuórum al Pleno del Consejo e hiciese la situación insostenible. Pero no se logró el consenso necesario para que la medida fuese efectiva, por lo tanto los progresistas abortaron el plan. 

El siguiente intento fracasado de forzar la renovación se produjo el 8 de mayo, cuando llegó a España el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders. El comisario, que ya había visitado la capital española en otoño de 2022, volvió a insistir en la necesidad de "proceder con la renovación del CGPJ como cuestión prioritaria e iniciar de forma inmediata tras la renovación un proceso para adaptar la designación de sus jueces que tenga en cuenta los estándares europeos".

 Y repitió una advertencia que había trasladado en varias ocasiones: "Sería positivo implementar la recomendación antes del inicio de la presidencia española del Consejo de la UE en julio". Al comienzo de ese mes España asumirá, efectivamente, la presidencia de turno, y Bruselas ha repetido en múltiples ocasiones que el país debía llegar con los deberes hechos. 

Es decir, que debía atender las recomendaciones recogidas en el informe sobre el Estado de Derecho publicado por Europa en verano de 2022. Entre ellas, la de renovar el CGPJ y cambiar, después, el modelo de elección de sus vocales. Ninguna de estas dos tareas se habrá llevado a cabo cuando llegue la fecha indicada. 

Y más aún, el 19 de julio, a cuatro días de las elecciones generales, se jubilará Rafael Mozo, quien sustituye en la presidencia de CGPJ a Carlos Lesmes desde que este dimitió. Mozo será a su vez sustituido por el vocal de mayor edad, el conservador Vicente Guilarte. De esta forma, el Consejo sumará tres presidentes distintos en menos de un año, dos de ellos interinos. 

El CGPJ en funciones seguirá atado de manos

El Consejo General del Poder Judicial no solo seguirá bloqueado, compuesto por los vocales elegidos en tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, sino que también permanecerá atado de manos. En 2021 el Gobierno liderado por Sánchez emprendió una reforma legal para presionar en favor de la renovación: a partir de ese momento, el Consejo no puede hacer nombramientos discrecionales en otros órganos mientras está en funciones. 

Es decir, que cada vez que se abre una vacante en el Tribunal Supremo y en las presidencias de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales, el CGPJ no puede nombrar un juez para que la ocupe. En el Tribunal Constitucional (TC) hay un recurso a esa reforma pendiente de deliberación. 

Pero, una vez más a causa de las elecciones generales, el órgano de garantías constitucionales dilatará esta deliberación. La razón es que hay una norma no escrita que dicta que el TC no debe llevar a cabo resoluciones de calado en la discusión política durante el periodo electoral. Mientras tanto, el Tribunal Supremo acumula ya 22 asientos vacíos. Hay otros 35 en los tribunales superiores, 24 en las audiencias provisionales y uno más en la Audiencia Nacional.

Cuando el PP habló de "proteger" al Poder Judicial del Gobierno de Sánchez, desveló definitivamente sus cartas. Pretendían aguantar hasta que llegara un cambio en la composición del Parlamento. Conseguir que los resultados electorales de 2019 nunca se tradujesen en un cambio de asientos en el CGPJ. Ahora que las elecciones se han adelantado, están un paso más cerca de conseguirlo.