La ley de Vivienda ha irrumpido con fuerza arrastrando un debate entre adormecido y sin propuestas atractivas, pero lo fundamental es que tenemos por primera vez en democracia una norma que pretende regular una parte fundamental del derecho de las personas, como es la vivienda.

Por muchas propuestas que acumulen iniciativas que pretenden resolver un problema complejo, hasta que no se empiecen a materializar dichas propuestas, va a ser complejo que alcancen la credibilidad suficiente para tranquilizar a los colectivos que necesitan alojarse, pero no tienen capacidad económica para conseguirlo.

No se puede articular una política de vivienda construida con titulares de prensa. Por muy buena voluntad que se ponga no transmite credibilidad y por tanto el efecto producido puede ser negativo. Podemos tener la sensación de que es ahora cuando se hacen propuestas que pueden significar un nuevo paradigma para la vivienda, pero hace tiempo que se reflexiona al respecto.

El parque público de vivienda no llega al 2% del total de viviendas en España. Austria cuanta con un 25% y Holanda con el 30%. El gobierno de España ha puesto en el objetivo estratégico en materia de vivienda pública, llegar en los próximos años a la media europea, un 9%, y a medio plazo alcanzar el 20% de nuestras viviendas como recurso social.

No se trata de embarcarnos en una propuesta de calificación masiva de suelo, dado que las evidencias de suelo calificado en la actualidad para iniciativa residencial, cubren sobradamente la demanda posible, tanto para vivienda social, como para inversión. Por otra parte el consumo de suelo sin criterio para el desarrollo de las ciudades perjudica los intereses generales en beneficio, en la mayor parte de las ocasiones, para los que se dedican a materializar sus expectativas de plusvalías.

En 1994, al hilo de la propuesta de crecimiento de suelo residencial en el Ayuntamiento de Madrid, con la “Operación PAU´s”, planteaba que “la gestión productiva de su enorme patrimonio de viviendas municipales, la promoción directa…todo ello con especial atención a los jóvenes y con utilización preferente del sistema de alquiler, representa el camino difícil, pero auténtico y realista para abordar la resolución del problema del alojamiento. Por eso es un criterio que cobra valor nuevamente y se puede afirmar que el problema de la vivienda tiene solución.

La Ley de Vivienda entra en vigor: estas son sus medidas más destacadas

Sorprende la cantidad de propuestas, aparentemente nuevas, pero algunas tan antiguas como el “hilo negro”. La mayoría coinciden en que las propuestas realizadas desde el Gobierno de España suman 183.000 viviendas de titularidad pública para alquiler, viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), suelos del Ministerio de Defensa, gestionado por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), así como nuevas promociones (14.266 plan Estatal 2022 – 2025, 9.849 nuevas promociones fuera de los planes estatales, 20.000 plan de recuperación, en alquiler social y energéticamente eficientes, 11.000 fondo social de entidades bancarias, política iniciada por el Presidente Rajoy en 2012, 15.957 SEPES – (Campamento 12.000), 50.000 SAREB, 43.000 nueva construcción o rehabilitación – financiación ICO – alquiler social a precio asequible al menos 50 años, 20.000 suelo Ministerio de Defensa a través de SEPES).

Todo esto nos lleva a una reflexión largamente demandada por profesionales e investigadores, para poder articular una buena política de vivienda: información fiable. Tener datos precisos y fiables sobre localización, estructura, estado de la vivienda, etc., es básico para realizar análisis sólidos que permitan obtener un diagnóstico adecuado. Sorprende la falta de información agregada en materia de vivienda y que dispongamos de toda la información necesaria de la amplia flota de automóviles, con el agravante de que los coches se mueven y las casa están siempre en el mismo sitio.

Con todo lo anterior, es incompresible recuperar una propuesta obsoleta, que no ha resuelto nunca ningún problema, como lo es el avalar a determinados colectivos la compra de vivienda con hasta el 20% de su valor. No hace mucho alguien comentó al hilo de esta propuesta que “los pobres también tienen derecho a comprar una vivienda”… y un rolex. No hay que confundir el derecho a la vivienda – al alojamiento como derecho -, con la posibilidad de realizar una inversión – compra de vivienda -.

Hay que tener en cuenta que la solución no es única, no es rápida, pero debe tener unas líneas claras que vertebren la solución. Es posible que la fundamental es no perder la propiedad del suelo por parte de las administraciones, que es tanto como que la plusvalía no se privatiza, sino que permanece para el conjunto de los ciudadanos. Es necesaria la colaboración pública – privada. Debe ser una vivienda gestionable, con apoyo en el denominado Tercer Sector de la Economía, es decir las entidades que su objetivo es más cercano a la resolución social de problemas, que a obtener beneficios.

Es evidente que la ley de Vivienda no agrada a todo el mundo, pero lo que es razonable es pensar que a partir de aquí tenemos un marco de mejora si somos capaces de articular un “Pacto por la Vivienda Social”.