La presunta compra de votos ha enturbiado el final de la campaña electoral y ha puesto en duda la limpieza de los comicios de este domingo en muchos municipios. Melilla y Mojácar han sido el centro de atención, con más de una decena de detenidos, pero la Policía y la Guardia Civil investigan también denuncias en lugares como La Gomera, Murcia, Zamora o Barcelona, entre otros.
El 'modus operandi' es similar en todos ellos: ofrecer dinero a personas desfavorecidas, en muchos casos inmigrantes con escaso poder adquisitivo, para que voten a un determinado partido político. Desde 50 a 200 euros se ha llegado a pagar por un sufragio, según los investigadores, lo que puede llegar a suponer un importante desembolso de capital.
En Melilla, por ejemplo, se analiza la compra de hasta 10.000 papeletas, lo que supondría una 'inversión' superior al millón de euros por parte del presunto comprador, cantidades importantes que no suelen proceder de las arcas de los partidos políticos. ¿De dónde sale entonces ese dinero para la compra de votos?
Cabe recordar que Melilla es un caso excepcional porque se investiga, incluso, la participación de Marruecos, que podría haber financiado esa compra de votos. Además, en el pasado ya hubo condenas por comprar votos para las elecciones de 2008 ofreciendo puestos de trabajo a través de los Planes de Empleo especiales de la ciudad autónoma.
Más allá de lo ocurrido en Melilla, las prácticas más habituales acostumbran a implicar a empresarios, que desembolsan el dinero para la compra de votos para un determinado partido político a cambio de recibir otro tipo de beneficios.
Recalificaciones y concesiones administrativas
Uno de esos beneficios es la recalificación de terrenos, sobre todo en pequeños municipios de costa. Empresarios del sector inmobiliario y de la construcción proporcionan el dinero que servirá para la compra de votos, a cambio de que el partido beneficiado, en caso de ganar las elecciones, autorice recalificaciones de terrenos rústicos, adquiridos previamente por esos empresarios, para que sean urbanizables.
Otra vía a través de la que obtener beneficios empresariales es la de las concesiones administrativas. El empresario adelanta el dinero para la compra de votos y, a cambio, recibe del partido una concesión para la gestión de residuos, depuradoras, limpieza, etc, si ese candidato alcanza finalmente la alcaldía.
Cambiar la legislación municipal también puede ser la razón que lleve a un empresario a financiar la compra de votos. Eso es precisamente lo que se especula que puede estar detrás de la trama de Mojácar, pues la Guardia Civil investiga a empresarios del sector del ocio y de la hostelería como 'mecenas'.
Su objetivo sería echar de la alcaldía a la popular Rosa María Cano para poner fin a sus restrictivas ordenanzas municipales sobre ruido y veladores, entre otras, que han perjudicado a los chiringuitos de la playa, restaurantes y locales nocturnos.
Más grave aún parece el desvío de fondos públicos para la compra de votos, un escándalo que tuvo lugar en Mallorca en el año 2007 y que implicó al partido Unió Mallorquina, según relevó el sumario del caso Ossifar. Esa formación, desaparecida en 2011, desvió fondos de la empresa de limpieza y basuras de Palma, y de otros organismos públicos que controlaba, para la captación de voto.
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