Transcurridas ya las dos semanas de campaña, el silencio de la jornada de reflexión invita a hacer balance sobre las cuestiones más discutidas en los últimos 15 días. La vivienda, la rescatada polémica de Bildu a raíz de la inclusión de terroristas en las listas, la okupación, los pisos turísticos, la atención primaria y las tramas de compra de votos desveladas en la última semana han sido algunos de los protagonistas. Las elecciones generales que tendrán lugar a final de año han hecho las veces de telón de fondo, omnipresentes en la estrategia de todos los partidos.
Fue hace solo quince días cuando la precampaña se tornó en campaña. Un tránsito difícil de identificar, de no ser por la aparición de carteles electorales que tiñeron las calles de verde, azul, rojo o morado, según el barrio. Los partidos se enfrentaban a la recta final de una carrera que había empezado hace ya mucho tiempo, y la vivienda parecía protagonizar indiscutiblemente la discusión política de estas elecciones.
El Gobierno llevaba semanas tratando de conseguir que las políticas en esta materia decidieran el voto de los ciudadanos este domingo. Diluviaban los anuncios en Moncloa: cuando la aprobación de la ley de vivienda no había agotado su potencial electoral, Sánchez subió la apuesta y anunció la habilitación de 183.000 inmuebles destinados al alquiler asequible. "El milagro de los panes y los pisos", ironizaba Feijóo.
A golpe de millón, el Ejecutivo ha anunciado ayudas para la educación pública y la atención primaria. Un día le tocaba a la salud mental, otro al derecho al olvido oncológico y luego a los cinéfilos mayores de 65 años, que a partir de ahora pagarán dos euros por ir a una sala los martes. Los jóvenes se llevarán su parte viajando en tren por Europa con un 50% de descuento. Además, tendrán un aval del 20% de su primera hipoteca.
Pero el torrente de anuncios no logró desviar el foco de atención durante la primera semana de campaña, que se centró en la polémica por la inclusión de 44 condenados por terrorismo en las listas de uno de los socios parlamentarios del Gobierno, EH Bildu. Entre ellos, siete condenados por delitos de sangre que pusieron al Ejecutivo entre la espada y la pared.
La noticia llegó como un impulso electoral para el PP, que en buena medida ha basado su campaña en la idea de "derogar el sanchismo". En el PSOE respondieron con un abanico de declaraciones, unas más duras que otras. Del "habrá que replantear la inclusión de condenados en las listas" de Margarita Robles al "es indecente pero no ilegal" del presidente. Y en Unidas Podemos, "máximo respeto a la ley electoral" pero rechazo al uso del "dolor de las víctimas" por parte de Génova. Ayuso aseguró que "ETA está viva" y contempló la posibilidad de ilegalizar EH Bildu.
En relación con el problema de la vivienda, han salido a colación otros dos conflictos: el de la okupación y el de los pisos turísticos. El primero ha sido especialmente trascendente en Barcelona, a raíz del choque protagonizado por dos organizaciones okupas -La Ruïna y el Kubo- y la empresa Desokupa liderada por Daniel Esteve. Ciudadanos, Valents y Vox han sido especialmente activos a la hora de abordar este asunto, y el propio Esteve ha hecho una auténtica campaña contra la alcaldesa Ada Colau, que ha calificado a Desokupa como una empresa de "extrema derecha".
En cuanto al problema de los pisos turísticos, Unidas Podemos trató de incluir una enmienda en la ley de vivienda para limitarlos al 2% en las zonas tensionadas, y ciertas candidaturas han propuesto ampliar el número de inspecciones dedicadas a encontrar oferta de vivienda turística ilegal.
Una vez parecía rentabilizada la polémica de Bildu (los siete condenados por delitos de sangre renunciaron a ejercer en caso de ser elegidos), el PP pasó a primar el mensaje del voto útil entre su electorado.
"No demos nada por hecho, nada está ganado y nada está perdido. El voto no es solo un papel, pensemos en el papel que queremos que tenga nuestro voto", instó Alberto Núñez Feijóo durante el mitin del partido en Valencia. La Comunidad Valenciana, en la que se presentaron el pasado fin de semana tanto Sánchez como Feijóo, será una de las más decisivas de cara al análisis que los partidos hagan del resultado electoral.
Desde el foso de la plaza de toros que los populares eligieron para el acto, Feijóo volvió a referirse al sanchismo y apeló a los votantes de Ciudadanos y Vox: "Es imprescindible unir el voto en el PP".
Pedro Sánchez, por otro lado, capitalizó su mitin en Valencia hablando de sanidad, tema estrella en la campaña de la Comunidad de Madrid. "En el próximo Consejo de Ministros vamos a inyectar 580 millones de euros para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España, también de la Comunitat Valenciana", anunció a la par que aprovechaba para denunciar el "dogma neoliberal" del PP entorno a la asistencia primaria.
Paralelamente, PP y PSOE han mantenido una batalla electoral en relación al uso del Falcon por parte del presidente. En primer lugar, unos carteles misteriosos (porque nadie sabía quién estaba detrás de ellos) aparecieron en la estación de Sol del metro de Madrid.
En ellos se podía leer lemas como 'yo en mi Falcon, tu en mi Cercanías' o 'se llamaba Cercanías hasta que se encargó Sánchez', siempre acompañados de un dibujo del presidente. Al poco se descubrió que aquella campaña la pagaba el PP de Madrid.
Hubo una segunda polémica relacionada con el jet privado. Alberto Núñez Feijóo dijo no poder asistir a un mitin porque se había cancelado su vuelo. "No ir en Falcon tiene estas cosas", tuiteó el líder del PP. Resultó que el vuelo no se había cancelado, sino que había sido reprogramado semanas atrás y la agencia de viajes no informó al PP.
Otro asunto ha saltado a la campaña esta semana desde el estadio de Mestalla, en el que los aficionados llamaban "mono" al delantero brasileño Vinicius Junior. La polémica llevó a formular una pregunta que todos los políticos estaban dispuestos a responder: ¿España es racista?
Feijóo, Ayuso, Espinosa de los Monteros... todos ellos respondieron con un tajante "no". Sánchez publicó un tuit señalando que "el odio y la xenofobia no deben tener cabida en nuestro fútbol ni en nuestra sociedad". La presidenta de la Comunidad de Madrid destacó que "es una imagen realmente perjudicial", pero acotó: "Esto mismo ocurre con las ofensas contra el Rey". La ministra de Igualdad, Irene Montero, denunció los ataques y pidió al PSOE acelerar la tramitación de la ley antirracista.
Y finalmente, el escándalo por la compra de votos en Melilla ha acaparado las portadas de los últimos días de campaña. Las pesquisas han llevado a la detención de un consejero del Gobierno de la ciudad autónoma, tercero en las listas de Coalición por Melilla.
Tras destaparse esta trama se han conocido otras tantas, la primera de ellas implicando a dos candidatos del PSOE en Mojácar (Almería). En Albudeite (Murcia), una trama similar ha dejado 13 detenidos, entre ellos la candidata del PSOE a la alcaldía. Los socialistas han denunciado "ilícitos del PP" relacionados con el voto por correo en Paterna del campo (Huelva). Denuncias similares se han producido en Bigastro (Alicante) y en Moraleja de Sayago (Zamora).
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