Podemos -e IU, en los lugares donde concurren unidos- ha decidido poner el foco de su campaña electoral para los comicios del próximo domingo en la vivienda. Este domingo, los morados propusieron poner en marcha en todos los ayuntamientos en los que gobiernen una legislación para limitar la compra de vivienda a quienes no residan en el municipio en cuestión, con el fin combatir la especulación. No obstante, la UE es muy restrictiva con la posibilidad de establecer este tipo de limitaciones, si bien Podemos argumenta que hay margen legal para poner en marcha las barreras a la compra si se justifica que son proporcionales y favorables al interés general, por ejemplo para combatir la especulación.

Fue la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, la que anunció en un mitin celebrado el domingo en Madrid que, "en todos los lugares donde Podemos gobierne con suficiente fuerza", se va a "limitar la compra de vivienda a los no residentes" en las zonas de mercado tensionado que se determinen en aplicación de la recientemente aprobada ley de vivienda. "Las casas son no para especular, sino para vivir", denunció la ministra, mientras fuentes de su departamento explican que la idea, a grandes rasgos, pasaría por permitir la adquisición de pisos únicamente a las personas -españolas o extranjeras- que lleven empadronadas un determinado tiempo en el municipio en cuestión.

Ni el INE ni el Colegio de Registradores de la Propiedad recogen en sus estadísticas el número de viviendas adquiridas por personas no residentes en las localidades en las que se efectúa la compraventa. El dato que sí se ofrece es el de ciudadanos no españoles que realizan estas adquisiciones, que en muchas ocasiones coincide porque estos inmuebles se dedican a residencia vacacional. En el último trimestre, por ejemplo, el porcentaje de las compras realizadas por extranjeros ascendió al 29,1% en Baleares; al 28,3% en Canarias y la Comunitat Valenciana; o al 21,4% en la Región de Murcia. Y quienes más compran en estas zonas de litoral son británicos, alemanes y franceses, por este orden.

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En Baleares, de hecho, la propuesta de limitar la compra de vivienda a no residentes lleva meses siendo estudiada no solo por Podemos, sino por el propio Gobierno autonómico, liderado por la socialista Francina Armengol y del que los morados forman parte. Pero la UE ha expresado sus dudas ante unas limitaciones que, en su opinión, podrían ir en contra del libre movimiento de capitales consagrado en los tratados, y de hecho el Ejecutivo insular no ha tomado todavía ninguna decisión al respecto, aunque tampoco la ha descartado.

Fue el pasado mes de marzo cuando Bruselas se pronunció en contra de unas medidas que el Gobierno balear empezó a barajar a principios de año. En respuesta a una pregunta registrada por la eurodiputada Rosa Estaràs, dirigente del PP y exvicepresidenta de las Islas, la Comisión Europea aseguró que, en términos generales, los tratados de la UE "prohíben las restricciones a los movimientos de capitales relacionados con la adquisición de bienes inmuebles, incluidas las viviendas, por parte de nacionales de la UE no residentes".

Esa prohibición, no obstante, no es completa y taxativa, sino que está condicionada por algunas excepciones, según señalaba la propia respuesta de la Comisión Europea. En su contestación por escrito, el Ejecutivo comunitario admitía que las limitaciones a la compra "pueden estar justificadas" por "razones de orden público o seguridad pública, o por razones imperiosas de interés general reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, siempre que no sean discriminatorias y sean proporcionadas al objetivo perseguido".

El informe en el que se apoya Podemos

Es precisamente a esa posibilidad a la que se agarra Podemos, que asegura que las razones de interés general son perfectamente aplicables a la situación del mercado de la vivienda en muchos lugares en los que se encuentra tensionado, algo que podrá determinarse de manera objetiva con los criterios que establece la nueva ley de vivienda. Hace unos meses, Podemos Baleares encargó un informe al Observatori DESC, una entidad que agrupa a organizaciones como CCOO, Amnistía Internacional o la Asociación de Mujeres Juristas, y dicho estudio concluía, precisamente, que la jurisprudencia europea permite establecer limitaciones a la compra si se argumentan debidamente.

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"El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido en numerosas ocasiones que las medidas que restringen algunas de las libertades comunitarias y que pueden tener efectos discriminatorios pueden admitirse en caso de que concurran razones imperiosas de interés general y si respetan el principio de proporcionalidad", señalaba el informe. Entre estas razones, por ejemplo, la jurisprudencia europea recoge "la defensa del territorio nacional", la "prevención de la especulación y la lucha contra la presión inmobiliaria", la puesta en marcha de "políticas públicas de vivienda social" o el "mantenimiento de una población permanente y una actividad económica autónoma respecto del sector turístico".

Eso sí: el Observatori DESC avisaba al Gobierno balear que, según marca la justicia europea, "las medidas adoptadas deben ser adecuadas para garantizar la realización del objetivo legítimo perseguido y no pueden ir más allá de lo necesario para alcanzarlo", lo cual significa que solo se podrían aplicar las restricciones si no hubiera "otras medidas menos restrictivas o coercitivas que puedan conseguir el mismo objetivo". Eso es, por ejemplo, lo que impidió que los tribunales comunitarios dieran luz verde a uno de los últimos intentos serios de limitar la compra de vivienda en el seno de la UE, algo que quiso hacer Flandes (Bélgica) en 2009 sin éxito.

Malta y Finlandia aplican restricciones

Pese a todo, sí que hay algunos países europeos que limitan en cierta medida la posibilidad de que los no residentes compren vivienda en su territorio, aunque son casos muy particulares y, sobre todo, las restricciones pueden aplicarse porque se negociaron directamente en los tratados por los cuáles estos Estados se unieron a la UE, y no una vez estaban ya dentro del club comunitario. Malta es el ejemplo más paradigmático: su reducido tamaño, unido a su auge como destino turístico, llevó a su Gobierno a establecer estas limitaciones cuando accedió a la UE en 2005, y a raíz de ello los ciudadanos europeos no pueden comprar más de una vivienda en Malta a no ser que residan en la isla durante más de cinco años. 

Si buscan allí una segunda vivienda, estos ciudadanos necesitan una autorización especial para comprarla, otorgada por el Gobierno maltés. Y lo mismo ocurre en el territorio finlandés de Åland, unas islas ubicadas entre Suecia y Finlandia en las que, para adquirir una vivienda en propiedad, hay que hacerlo en determinadas zonas acotadas por el Estado o bien haber vivido en Åland durante cinco años, tener un conocimiento adecuado del sueco (el idioma oficial y mayoritario en las islas, pese a que son territorio de Finlandia) y ser ciudadano finlandés. El resto de nacionalidades, incluidas las del resto de la UE, necesitan un permiso de las autoridades.