Hace una semana, el guion de la campaña que llevará el domingo que viene a 36,5 millones de españoles a decidir el futuro de doce gobiernos autonómicos y dos ciudades autónomas, cabildos insulares, diputaciones forales y más de ocho mil ayuntamientos parecía escrito. Los ciudadanos votarán gestión de proximidad, pero su papeleta medirá también la temperatura política para la siguiente cita electoral, las generales de fin de año. Por eso, tanto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha cumplido poco más de un año en el partido, se juegan mucho y han dirigido sus mensajes a la arena nacional.
La estrategia inicial del PSOE consistía en valerse de la palanca de La Moncloa para ocupar los titulares y los informativos, con promesas que posteriormente materializaría el Consejo de Ministros. Al principio se reveló como una herramienta eficaz, que desplegó anuncios de cientos de miles de viviendas, viajes en interrail gratuitos para jóvenes y entradas de cine a dos euros para mayores de 65. Al PP, en la oposición y con poder solo en dos de las comunidades autónomas que van a las urnas —Madrid y Murcia—, le quedaba un margen más reducido. Los datos económicos, con claroscuros, no justifican un ataque demoledor. Pero los populares sí contemplaban la baza del descontento con la política de alianzas de Sánchez: la relación con el independentismo catalán y vasco. La noticia de que 44 etarras, siete de ellos con delitos de sangre, van en las listas municipales de Bildu en el País Vasco desató la tormenta.
Había sucedido ya en 2015 y en 2019, con Rajoy y Sánchez en La Moncloa, pero no existía la entente que solemnizó el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, en noviembre de 2020, al saludar la incorporación de Bildu a la "dirección del Estado" por su apoyo a los presupuestos generales.
La tibia reacción del PSOE a la presencia de candidatos con un historial sangriento le dejó con el paso cambiado. "Es legal, pero indecente", sentenció el lehendakari Urkullu, y Pedro Sánchez se aferró al argumento días después. Los candidatos de Bildu anunciaron que no recogerán el acta si la obtienen. Pero ese "cisne negro", el acontecimiento inesperado que puede influir en un resultado electoral, ya estaba en el escenario. Las encuestas que —salvo la del CIS— dan al PP por delante del PSOE en el cómputo general de voto, han ido aumentando distancias a favor de los populares estos días. Vox también ha podido verse beneficiado.
En la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura, los barones socialistas podrían perder el gobierno o estarían abocados, según los sondeos, a pactos muy ajustados para mantenerse en el poder. Y solo Ximo Puig tendría garantizado mejorar su número de escaños, a diferencia de Lambán, Page y Vara, que mantendrían sus números con dificultad. En Murcia y Madrid, donde Ayuso roza la mayoría absoluta, no hay suspense para el PP, ni lo hay en Asturias para el PSOE. El PSOE confía en el valor de su marca en las capitales y en los grandes municipios de los cinturones, pero ahí también hay partido. La sangría de Ciudadanos engrosa los votos del PP mayoritariamente. Vox podría entrar en todos los parlamentos. Y es una incógnita saber qué pasará con la desgastada marca de Podemos, que confronta con los aliados del Sumar de Yolanda Díaz, pero se uniría a los bloques de izquierda para formar gobiernos.
La campaña entra en su fase final, esa en la que un porcentaje significativo del electorado decide si va a votar y qué papeleta elige. Se sabrá finalmente qué ha pasado con el escandaloso caso del voto comprado en Melilla, se verá qué anuncios quedan por hacer y si vuela algún otro cisne sobre los mítines. Todo apunta a que el próximo domingo el bipartidismo saldrá reforzado, aunque seguirá siendo imperfecto. Y aunque sus líderes echarán mano de diferentes cómputos para valorar los resultados —votos frente a gobiernos posibles, importancia de las plazas perdidas, retenidas o conquistadas—, habrá señales claras de qué puede pasar en las próximas generales.
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