José Manuel y Lorena tienen inquilinos morosos en sus pisos alquilados y no los pueden expulsar. Son víctimas de la inquiokupación, como muchos otros propietarios en España, pero sus casos tienen una particularidad en común: sus 'inquiokupas' son familias vulnerables que entraron en sus viviendas gracias a una ONG que les prometió hacerse cargo de las rentas en caso de impago. Ahora, sin embargo, se lava las manos.

"Esta historia empieza en octubre de 2019 cuando mi hermana y yo decidimos alquilar el piso de nuestra madre para sufragar los gastos de su residencia porque entonces estaba enferma de alzhéimer, aunque ahora ya ha fallecido", explica José Manuel, policía local en Zaragoza. "A través de una inmobiliaria, la fundación Apip-Acam nos propuso alquilar el piso a una familia de refugiados sirios, asegurándonos en todo momento que ellos iban a responder ante cualquier incidencia que hubiera", añade. 

Asegura que "al cabo de un año" esa familia siria "dejó de pagar el alquiler de 650 euros" y la fundación Apic-Acam se desentendió por completo: "Dejaron a esa familia a su suerte y por extensión a nosotros. Nos dicen que ya están fuera del programa y se desentienden totalmente".

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"Hemos intentado buscar una salida con los Servicios Sociales del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, pero nos dicen que la única forma de que salgan es por vía judicial. Que hasta que no salgan por vía judicial no les van a buscar una alternativa habitacional", relata.

José Manuel recurrió entonces a la justicia y se llegó a fijar una fecha de desahucio para octubre de 2021, pero entonces "esta familia presentó un recurso para acogerse al decreto de vulnerabilidad del Gobierno, aprobado durante la pandemia, y el juez lo admitió a trámite, así que tenemos que seguir esperando".

"Les buscamos una alternativa y la rechazaron"

Ante esa lentitud de la justicia, José Manuel trató de buscar por sus propios medios una alternativa habitacional para sus inquilinos: "Les buscamos una casa y un trabajo en un pueblo a 30 kilómetros de Zaragoza, pero el inquilino, que a partir de ese momento empecé a considerarlo un inquiokupa, lo rechazó alegando que no le iba bien cambiarse a ese lugar porque tenía todos los médicos y el colegio de los niños en Zaragoza".

Dice que no puede trabajar porque es diabético y tiene la tensión alta. Es un auténtico jeta, que sigue disfrutando de mi piso sin trabajar"

"Además, él dice que no puede trabajar porque está enfermo, dice que es diabético y que tiene la tensión alta. Me parece increíble. Es un auténtico jeta, que sigue disfrutando de mi piso sin trabajar", se lamenta.

Esa familia siria estaba formada por un matrimonio y tres hijos menores, pero José Manuel afirma que han llegado otros dos hijos mayores de edad, que no figuraban en el contrato inicial y que también están viviendo en su piso, de tres habitaciones: "El portero de la finca me ha dicho que están viviendo estos dos hijos mayores y que además están trabajando. Es más, el portero dice que uno de ellos se acaba de comprar un BMW de segunda mano".

Timado por una empresa de desokupación

Estancada la vía judicial, José Manuel recurrió a una empresa de desokupación, pero la cosa tampoco salió bien: "Decidimos ponernos en manos de una empresa de mediación, que nos prometió hacer todo lo posible y poner a nuestra disposición un departamento jurídico, previo pago de una cantidad de 2.600 euros, pero pronto vimos que era un engaño. Cuando hay desesperación, surgen los oportunistas y estas empresas se aprovechan de las familias tocadas anímica y económicamente".

Ante esta situación, José Manuel ha decidido denunciar a esta empresa de desokupación, pero contra sus inquilinos morosos poco puede hacer. "El abogado nos ha dicho que con la nueva Ley de Vivienda va a ser aún más complicado sacarlos del piso. Nos dice que como mínimo se puede suspender un lanzamiento dos años, así que sumando los tres que ya llevamos esperando, el proceso se puede alargar cinco o seis años".

Lorena: "Me pareció una buena acción social"

En la misma situación se encuentra Lorena, también zaragozana y víctima de la inquiokupación por culpa de esta ONG: "En 2018 pongo mi piso en alquiler en Idealista y me llama Apip-Acam para alquilárselo a una persona en situación de necesidad, una refugiada política colombiana con su hija. Yo investigo un poco y veo que esta asociación trabaja con el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón, así que me da seguridad y como me parece una buena acción social, pues decido firmar el contrato con ellos".

"El primer año todo fue bien, pero a partir de entonces ya empieza a haber faltas de pago. Intento contactar con la organización y me dicen que ya no trabajan con la persona que está en mi piso", explica Lorena, madre de tres hijos y que actualmente está cobrando el paro tras ser despedida de su anterior trabajo.

Cuenta que los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza se hicieron cargo "durante cinco meses" del alquiler, pero que luego también dejaron de pagar: "Entonces presenté una denuncia y se estableció una fecha de desalojo para enero de 2021, pero mi inquiokupa se acogió al decreto de vulnerabilidad y no se la puede echar de mi casa. Y así estamos desde el primer día".

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"Me hace mucha gracia que sean vulnerables porque ella está cobrando 700 euros al mes y yo actualmente soy madre de tres hijos desempleada. Yo este mes solo he cobrado 768 euros de paro después de 17 años trabajando en la misma empresa. He pagado la hipoteca, la comunidad y el seguro de la casa donde está viviendo ella, y me han quedado para mí y para mis hijos 7,21 euros limpios", subraya.

Lorena trató de negociar con su inquilina y le rebajó 100 euros el alquiler, dejando la renta mensual en 350 euros, pero tampoco sirvió de nada: "Una asistenta social me recomendó que le bajara el alquiler para que ella pudiera ser autosuficiente y pagarlo por sus propios medios. Yo no tuve ningún problema y se lo bajé, pero aun así no paga".

Asegura que también le ha propuesto al Ayuntamiento de Zaragoza venderle el piso para que sea la administración quien se lo ofrezca a su inquilina como alquiler social, pero lo ha rechazado: "Me han llegado a reconocer que no les interesa comprar un piso que está okupado. Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de Aragón me utilizan como escudo social y eso no puede ser".

José Manuel asegura que no ha denunciado a la Fundación Apip-Acam porque jurídicamente le ve poco recorrido: "No hemos denunciado porque legalmente se puede lavar las manos. En el contrato firmado solo aparece la familia siria y en su momento no nos dimos cuenta. Actuamos de buena fe y mira lo que ha pasado". No descarta esa opción Lorena: "Mi abogada sí que me anima a denunciarles y, aunque no consiga nada, creo que sí lo voy a hacer. Creo que puede haber más afectados". Ambos han trasladado sus casos a la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

La Fundación Apip-Acam, con sedes en Barcelona, Valencia y Zaragoza, se define como entidad privada y centra parte de su actividad en la asistencia a personas en riesgo de exclusión social. Este periódico ha intentado contactar con Apip-Acam en reiteradas ocasiones para obtener su versión de los hechos, pero ningún portavoz ha querido de momento realizar declaraciones.