Un juzgado condena a Ryanair por prohibir viajar con sus armas a dos agentes que estaban de servicio

Avión de Ryanair en el aeropuerto de Tenerife Norte.
Avión de Ryanair en el aeropuerto de Tenerife Norte.
ioanna_alexa
Avión de Ryanair en el aeropuerto de Tenerife Norte.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Ryanair a pagar 1.836 euros a dos policías a los que no dejó embarcar con sus armas en un vuelo que se dirigía desde Tenerife hasta la capital, pese a que estaban de servicio y portaban toda la documentación necesaria.

El juzgado de primera instancia número 5 de la capital ha dado la razón a los dos agentes que el pasado 28 de julio de 2022 no pudieron embarcar en un vuelo por portar sus armas, y ha ampliado la cantidad que Ryanair deberá abonar por los perjuicios morales causados.

Ryanair aceptó pagar 1.436,86 euros, reconociendo, por tanto, el carácter injustificado de la denegación del embarque, así como los daños materiales. Sin embargo, rechazó sufragar los 400 euros que reclamaban por daños morales al entender que dicha cantidad no estaba justificada y que debería estar dentro de las compensaciones previstas en el reglamento europeo que regula este tipo de incidentes.

"Una práctica abusiva por parte de la compañía"

Por su parte, la magistrada ha dejado claro en la sentencia que el Tribunal Supremo establece que la indemnización por daño moral, en casos de retrasos o cancelaciones de vuelos, puede darse de forma independiente de las cantidades establecidas en el citado reglamento, señalando que "no solo es que la denegación del embarque no tuviera justificación legal, sino que es patente que todo lo sucedido ocasionó a los pasajeros la necesidad de soportar el cansancio físico y mental derivado de tener que buscar vuelos alternativos, asumir gastos no previstos y tener que pasar una noche en otra ciudad".

Y añade que, "a consecuencia de la injustificada actuación de la demandada", los agentes "se han visto obligados a interponer una demanda y seguir un procedimiento judicial hasta dictar sentencia, lo que no hace sino abundar en el daño moral".

Los letrados de los agentes en representación del sindicato policial Jupol, Manuel Chamorro e Ignacio Aznar, consideran que se ha tratado de una "práctica abusiva" por parte de la compañía, aún cuando los policías "portaban toda la documentación reglamentaria y se limitaron a realizar un servicio".

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