El Ejecutivo sigue anunciando medidas para afrontar el episodio de sequía por el que pasa el país. En esta ocasión, según han anunciado los responsables de las carteras de Transición Ecológica y Agricultura, el Gobierno ha anunciado medidas por valor de 2.190 millones de euros entre ayudas directas y rebajas fiscales. En primer lugar, el ministro Luis Planas ha explicado iniciativas por el importe de 784,2 millones de euros que demuestran, a su juicio, "la apuesta decisiva del Gobierno por el apoyo al sector primario y al mundo rural, que responde al momento actual y que responde también a lo que ha sido la senda de actuación del Gobierno de España en esta legislatura". Por otro lado, la ministra Teresa Ribera ha anunciado la inversión de 1.400 millones de euros en medidas fiscales y obras hidráulicas de urgencia. 

Entre ellas, habrá un desembolso de casi 700 millones de euros en actuaciones prioritarias para paliar la situación que pasan las cuencas más castigadas y mejorar sus recursos hídricos. Habrá también una rebaja de 57 millones en los cánones en las zonas más afectadas. En la cuenca del Guadalquivir se reducirá un 50% la cuota correspondiente a 2023 y lo mismo con la tarifa del uso del agua. "Este Gobierno quiere acompañar al sector primario en lo que depende a las confederaciones hidrográficas", ha destacado la ministra. Habrá otra inversión, de 36 millones de euros, destinada a realizar obras hidráulicas en estaciones de bombeo y en embalses. Se invertirá en desaladoras en Málaga y en Levante. En Cataluña también, en la zona de Turdera. En Alicante, el Gobierno contribuirá en la reutilización de agua. 

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Se ha aprobado la declaración de interés del Estado en Doñana. El Gobierno apoyará las obras en Matalascañas, para "contribuir a la sustitución de bombeos de agua subterránea". Se autorizan trasvases a Guadalquivir, hasta 3 hectómetros cúbicos al año. Por otro lado, según ha indicado la ministra, se ha autorizado un acuerdo de 610 millones de euros con la empresa Acuamed para activar la conducción entre Júcar y Vinalopó y sustituir el uso de aguas subterráneas por desaladoras. 

Además, Ribera ha anunciado que el Gobierno ha completado el marco regulatorio para incrementar la reutilización de agua. En este sentido, ha fijado el objetivo de duplicar el uso de agua reutilizada en zonas urbanas, elevándolo al 20% de cara a 2027. La titular de Transición Ecológica ha señalado que Acuamed tendrá permiso para activar dos cuestiones "esenciales". En primer lugar, invertir en parque fotovoltaico para abaratar el coste de los bombeos, la desalación y las obras hidráulicas. En segundo término, se permitirá establecer un límite al precio de venta de agua desalada para "dar continuidad" al plan aprobado el año pasado con el objetivo de garantizar el agua desalada "asequible para regantes". 

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El ministro Planas ha detallado toda una serie de medidas, empezando por las ayudas directas dirigidas a la ganadería, la agricultura y la apicultura. Se dedicarán 636 millones de euros, parte de los cuales irán destinados a complementar (en un 70%) el seguro agrario. Una medida que, según ha subrayado, "tendrá efecto inmediato y afectará al secano, a los herbáceos extensivos, al olivar, a la uva de vinificación, al almendro, al avellano, al kiwi, al endrino, a la alfalfa de secano, a la remolacha azucarera y al maíz forrajero". Sobre esta iniciativa, el ministro ha recordado que "el seguro agrario es uno de los instrumentos fundamentales para responder ante contingencias como la sequía". Dentro de este paquete, 335 millones de euros se destinarán al sector ganadero.

Para el sector apicultor, el Gobierno dedicará 5 millones de euros en ayudas directas para paliar los perjuicios causados por las altas temperaturas. El importe se suma a los 19 millones de euros que se incrementaron en la ayuda europea acoplada, tal y como ha puntualizado el titular de Agricultura. Por otro lado, se trasladará un fondo de 276,7 millones de euros dedicados a la agricultura. Toda una serie de medidas que surgen "de diálogo, destacando la Mesa de la Sequía y las conferencias mantenidas con las comunidades autónomas", ha querido destacar el ministro. 

Más allá de las ayudas directas, la cartera de Planas ha adoptado una serie de medidas fiscales entre las que se incluye la devolución del IBI a más de 200.000 explotaciones agrícolas, lo que supone cerca de 53 millones de euros. Se ha establecido además el aplazamiento del pago de cuotas sociales durante cinco meses a más de 730.000 trabajadores y la prórroga de la reducción de peonadas para acceder al subsidio de desempleo agrario. Con efecto inmediato, se aplica la exención del IRPF y el impuesto de sociedades por las ayudas de la PAC, que se flexibilizará y ampliará hasta el 30 de junio, según ha informado Luis Planas. 

Los agricultores consideran insuficientes las medidas

Tras los anuncios realizados por el Gobierno este jueves, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha emitido un comunicado denunciando la insuficiencia de las ayudas emprendidas para mitigar el impacto de la sequía en el sector agrario. "El 80% del territorio agrario se encuentra ya asfixiado por la sequía y más de 5 millones de hectáreas de cereales no tendrán cosecha", ha advertido el escrito. 

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha querido destacar la difícil situación por la que pasan los cultivos de cereal. "Desde ya se deben disponer ayudas directas extraordinarias para los cerealistas, que en muchos casos no recogerán cosecha alguna", ha subrayado, "hablamos de la campaña de siembra más cara de la historia con la cosecha más corta del siglo. Y eso es inasumible. El seguro no resuelve en estos casos las cuantiosas pérdidas que se arrastran”.