El Consejo de Europa, el organismo que vigila que los valores de la UE se apliquen en los estados miembros, alerta de que España sufre "una crisis de la vivienda larga y estructural de graves proporciones" en un informe en el que constata la "necesidad urgente" de más vivienda social y accesible tras "años de escasa inversión pública".

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, visitó España el pasado noviembre y este miércoles ha publicado sus conclusiones en un duro informe (PDF), en el que se lee que la falta de vivienda accesible se ha agravado, además de por falta de inversión pública, porque los gobiernos han permitido que fondos de inversión privados compraran viviendas, lo que ha derivado en subida de los alquileres y en un incremento del sinhogarismo.

Mijatovic afirma también que la subida de precios de la vivienda en propiedad "supera con mucho" al incremento del poder adquisitivo. 

La subida de precios de la vivienda en propiedad "supera con mucho" al incremento del poder adquisitivo

El informe de la comisaria reconoce que este problema debe abordarse "con urgencia", aunque matiza que puede estar "parcialmente atendido" por el Plan de Recuperación del Gobierno de 2021 y por el Plan Nacional de Acción de Acceso a la Vivienda 2022-2025.

A ese respecto, considera que si los dos "se aplican adecuadamente" podrían ofrecer una orientación hacia la creación de una oferta de vivienda social y accesible.

Un informe previo a la Ley de Vivienda

El informe del Consejo de Europa se elaboró antes de la aprobación a finales de abril en el Congreso de la Ley por el Derecho a la Vivienda, y la comisaria considera "importante" su adopción "lo antes posible".

Mijatovic pide que las autoridades "a todos los niveles", incluyendo los gobiernos autonómicos y municipales, acompañen el proceso tratando de forma integral "los problemas estructurales" de la vivienda.

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Más desahucios y sinhogarismo

El informe también observa que "la falta de medidas adecuadas para hacer frente a la falta de disponibilidad de vivienda asequible en España ha provocado un gran número de familias endeudadas y un fuerte aumento de los desahucios y el sinhogarismo". 

Se dice que los desahucios son algo habitual en España. Y se hace notar que ha habido más de medio millón en todo el país desde 2013, hasta 38.267 en el año 2022. De ellos, 27.533 desahucios fueron por impago de alquileres, 8.509 por impago de hipotecas y 2.225 por otras causas.

Entre sus recomendaciones, invita a las autoridades "a prorrogar la suspensión temporal de los desalojos para familias vulnerables introducida en respuesta al COVID-19 (en vigor hasta junio de 2023) hasta que se encuentre una solución más integral y sostenible de vivienda alternativa para todos los necesitados".

La comisaria acoge de forma favorable que el Plan de Acceso a la Vivienda 2022-2025 prevé más financiación y una asistencia especial para personas vulnerables, como las han sufrido desahucios, no tienen vivienda o han víctimas de violencia machista, que están incluidas también en la ley recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados.

Acotar la infravivienda 

Por lo que se refiere al problema de la infraviviendas, el informe muestra en particular su "preocupación especial" por la situación del barrio chabolista de la Cañada Real de Madrid, donde el corte del suministro de electricidad desde octubre de 2020 afecta a unas 4.500 personas, de ellas unos 1.800 menores.

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Explica que el Gobierno español ha destacado la "complejidad" de la situación en ese enclave, debido a que hay varios actores implicados, entre ellos la Comunidad de Madrid y una compañía energética privada, y precisa que hay conversaciones en marcha para intentar solucionar esa "situación apremiante".

El Gobierno remite a la nueva ley 

En sus comentarios al informe, el Gobierno español señala que el pasado 27 de abril el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Vivienda, que está actualmente siendo examinada en el Senado.

Esa ley incluye, entre otras medidas, un límite al aumento de los alquileres, más protección contra los desahucios y un incremento de la oferta de vivienda social.

El Ejecutivo considera también que la comisaria no ha tenido en cuenta varias enmiendas incluidas desde 2018 en la Ley de Procedimiento Administrativo para atender los casos de desahucios de personas en situación de vulnerabilidad.

Personal sanitario "abrumado y agotado"

El informe del Consejo de Europa también hace mención a los problemas de la atención sanitaria y en los derechos de los migrantes. Con respecto al derecho a la salud, observa que "se debe hacer más para fortalecer el acceso universal a una sanidad pública de calidad" y resalta diferencias regionales "notables" en la prestación.

En atención primaria, más concretamente, el Consejo dice que "los niveles de inversión siguen siendo insuficientes y que preocupan las condiciones de empleo del personal de salud que, "en muchos lugares, está abrumado, agotado y depende de contratos a corto plazo".

El informe de Mijatovic llama la atención sobre "la alta mortalidad en residencias durante la crisis del Covid-19 en algunas Comunidades Autónomas, que aún debe investigarse y abordarse de manera efectiva con la estrecha participación de las familias de las víctimas".

De otra parte, observa "con preocupación" varias disposiciones de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y del Código Penal y su efecto negativo en el disfrute de las libertades de expresión y reunión: "Creando un efecto escalofriante general en la sociedad", según se puede leer. 

Respecto a la atención a refugiados, el informe insta a las autoridades garantizar que quienes necesitan protección puedan acceder al territorio por vías legales y seguras. Y para ello pide atajar los largos períodos de espera para acceder al procedimiento de asilo, demoras en la identificación de vulnerabilidades especiales, así como obstáculos para acceder a los derechos sociales, incluidos la vivienda y la salud.