El Gobierno ha aprobado este martes el convenio entre el Ministerio de Transportes y el ICO que permitirá al instituto público avalar la entrada de su primera vivienda a jóvenes y familias, medida anunciada el pasado domingo por el presidente Pedro Sánchez, con rentas de hasta 37.800 euros. El porcentaje podrá alcanzar finalmente el 25% del total de la vivienda si cuenta con una calificación energética suficiente y el precio de compra, que estará limitado, dependerá de la comunidad autónoma donde se realice la operación. La propuesta no deberá recibir el visto bueno del Congreso de los Diputados, algo que juega en favor del PSOE -proponente de la misma-, ya que el llamado bloque de la investidura se ha opuesto al completo.

Las críticas más voraces han llegado, además, desde Unidas Podemos, el socio minoritario de la coalición, que no ha sido capaz de paralizar su aprobación en Consejo de Ministros. El socio minoritario ha dejado caer que creará una nueva burbuja inmobiliaria y EH Bildu ha espoleado el ejemplo de Reino Unido, donde se llevó a cabo una medida similar que no tuvo efecto. El Ejecutivo ha negado que vaya a provocar una subida de precios y, también, que la propuesta sea similar a la de los británicos, destacando los límites de renta y del precio del inmueble. 

El Gobierno estima que los avales públicos a las hipotecas de primera vivienda llegarán a unas 50.000 personas

Las condiciones del convenio firmado entre el Gobierno y el ICO todavía están por concretar, puesto que lo aprobado este martes por el Consejo de Ministros ha sido la luz verde a la articulación de la línea de crédito -ahora el ministerio y el instituto público deberán realizar el convenio, que volverá a pasar por la reunión del Ejecutivo-. 

Eso sí, la ministra competente, Raquel Sánchez, ya ha avanzado algunas de ellas. A la medida podrán acogerse personas con un límite de ingresos de 37.800 euros anuales, que supone 4,5 veces el IPREM y que podrá duplicarse si son dos los compradores que quieren beneficiarse del programa. Dicho límite se incrementará en 0,3 veces el IPREM (2.520 euros brutos anuales) por cada menor a cargo y, además, en el caso de las familias monoparentales el límite se podrá incrementar en un 70% adicional. 

Los avales no tendrán coste alguno para el solicitante y se podrán pedir hasta el 31 de diciembre del año 2025, aunque la fecha podrá prorrogarse dos años más. Asimismo, el plazo del aval otorgado por el ICO será por un máximo de 10 años, "con independencia del plazo de amortización del préstamo y de la existencia o no del período de carencia". El Ejecutivo calcula que beneficie a 50.000 personas o familias, pero es una estimación ya que se trata de una "medida temporal" que "podrá prorrogarse".

En palabras de la ministra, se busca así satisfacer a jóvenes “con solvencia y capacidad financiera” cuyo deseo es poder optar a la compra de una primera vivienda, pero “no disponen del ahorro necesario para poder ofrecer la entrada que les solicita el banco”, que les prestará el 80% restante hasta completar el precio del piso. Antes incluso de ser preguntada por las críticas de los socios ‘morados’, Sánchez ha asegurado que la “prioridad” del Ejecutivo sigue siendo la de fomentar el alquiler asequible, aunque ha reconocido que “hay determinadas zonas y situaciones en las que hay jóvenes que desean comprarse una vivienda”.

El Govern expropiará las viviendas que lleven vacías dos años para destinarlas a alquiler

“No les podemos demonizar”, ha pedido la titular de Transportes al, ya sí, ser interpelada por las críticas de Unidas Podemos, con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz a la cabeza. “Esta es una medida más, que complementa muchas otras”, ha lanzado desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes. 

Entre esas otras medidas a las que se ha referido Sánchez se encuentran dos propuestas más aprobadas por el Gobierno este mismo martes: la compra de terrenos por parte de su ministerio a Defensa para construir 20.000 viviendas en alquiler asequible y la aprobación de un crédito ICO de 4.000 millones de euros para movilizar otras 53.000.

Ambas son medidas que el presidente Sánchez ha anunciado en mítines del PSOE y que buscan aumentar el parque público de vivienda en alquiler asequible, una “obsesión” para el jefe del Ejecutivo. En lo referido a la primera, Sánchez ha dado a conocer que Transportes pagará 620 millones de euros en una operación “muy ambiciosa”. No ha dado detalles, eso sí, sobre los plazos en los que podrán estar disponibles las casas, aunque sí por cómo estarán repartidas por provincias: la mayoría -10.500- estarán en Madrid, aunque también habrá 1.500 en León y Valladolid; otras 1.000 en Oviedo; 1.600 en Sant Boi de Llobregat; o 1.200 en Murcia. En cuanto al crédito del ICO, busca la construcción de otras 43.000 viviendas. Los promotores podrán ser públicos o privados, siempre que se comprometan a dedicar a este fin las construcciones durante al menos 50 años y que las mismas sean “energéticamente eficientes”. Se hará a cargo de los fondos europeos.