El Gobierno invertirá casi 300 millones para enseñar robótica y programación informática a más de cinco millones de alumnos

Foto de archivo de una estudiante fabricando un robot.
Foto de archivo de una estudiante fabricando un robot.
MAJA DEDAGIC / Getty
Foto de archivo de una estudiante fabricando un robot.

El Gobierno repartirá a las comunidades autónomas casi 300 millones de euros para formar a más de cinco millones de alumnos de todo el país en robótica, programación y nuevas tecnologías. La partida forma parte del Programa Código Escuela 4.0 y se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes, que ha dado luz verde a una inversión de más de 566 millones para "mejorar la calidad y la equidad" del sistema educativo. 

De esos más de 500 millones, 298,4 irán al programa Código Escuela 4.0 de formación digital del alumnado del segundo ciclo de Infantil, de Educación Primaria y ESO de los colegios públicos y concertados españoles. Una parte de esa cantidad, 199 millones, se destinará a equipar de programación y robótica a más de 17.000 colegios; mientras que otros 99,4 millones se enfocarán al profesorado y a la contratación de "asistentes técnicos" con perfiles tecnológicos y pedagógicos que apoyen a los docentes a la hora de enseñar estos contenidos hasta que ellos mismos estén lo suficientemente formados como para impartir formación digital sin ayuda.

Esta partida se une a los 30 millones de euros destinados ya el año pasado a formación del profesorado en este ámbito, y precede a los 65 millones que el Ejecutivo distribuirá en 2024 para el acompañamiento de los docentes. Se trata, según ha subrayado la titular de Educación, Pilar Alegría, en rueda de prensa un acuerdo "completamente extraordinario" que busca que, desde los tres años, los estudiantes del país "entiendan y comprendan el lenguaje de nuestras máquinas". 

170 millones para atajar el abandono escolar

Por otro lado, y a petición del Ministerio de Educación, el Consejo de Ministros también ha aprobado una inversión de 173 millones de euros para apoyar a las familias y al alumnado "con dificultades". Se repartirá, por un lado, 118 millones de euros que corresponden al programa PROA+, el Programa para la Orientación, Avanza y Enriquecimiento Educativo que está dirigido a mejorar los resultados educativos y prevenir el abandono escolar en centros sostenidos con fondos públicos que cuentan con un porcentaje significativo de alumnado con dificultades educativas. 

El departamento dirigido por Pilar Alegría calcula que el PROA+ beneficiará a los estudiantes de más de 3.000 centros escolares "de especial complejidad educativa", y sostiene que con estos fondos se garantizan que los centros se comprometan a desarrollar un plan de apoyo con medidas como el refuerzo en horario lectivo y no lectivo, la codocencia, las tutorías, la formación a familia u otras acciones destinadas a atajar el abandono escolar temprano. Un programa para el que, subrayan, entre 2021 y 2023 ya se han destinado 360 millones de euros, incluida la partida a la que se ha dado luz verde este martes. 

Los 55 millones restantes de esa inversión de 173 millones de apoyo a las familias se gestionarán a través de Unidades de Acompañamiento. El objetivo del Gobierno es abordar de manera "directa" y "personalizada" con aquellos estudiantes que estén en riesgo de abandonar los estudios antes de tiempo, para apoyarles en su trayectoria educativa, desde Primaria, hasta el final de la ESO o Bachillerato. De este modo, y con esta nueva inversión, de 2021 a 2023, el Ejecutivo habrá invertido más de 124 millones de euros para la puesta en marcha de 1.148 unidades con este fin. 

En esa línea se ha aprobado también una partida de casi 60 millones (58,6) para ayudar a las familias con menos recursos a costear los gastos de los libros de texto y el material escolar, incluido aquí cualquier herramienta digital que necesite el alumno para afrontar sus clases. 

Y, por último, los 36 millones que completan esta última inversión de más de 560 millones a educación irán al programa de Cooperación Territorial de Educación Inclusiva (que se suman a los 38 millones de 2022) y que aspiran a mejorar la atención a la "diversidad" del alumnado y de sus necesidades específicas de apoyo educativo, ya sea por una discapacidad, por ser superdotado o por necesitar un refuerzo en el lenguaje. El fin, explican desde el departamento de Alegría, es ofrecer más personal y más formación para los centros, así como fortalecer la colaboración entre los centros de Educación Especial y los ordinarios. 

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