El pleno del Parlament debatirá esta semana la reforma del Reglamento que ha propuesto el PSC para poder cesar a la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, y a cualquier miembro de la Mesa, a la espera de que la Junta Electoral Central (JEC) decida sobre su escaño tras ser condenada por prevaricación y falsedad documental.
Esta es una de las dos reformas del Reglamento del Parlament que se someterá al debate a la totalidad en la segunda sesión del pleno de esta semana, que empieza el martes y termina el jueves, a las puertas de la campaña electoral de las municipales.
La iniciativa de reforma del Reglamento del PSC prevé que el pleno pueda cesar por mayoría absoluta a cualquier miembro de la Mesa, incluyendo a su presidenta, si lo piden dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados; lo mismo prevé para las mesas de las comisiones parlamentarias.
También plantea su cese automático en caso de que dejaran de pertenecer al grupo que les nombró.
El debate sobre esta reforma llega después de que tanto el Parlament como Borràs defendieran este viernes ante la JEC esperar a que la sentencia que condenó a la líder de Junts sea firme antes de retirarle, en su caso, el escaño, tal y como prevé el Reglamento.
Tras recibir estas alegaciones, la JEC deberá decidir si deja a Borràs sin escaño, como han solicitado PP, Cs y Vox; así lo hizo con el expresidente de la Generalitat Quim Torra y con el exdiputado de la CUP Pau Juvillà cuando fueron condenados por desobediencia.
En ambos casos, la JEC decidió no esperar a la sentencia firme amparándose en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que declara inelegibles a quienes hayan sido condenados por delitos contra la administración aunque su sentencia no sea firme.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) condenó a Borràs a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo con presupuestos falsos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), una sentencia que ha recurrido ante el Tribunal Supremo (TS).
Junto a la iniciativa del PSC, el pleno debatirá el miércoles una propuesta de ERC y CUP para reformar el Reglmento con el fin de "prohibir los discursos de odio", ampliar la delegación de voto y oficializar el voto telemático --que la Cámara catalana implementó durante la pandemia--.
Según han detallado los grupos, la reforma contra los discursos del odio busca, entre otros, "frenar" las intervenciones de Vox en la Cámara catalana que vinculan inmigración con delincuencia, algo por lo que en varias ocasiones la vicepresidenta primera en funciones de presidenta, Alba Vergés, ha llamado al orden a sus diputados.
La propuesta para modificar el sistema de voto en el Parlament llega después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado en hasta tres veces la delegación de voto del diputado de Junts Lluís Puig, que formó parte del Govern de Carles Puigdemont en 2017 y reside ahora en Bélgica.
El día antes del último pleno, y tras una nueva sentencia del TC, ERC planteó a la Mesa aprobar un "voto telemático transitorio" para Puig hasta que entrara en vigor esta reforma, que previsiblemente regularizará su voto.
Debate conjunto
Las tres propuestas de reforma del Reglamento se debatirán juntas, pero se votarán por separado: Junts ha presentado una enmienda a la totalidad a la proposición de reforma del PSC, mientras que Vox lo ha hecho contra la de ERC y la CUP, que consideran que busca "censurar" a su grupo.
Si no prospera ninguna enmienda a la totalidad contra ellas, seguirán su trámite parlamentario en la Cámara catalana.
En paralelo, los grupos deberán decidir si incorporan en el orden del día de los próximos plenos las iniciativas registradas para eliminar o reformar las pensiones vitalicias asociadas a la Presidencia del Parlament, también con la situación de Borràs como telón de fondo.
Proposición de ley de Junts sobre la sequía
El pleno del Parlament se iniciará el martes por la tarde con el debate de la proposición de ley de Junts sobre medidas contra la sequía, otro de los temas que ha centrado el debate político de las últimas semanas tras la entrada de Catalunya en situación de excepcionalidad.
Para hacer frente a la sequía el Govern aprobó un decreto ley con medidas urgentes que, pese a recibir críticas por parte de la oposición, superó el trámite parlamentario tras el comprimo del Ejecutivo catalán de reformarlo con el consenso de los grupos.
Con este fin convocó una cumbre sobre la sequía con los partidos de la que, sin embargo, no salió ningún acuerdo: según el Govern, lo impidió la insistencia del PSC y de Junts en eliminar o aplazar las sanciones a los municipios por incumplir la normativa antisequía.
En negociaciones
Después de que Junts anunciara una iniciativa propia para reformar este decreto ley, la negociación se ha centrado en buscar un "punto de equilibrio", en palabras de ERC, respecto a las sanciones.
La última propuesta hecha pública por los republicanos planteaba condicionar la aplicación de las sanciones a que los municipios solicitaran nuevas subvenciones que el Govern se ha comprometido a convocar con el fin de ayudarles a realizar obras y tomar medidas para cumplir con la normativa antisequía.
De este modo, las sanciones no se aplicarían hasta que no se convocaran las subvenciones, lo que en la práctica equivaldría al aplazamiento que solicitaban Junts y PSC.
La iniciativa de Junts se tramita por el procedimiento exprés de lectura única: tras el debate del martes se abrirá un periodo de enmiendas y el jueves por la tarde se celebrará la votación final.
En esa misma sesión los grupos interpelarán al Govern sobre la gestión del agua (Junts, CUP), las urbanizaciones con déficits urbanísticos (CUP), el transporte ferroviario (ERC), la protección de la familia y la infancia (Vox).
El miércoles seguirán interpelaciones sobre la educación especial (Cs) y sobre el modelo turístico (comuns), además del debate final del proyecto de ley para crear la comarca del Lluçanès.
Sesión de control
La sesión de control será el miércoles por la mañana, cuando el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los consellers deberán enfrentarse a las preguntas de la oposición.
La consellera de Acción Exterior, Meritxell Serret, la afrontará tras ser condenada a un año de inhabilitación por desobediencia en el 1-O, cuando formaba parte del Govern de Carles Puigdemont.
Por la tarde, además del debate sobre las reformas del Reglamento, el pleno elegirá a doce miembros del Consell Assessor del Síndic de Greuges para la prevención de la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
El pleno finalizará el jueves con el debate de una decena de mociones y la votación final de la proposición de ley de Junts sobre la sequía, cuya votación está fijada para después de las 20.00 horas.
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