El próximo 29 de abril celebraremos el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones, una iniciativa con la que la Unión Europea pretende concienciar sobre la importancia que tiene la colaboración entre las distintas generaciones para el beneficio del conjunto de la sociedad.

Es una efeméride para debatir, reflexionar y concienciar sobre cómo abordar temas tan importantes como la soledad no deseada, los problemas habitacionales, la brecha digital, el futuro de las pensiones, o el acceso a la vivienda, que afectan tanto a jóvenes como a mayores.

Existe una realidad incuestionable: nuestras sociedades son cada vez más longevas. Gracias a los avances científicos y a la mejora general de la calidad de vida, vivimos más tiempo, por lo que el aumento de la población de edad avanzada supone la llegada de nuevos desafíos que hay que afrontar desde una perspectiva multidisciplinar.

Desde el Partido Socialista defendemos que encarar el proceso de envejecimiento con éxito requiere de nuevos enfoques para poder dar respuesta a las necesidades de una sociedad intergeneracional y diversa. Nuestro objetivo, precisamente, es convertir el envejecimiento en una etapa de plenitud por medio de la aplicación de políticas públicas integrales, bien planificadas y decididas.

En ese sentido, desde nuestra organización sostenemos que el concepto de intergeneracionalidad, como aspecto transversal para toda la sociedad, debe ser el eje sobre el que giren esas políticas públicas.

Porque una sociedad intergeneracional es más rica y cohesionada, capaz de afrontar cualquiera de las transformaciones de su entorno, pues se basa en la experiencia y disposición de todos sus miembros, y porque permite que nuestra sociedad siga aspirando a un futuro más equitativo, inclusivo y sostenible. Es, en definitiva, el mejor antídoto contra el feroz individualismo que nos aísla, nos separa y nos empobrece.

Por eso, el Gobierno de Pedro Sánchez toma medidas para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores. Por eso, reforzamos los servicios públicos dotando de más presupuesto a la sanidad pública, al sistema de dependencia, y reformamos las pensiones para garantizar las prestaciones de hoy, pero también las del futuro.

No podemos obviar que hay muchos problemas que son compartidos por las generaciones más mayores y las generaciones más jóvenes, y uno de ellos es, sin duda alguna, el acceso a la vivienda. Un problema que, por cierto, se agudiza en los casos de grupos de personas en situación de exclusión social y vulnerabilidad.

En ese sentido, creo que es muy importante destacar la aprobación en el Congreso de la nueva Ley de Vivienda, un hecho histórico que tenemos que celebrar. Porque a pesar del ruido mediático, gracias a esta nueva norma, la vivienda se va a consolidar como un derecho y no como una mera mercancía, como quiere el Partido Popular.

No es de extrañar que la ‘presunta derecha moderada’ de Feijóo y sus compañeros ultras, hayan comenzado su campaña mediática particular en contra de esta normativa. Sabemos de sobra que la derecha política de este país tiene alergia a la creación y consolidación de derechos para la ciudadanía.

Pero la realidad es tozuda, por mucho que el PP se empeñe en tergiversar la realidad. Con la nueva Ley de Vivienda vamos a facilitar el acceso a una vivienda digna a muchas personas, a muchos grupos sociales que tienen hoy en día vetado el acceso a una vivienda digna.

Una ley histórica porque con ella consolidamos el quinto pilar del estado de bienestar. Se acabó que un derecho constitucional se siga considerando un elemento de especulación salvaje como el modelo neoliberal siempre ha defendido.

No hay que olvidar que el acceso a la vivienda es un derecho para todos, recogido en el artículo 47 de la Constitución, que reconoce el "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada".

El compromiso del Gobierno es aumentar la dotación de parque de vivienda pública destinada al alquiler, especialmente para la población juvenil, pero también mayor, principales afectados por un mercado que se ha convertido en inviable a la hora de acceder al mismo, y que está teniendo hoy en día consecuencias funestas para decenas de miles de personas en nuestro país.

La reacción de la derecha ha sido, como siempre, sembrar miedo. La nueva Ley de Vivienda no solo no facilita la “okupación” de viviendas, sino que pone en marcha mecanismos para que quienes cometan ese acto delictivo sean expulsados en 48 horas, garantizando los derechos de los propietarios; pero también protege a los inquilinos especialmente vulnerables, con contrato de alquiler, que pueden sufrir dificultades a la hora de afrontar el pago de sus rentas.

Una ley amplia, que tiene en cuenta todas las sensibilidades, y garantista de derechos. Ante las mentiras de la derecha, las verdades de un Gobierno que lleva cinco años mejorando la calidad de vida de la ciudadanía.

Porque el Partido Socialista es una organización sensible y comprometida con las necesidades de nuestra sociedad, especialmente de las personas mayores. No está de más recordar que fue un Gobierno socialista el que aprobó las pensiones no contributivas, el que creó el derecho a la sanidad pública universal y gratuita, y el que puso en marcha el sistema de dependencia.

Somos un partido que piensa en todas las generaciones que forman parte de nuestra sociedad, que es amplia y diversa. Y defendemos que nuestra democracia tiene la obligación de cuidar a nuestros mayores porque gracias a ellos y ellas, y al sacrificio que hicieron, estamos hoy disfrutando de nuestro sistema de libertades.

Nuestro afán es incidir en las políticas que favorecen la consolidación de una sociedad más justa, equitativa y equilibrada. Es nuestro empeño y no vamos a dejar de trabajar en esa línea, porque estamos convencidos de que es la base para que todos tengamos las mismas oportunidades en la vida.

Y en esa tarea se encuentra el Gobierno liderado por Pedro Sánchez. A pesar del ruido de las derechas y de sus tribunas mediáticas, nuestra organización no dará un paso atrás en seguir defendiendo la libertad, la igualdad y la justicia social.