¿PREGUNTAR OFENDE? por Miguel Ángel Aguilar

La sesión de control al Gobierno del miércoles día 26 es un buen ejemplo del descuido en que incurre la oposición al formular sus preguntas. Examinemos una de las que le fueron planteadas al presidente Pedro Sánchez. 

La primera, que correspondió a la diputada Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, fue registrada en el orden del día con la siguiente redacción: "¿Quién nombra y cesa a ministros en el Gobierno?". Y en esos mismos términos la pronunció. Su laconismo parecía atenerse al artículo 188 del Reglamento y a la resolución núm. 18 de la Presidencia del Congreso de 10 de junio de 2008 relativa a preguntas para respuesta oral en el Pleno, que exigen que se interrogue "sobre una sola cuestión, un hecho, una situación o una información, sobre si el Gobierno ha tomado o va a tomar alguna providencia en relación con un asunto, o si el Gobierno va a remitir al Congreso algún documento o a informarle acerca de algún tema".

Sin que, como marca el Reglamento, sean susceptibles de ser admitidos aquellos escritos que pretendan incluir dos o más, ni los que incurran en los supuestos previstos en los artículos 186.2, que descarta las que sean de exclusivo interés personal de quien la formula o de cualquier otra persona singularizada. Tampoco la que suponga consulta de índole estrictamente jurídica o que la Mesa, oída la Junta Portavoces, pueda, conforme al artículo 192.2, declarar no admisibles a trámite porque incluyan palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad. 

El apartado 3 del artículo 188 y la norma núm. 18 indican que el tiempo de cinco minutos previsto será repartido a partes iguales entre el diputado que formule la pregunta y el miembro del Gobierno a quien se encomiende la respuesta.

Así que Cuca Gamarra quería saber "¿Quién nombra y cesa a ministros en el Gobierno?". Su interrogación hubiera podido considerarse mera consulta de índole estrictamente jurídica y, en consecuencia, ser descartada porque basta leer el artículo 62 de la Constitución para observar que entre las facultades que corresponden al rey figura en la letra e) la de "nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su presidente". 

Más adelante, en los artículos 97, 98 y 99 de la Carta Magna se detalla cómo es investido el presidente del Gobierno y, a continuación, el artículo 100 vuelve a decir que "los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el rey, a propuesta de su presidente". Hubiera sido preferible, por más constitucional, que Cuca utilizara el verbo separar en vez de cesar. 

En cuanto a Pedro Sánchez, la respuesta a su alcance era obvia. Le bastaba referirse a esos artículos para presentarse como fidelísimo cumplidor de la promesa solemne que hizo en su toma de posesión de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes. Otros analistas estiman que, si nombrar y separar ministros son facultades del rey, deberíamos esperar que el presidente acudiera a Zarzuela para despachar.

Gamarra quería llevar al huerto a Sánchez poniendo de manifiesto las divisiones y fracturas que jalonan la trayectoria de un Gobierno tildado de roto, cuyos miembros desafían de modo insolente la autoridad del primer eslabón. A partir de ahí, Pedro Sánchez vio campo libre para volver a su letanía incesante elevando la oferta de viviendas y contrastando su buen hacer rebozado de estadísticas envidiables con la desgracia paralela en que nos sumieron los gestores neoliberales de la derecha. 

Cada miércoles se confirma el dictamen de lord Mancroft según el cual "un discurso es como una relación amorosa, cualquier imbécil puede comenzarla, pero hace falta un talento considerable para ponerle fin".