La exhumación este lunes de los restos de Primo de Rivera del Valle de los Caídos es un nuevo hito en este enclave, que sigue teniendo como tareas pendientes la recuperación de restos de 118 víctimas de la Guerra Civil y la "resignificación" del lugar, para lo que se convocará un concurso de ideas.

El Valle de los Caídos, rebautizado como Valle de Cuelgamuros tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática, es la mayor fosa común de España, con 33.833 restos de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil.

Hasta hace poco permaneció enterrado allí Francisco Franco, cuyos restos fueron exhumados en 2019, y este lunes serán exhumados los del fundador de la Falange, Primo de Rivera, cuya tumba ha sido junto con la del dictador la única individual presente en la basílica de la abadía benedictina.

A partir de ahora, una de las grandes asignaturas pendientes del Valle es la exhumación de los restos de 118 víctimas de la Guerra Civil a petición de sus familiares.

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Unos trabajos que fueron reanudados por el Gobierno el pasado 5 de diciembre, después de finalizar la paralización que supusieron las medidas cautelares impuestas por un juzgado de Madrid, pero que todavía permanecen en una fase muy preliminar.

Además, el Ejecutivo tiene pendiente convocar un concurso de ideas para la "resignificación" del Valle, con el objetivo de dar a conocer las "circunstancias de su construcción" y "el periodo histórico en el que se inserta", según recoge la Ley de Memoria Democrática.

Alrededor de 20.000 presos políticos trabajaron en la construcción del Valle, ubicado en el termino municipal de San Lorenzo de El Escorial, a 58 kilómetros de Madrid, y que fue concebido por Franco en 1940 como un gran monumento en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil, aunque fue inaugurado oficialmente el 1 de abril de 1959.

Uno de los elementos que corre peligro es el elemento más destacado del conjunto, la gran cruz de piedra de 150 metros de altura, pero podría acabar blindada con la nueva Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, que preserva la arquitectura religiosa, cruces o núcleos históricos antiguos.

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El Gobierno también tiene pendiente la aprobación de un real decreto que establezca el nuevo marco jurídico aplicable al Valle, un recinto dependiente de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, de monjes benedictinos, pero que administra de forma temporal desde 1982 Patrimonio Nacional.

De hecho, la Ley de Memoria Democrática prevé la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, lo que en la práctica podría significar la salida de los monjes que residen en el lugar, encargados actualmente de la abadía, la hospedería y la escolanía.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica lleva tiempo reclamando la expulsión de los monjes o la renovación del convenio que regula su presencia en el Valle, un acuerdo firmado entre el Estado y la Abadía Benedictina de Silos, que se extinguió el 2 de octubre de 2020 y por el que los monjes están autorizados a residir en el recinto y a gestionar sus instalaciones.