Poco a poco, los municipios que nunca tuvieron una oficina bancaria o que la perdieron por la progresiva pérdida de población van recuperando el acceso a los servicios financieros. En 2011, había en España 243 localidades de más de 500 habitantes que tenían una oficina, un cajero o cualquier otro medio de hacer sus gestiones bancarias y en 2022 la cifra se redujo a 164, en cumplimiento del compromiso que firmaron los bancos con el Gobierno para erradicar la la exclusión financiera en la España despoblada. En el último año, 79 pueblos han vuelto a tener alguna forma de acceder al banco, aunque solo en 20 de ellos se trata de un servicio de atención personal, a través de una oficina bancaria y 19 oficinas móviles. En los otros 59 municipios se han instalado cajeros propios de cada entidad o gestionados por terceros o se puede ingresar y retirar dinero en sus oficinas de Correos.

El pueblo cacereño de Torre de Santa María, de 531 habitantes, es la única de las 79 localidades donde se ha abierto la única oficina bancaria, según el primer balance trimestral que publicaron recientemente las tres patronales bancarias sobre el grado de cumplimiento del compromiso que asumieron en febrero de 2022 con el Ministerio de Asuntos Económicos para facilitar el acceso a los servicios bancarios en los municipios más pequeños. Se trataba de una de las medidas dentro de un plan más amplio, con 130 acciones, destinada a facilitar el acceso de las personas mayores a los servicios bancarios ofrecer "un trato más humano en las sucursales".

En concreto, con respecto a la exclusión financiera en la España rural, este compromiso se actualizó en octubre de 2022 con una hoja de ruta que establecía que en seis meses -es decir, este mes de abril- las entidades bancarias deberían facilitar el acceso a sus servicios a los municipios que no los tuvieran. Para ello, se diferenciaba entre los 243 de más de 500 habitantes que entonces no tenían ni una oficina, ni un cajero ni ninguna otra forma de hacer gestiones y los más de 3.000 pueblos de menos de 500 vecinos en la misma situación, para los que se proponían distintas medidas. Para los primeros, las patronales bancarias estudiarían la posibilidad de abrir o reabrir sucursales, instalar cajeros, ofrecer oficinas móviles o llegar a acuerdos con Correos para que se pudieran hacer en sus oficinas operaciones como ingresar o retirar dinero. En los dos primeros casos, los bancos reclamaban a los correspondientes ayuntamientos facilitar locales, electricidad, conexión a Internet o seguridad.

Para las poblaciones más pequeñas, entre las soluciones contra la exclusión financiera que se plantean es que sea posible retirar dinero en metálico en bares y pequeños comercios mediante una función concreta en las máquinas TPV que normalmente sirven para pagar con tarjeta.

Cajeros en la mayoría de casos

Este es el contexto del primer informe elaborado por la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNCC) sobre el grado de cumplimiento de estos compromisos. Les seguirán otros progresivamente y de momento este primero se centra solo en los municipios de más de 500 habitantes para concluir que 79 de los 243 que en 2021 no tenían ningún tipo de acceso a los bancos ya lo tienen.

La solución que se ha dado en la mayoría de los casos pasa por la instalación de una máquina o por derivar el servicio a personal no cualificado y solo en 20 casos la población podrá tratar directamente con un empleado de banca.

Podrán hacerlo los vecinos de Torre de Santa María en la oficina bancaria que acaban de estrenar y los de otros 19 municipios que se han incluido en rutas de oficinas móviles, que se concentran principalmente en las provincias de Madrid, Segovia, Guadalajara y Palencia y que tienen entre 499 y 2.600 habitantes.

Los autobuses convertidos en oficinas de banco ambulantes ahora también pasarán por Zarzuela del Monte y Espirdo, Hontanares de Eresma (Segovia), Patones, Puentes Viejas, El Berrueco, Batres y Ambite (Madrid), Vilalluega de la Vega, Villalobón, Grijota y Villaumbrales (Palencia), Picón (Ciudad Real), L'Ènova (Comunitat Valenciana), Quer, Trijueque, Loranca de Tajuña, Galápagos y Valdeaveruelo (Guadalajara), 

La solución más frecuente para ofrecer servicios bancarios ha consistido, de acuerdo a este primer balance, en instalar cajeros automáticos, ya sea de cada entidad o gestionados por terceros. En el último año, los bancos han instalado 16 cajeros propios en localidades que van desde 534 y 2.600 vecinos y han llegado a acuerdos con empresas especializadas para instalar cajeros gestionados por terceros en otras 16 localidades, de entre 554 habitantes y 1.600 habitantes. 

Por último, este primer balance trimestral de las patronales bancarias contempla el acuerdo para que las oficinas de Correos en 16 de estos municipios de más de 500 habitantes y sin acceso a servicios financieros puedan ofrecer la posibilidad de realizar operaciones como retirar e ingresar dinero.

La otra opción que se estudió, la posibilidad de designar "agentes financieros" de momento no se ha utilizado ninguna vez.

Castilla y León, la más afectada

Según las patronales bancarias, en 2011 había un total de 211.550 personas (el 0,45% de la población española) que no tenían acceso en sus lugares de residencia a servicios bancarios y en 2022 el número se redujo a 141.992 gracias a estas medidas.

Castilla y León y Cataluña eran en 2021 las comunidades con más municipios y población sin acceso a servicios financieros -76.268 vecinos en el primer caso y 38.120 en el segundo-. Las provincias más afectadas eran León, Cantabria y Girona. En el otro extremo, AEB, CECA y UNCC recuerdan que en 20 provincias y en Ceuta y Melilla no hay ningún municipio que tenga más de 500 habitantes y no disponga de una oficina, un cajero o una oficina móvil en la que sus habitantes puedan hacer gestiones.

Con las primeras medidas relativas a esas 79 localidades, Castilla y León sigue siendo la comunidad más afectada por la exclusión financiera pero es también la más beneficiada. Le sigue la Comunitat Valenciana y Cataluña.