"No haberlo pactado habría supuesto una voladura total de los puentes". Así hablaba una ministra socialista del Gobierno en referencia al Consejo de Estado. El pasado martes,, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de cuatro nuevos vocales, para lo que Moncloa quiso contar con el PP pese a que las relaciones entre socialistas y populares no pasan por sus mejores momentos, según todas las fuentes consultadas. Los hechos están ahí: apenas hay comunicación entre ambos desde que Alberto Núñez Feijóo decidiera romper el pasado otoño la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que ya acumula más de cuatro años con el mandato caducado-, cuando Sánchez anunció que suprimiría el delito de sedición y rebajaría el de malversación.

Fuentes de las dos formaciones confirman que para la renovación del Consejo de Estado no hubo ni conversaciones. Moncloa lo ofreció, el PP mandó sus propuestas y el Gobierno aceptó. Según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado el miércoles, los nuevos vocales son Elena Valenciano, ex vicesecretaria general del PSOE y otrora eurodiputada; Francisco Javier Losada, que fue alcalde de A Coruña por el PSOE; Pedro Sanz, expresidente de La Rioja con el PP; y Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo en el segundo Gobierno de José María Aznar.

"Había que hacerlo", remarcan fuentes cercanas al presidente del Gobierno, que rechazan que esto acerque una posible renovación del CGPJ. Según la dirección del PSOE, el PP "no se va a mover" de su negativa porque tienen "muy controlado" el órgano. La actual composición del órgano de gobierno de los jueces fue nombrado en tiempos de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy -con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia- en 2013, aunque también se contó entonces con el PSOE, Izquierda Unida, CiU y PNV. El acuerdo se aprobó en el Congreso con el voto favorable del 93% de los diputados.

De ahí que los ataques de Moncloa a los populares sean constantes. Más aún, en año electoral: "El Gobierno desearía contar con una oposición leal, que albergara sentido de Estado, pero la realidad es que no la tenemos", señaló el pasado martes Isabel Rodríguez, ministra portavoz. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, responsabilizó al PP del "problema" que supone la no renovación del CGPJ y acusó a Feijóo de "tener como rehén al Poder Judicial". "Se lo podemos pedir cada día y se lo vuelvo a pedir, pero el Gobierno no tiene margen para cambiar su actitud", añadió.

Los populares se escudan en su falta de confianza hacia un PSOE del que se sintieron engañados. Porque cuando Feijóo estaba a falta de un apretón de manos con Sánchez para renovar el CGPJ, el presidente socialista le confirmó su plan de eliminar el delito por el que habían sido condenados los que habían organizado el referéndum ilegal de Cataluña. "O Bolaños va por libre o hay dos almas en el partido", decían esos días los populares, quienes aseguraban que el ministro al frente de las negociaciones reiteró una y otra vez que el Gobierno no acometería estas reformas del Código Penal, que finalmente hizo.

Es más, según los populares, esta semana se ha producido la primera de las consecuencias de la eliminación de la sedición. El Partido Popular atribuye el regreso de la exconsejera catalana Clara Ponsatí a la supresión del delito de sedición que impulsó el Gobierno a finales del año pasado, a petición de los grupos independentistas. Por esta razón, el PP coloca la responsabilidad de que la política pueda volver a España sin pasar por prisión sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "El PSOE prefirió quitar carga penal a los independentistas que pactar el CGPJ". Por todo ello, desde Génova no son optimistas con poder alcanzar un acuerdo para renovar este órgano caducado.

Donde sí existen conversaciones es para la reforma del artículo 49 de la Constitución, para sustituir el término 'disminuido' por 'personas con discapacidad'. Un cambio en el que ambos grupos están de acuerdo desde hace cuatro años, pero en el que no han alcanzado su pleno compromiso debido a los recelos de la oposición, que teme que otros grupos parlamentarios aprovechen esta reforma para pedir cambios de mayor calado en la Carta Magna. 

En el PP reconocen que las negociaciones que comenzaron a finales de enero "avanzan" a buen ritmo. Desde el Grupo Parlamentario Popular hablan de varias reuniones las que han mantenido hasta el momento, pero evitan explicar cuál es la traba con la que se están encontrando y si esta es la misma que al principio. "Seguimos trabajando en esa reforma para que dé respuesta a esa demanda social que compartimos, pero que sea simultánea a las garantías de que esa reforma sirva exclusivamente para eso. Estamos avanzando y vamos en el camino correcto", apuntó esta semana la portavoz parlamentaria popular, Cuca Gamarra.

La vuelta de Valenciano

En la parte de los nombramientos socialistas en el Consejo de Estado se esconde un mensaje interno. La vuelta de Elena Valenciano puede leerse como la cicatrización total de las heridas del partido. O, al menos, un acercamiento bastante probable a ese escenario que se produjo en 2016 y que terminó con la salida de Sánchez de la Secretaría General del PSOE. 

Fuentes de la dirección federal niegan que el partido esté en guerra como para que esto se pueda leer como una "pacificación", pero sí resaltan que es una "rehabilitación". Valenciano ha sido muy crítica con algunas medidas del Gobierno de coalición; especialmente, con la ley trans.

"El presidente tiene estos gestos cuando puede. Hay que esperar al momento, pero se rehabilita a las personas", viene a decir una de las ministras cercanas al jefe del Ejecutivo. El otro ejemplo es el de Héctor Gómez. Sánchez le encargó la portavocía del Grupo Socialista en el Congreso, pero duró menos de un año en el cargo. Tras unos meses, esta semana el presidente le nombró ministro de Industria y Turismo.