La crisis energética que desde el año pasado ha encarecido la luz, el gas o el combustible no afecta a todos por igual. Y no se trata solo de una cuestión de renta, sino que hay otros factores que hacen que un hogar sea más sensible a que la electricidad sea más cara o a los descuentos de la gasolina, de la misma manera que sus distintas circunstancias hacen que unos se hayan beneficiado más o menos de las medidas del Gobierno para capear la situación. Un estudio sobre los efectos en la población de las mismas indica que los habitantes en zonas rurales o en pequeñas poblaciones, los autónomos y las familias sin hijos son los que más padecen la crisis energética, mientras que las personas desempleadas, las familias numerosas y los hogares en las que el cabeza 'de familia' no tiene estudios son los colectivos que más se han beneficiado de ayudas del Gobierno como el aumento de la cuantía del bono social y térmico, el bono eléctrico para hogares con ingresos de hasta 27.000 euros o la tarifa regulada del gas.

Esta es una de las conclusiones del Análisis del impacto distributivo de las medidas para contener la factura energética de los hogares que ha elaborado el Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) -un centro de estudios a iniciativa de la Centro Vasco para el Cambio Climático y cofinanciado por Iberdrola y un programa de estudios de excelencia del Ministerio de Ciencia-, que desgrana la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE y hace una simulación sobre su gasto en electricidad, gas y combustible durante 2022 con y sin medidas del Gobierno para determinar que en términos generales muestran que lograron contener los precios y que fueron progresivas, es decir, que beneficiaron más a quienes tienen menos recursos, aunque no en todos los casos.

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"Las medidas analizadas han sido útiles para contener la inflación y sostener las rentas de las familias en el corto plazo", dice. Determina que el precio de la energía aumentó un 29% en 2022 con respecto al año anterior, cuando sin ayudas públicas habría crecido un 44%. La factura media fue de 2.952 euros frente a los 3.292 que podrían haber pagado los hogares de promedio y fueron "notablemente menores" en los hogares de menor renta y hogares vulnerables. Los primeros pagaron un 29% más mientras que hogares vulnerables y vulnerables severos acogidos al bono social pagaron 16 y 4% respectivamente. "Las medidas suponen para el 10% de menor renta una reducción de su factura del 2.5% respecto a su renta, mientras que para el 10% de mayor renta la reducción es del 0,8%, dice el documento.

Mundo rural y hogares unipersonales

Sin embargo, estos cálculos no son lineales y así lo demuestra la estratificación que hace el estudio sobre tipos de hogares, por el perfil de quienes los integran o dónde se ubican. Los mayores que viven solos, los hogares donde sus miembros no trabajan y aquellos situados en zonas urbanas son los que menos padecen la crisis energética porque consumen menos energía, incluido carburante para el coche. 

Los más golpeados son la población rural incluso las clases medias, la que vive en municipios de menos de 10.000 habitantes, hogares cuya cabeza no tiene estudios y autónomos. Explica el primer caso por que en las zonas rurales es más necesario el vehículo, con lo que es mayor el gasto en combustible, y también es más caro calentar las casas, lo que supone más calefacción.

En la mayoría de los casos, considera que las ayudas han sido efectivas para ayudar a quienes más lo necesitan, dejando parcialmente fuera a clases medias que también han notado la crisis o directamente han beneficiado a deciles de la población con mucho más músculo económico para sobrellevarla. Es el caso de los estratos de la población con más ingresos que afirma que son los que en mayor grado se han beneficiado de la medida que peor evalúa el estudio, el descuento de 20 céntimos por litro de gasolina o gasoil para toda la población.

También rompen la progresividad las bajadas de impuestos. "Dado que el gasto energético aumenta con la renta y una parte importante de las medidas ha sido de carácter general, los beneficios en términos absolutos aumentan con la renta", dice en particular sobre el recorte del IVA del gas y la electricidad.

Por renta

En un momento en el que el Ministerio de Transición Ecológica se ha comprometido a introducir un criterio de renta en las familias numerosas para que puedan acogerse al bono eléctrico y térmico -que todavía está en estudio-, el OTEA afirma con rotundidad que "lógicamente, el acceso al bono social tiene que estar basado en criterios de renta".

En términos generales, los hogares cuya persona de referencia está parada, las familias numerosas y hogares encabezados por una persona sin estudios fueron los más beneficiados por ayudas como el bono social eléctrico y térmico, cuyo "importante efecto" subraya, o la nueva ayuda para pagar la electricidad para hogares con hasta 27.000 euros de renta anual, no considerados vulnerables pero igualmente empobrecidos por la crisis energética.

El impacto distributivo también se explica por el diferente consumo de energía según cada tipo de hogar. Los de renta baja dedican una mayor proporción de sus ingresos a electricidad y calefacción mientras que los de renta superior no tienen problema en gastar más en carburante, lo que hace las medidas en los dos primeros capítulos más progresivas que el descuento de 20 céntimos en su versión inicial.

En el otro extremo de una estratificación que abarca 38 categorías y en la que figuran familias monomarentales, mujeres -menos afectadas que los hombres por la subida de precios y más beneficiadas por las ayudas que ellos-, personas solteras -en la mitad de la tabla-se sitúan los colectivos que menos se benefician de las ayudas están los mayores que viven solos, hogares en zonas urbanas y personas con estudios superiores, los primeros porque son poco dependientes del vehículo privado y los segundos, probablemente porque tienen un mayor nivel de renta para un paquete de medidas que, por lo general, el estudio concluye que son progresivas.

Pobreza de transporte

Además del diagnóstico, el OTEA hace una serie de recomendaciones para que el Gobierno afine más con las ayudas contra la crisis energética. En primer lugar, pide "diseñar mecanismos que permitan focalizar rápidamente las ayudas en los colectivos vulnerables", incluyendo también a las "rentas bajas-medias" y en grupos más afectados.

 Cuantifica en 1,3 millones los hogares acogidos al bono social (607.000 vulnerables y 671.000 vulnerables severos) pero asume que no están todos los que son. "Muchos hogares vulnerables que cumplen los criterios no están acogidos", dice y "agilizar y facilitar al máximo el acceso" a ellos, por ejemplo, directamente para quienes cobren el IMV, y siempre vinculados a criterios de renta.

En tercer lugar, el informe cree que el Gobierno debería introducir entre los indicadores de pobreza energética indicadores específicos sobre "pobreza asociada al transporte". "Identificar a los hogares vulnerables al transporte".