El Servei d'Intervenció en processos de Pèrdua de l'Habitatge i Ocupacions (SIPHO) del Ayuntamiento de Barcelona ha atendido a 1.881 familias en 2022, un 17% menos que el 2021 e inferior a años anteriores.

El consistorio vincula la reducción de los usuarios a la moratoria estatal en vigor y a la ley catalana que obliga los grandes tenedores a ofrecer alquiler social antes de un proceso de desahucio. Según el balance, las familias atendidas representan un total de 4.357 personas, una tercera parte de las cuales son menores de edad. 

Por otro lado, el comunicado también informa que ya se ha adjudicado el nuevo contrato, de dos años de duración. Como ya se explicó hace un año, el nuevo contrato amplía la unidad de 16 a 43 profesionales y la dota de un equipo jurídico propio.

Datos inferiores

Mientras que el año pasado se atendió a 1.881 familias, en 2021 la cifra fue de 2.267, un dato similar a años anteriores como el 2019, 2018 o 2017, años en que los usuarios han rondado las 2.300 familias. El 2020 fue la excepción, con 1.668, por la situación de pandemia.

El objetivo principal del servicio, integrado a las Oficinas de Vivienda de la ciudad, es evitar al máximo a través de la prevención y la mediación que se produzcan desahucios y, sobre todo, que estos lleguen a puerta el día señalado.

Ajuntament de Barcelona

En cuanto a fechas de lanzamiento gestionadas el 2022, el servicio ha tenido conocimiento de 2.141 situaciones, una cifra también ligeramente inferior a la media de los últimos años. La cifra es mayor que el número de familias atendidas porque puede ser que haya más de una fecha por un mismo lanzamiento.

De acuerdo con el balance, se ha conseguido el objetivo de suspender lanzamientos con antelación en el 77% de los casos donde ha intervenido el servicio. Además, un 10% más se han conseguido suspender a puerta el día señalado. Por lo tanto, en total el 87% de los desahucios de familias en situación de vulnerabilidad con el acompañamiento del SIPHO no llegan a producirse.

Según recuerda el consistorio, siempre que sea posible, se persigue que las familias se puedan quedar a la vivienda a través del acuerdo con las propiedades, y de manera estable.

La mitad, en pisos de grandes tenedores

La mitad de las 1.881 familias usuarias del servicio este 2022 se han encontrado en procesos de desahucio impulsados por grandes tenedores, es decir, sociedades y entidades financieras propietarios de más de 10 viviendas, y también particulares, propietarios de más de 15.

El 40% de familias residían en viviendas de pequeños propietarios (particulares con menos de 15 pisos) y del resto no se ha podido definir el tipo.

En cuanto a la situación en la vivienda, de acuerdo con los datos que se han podido obtener de las familias, el 40% de los procesos se deben a impago del alquiler, el 30% a ocupación sin título habilitante, el 14% a finalizaciones de contrato de alquiler, y el 4% se deben a ejecuciones hipotecarias. De las ocupaciones sin título, ocho de cada manantial lo son en viviendas propiedad de grandes tenedores.

Nuevo contrato

El nuevo contrato, por un valor de cerca de 5 millones de euros y una duración de dos años se ha adjudicado a Vínculo, la misma entidad que lo gestionaba el anterior concurso. Con el nuevo contrato se amplía el número de profesionales que forman parte, que pasa de 16 a 43.

En el ámbito social y de la mediación, pasan de 13 a 30 profesionales. De estas 30 profesionales de la mediación, 20 trabajan en el territorio y junto a las familias y las otras 10 en las oficinas centrales. 

Además, como novedad se incorpora un equipo jurídico propio para reforzar el equipo de profesionales de la mediación con más recursos y herramientas para afrontar los procesos con más garantías.

En total desde la creación del servicio en 2015, el servicio ha acompañado a 15.319 familias. De estas, la inmensa mayoría, el 77%, se han conseguido suspender antes de llegar la fecha.