Una obsesión lleva meses recorriendo el palacio de la Moncloa. La necesidad de contraponer modelos. Lo repiten insistentemente los colaboradores del presidente Pedro Sánchez cada vez que hay una cita parlamentaria con el objetivo de defender el Gobierno de coalición progresista frente a la hipotética suma de PP y Vox, que ya funciona en Castilla y León. La idea es, en definitiva, confrontar proyectos políticos. Y, ahora, también diferentes formas de actuar contra la corrupción, dicen en Moncloa y en Ferraz, donde hablan de subir el "estándar ético".
Dos casos -en uno- han salpicado las filas socialistas en las últimas semanas. El 'caso Mediador' saltó a la palestra el pasado 14 de febrero, cuando se conoció una presunta trama que ofrecía a empresarios privilegios en materia de contratación pública en Canarias, pero también los extorsionaba a cambio de trato de favor en las inspecciones y las ayudas europeas. De por medio, fiestas con prostitución, alcohol y drogas. Con el epicentro en las islas, salpicó a un diputado socialista del Congreso. Fue expulsado de inmediato. En menos de 16 horas, el partido consiguió que entregase el acta, viendo la dimensión pública que estaba adquiriendo la investigación judicial.
Del Mediador derivó otra investigación, denominada como el 'caso cuarteles'. Se investigan presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de reparación y reformas en 13 cuarteles de la Guardia Civil entre marzo de 2014 y abril de 2019. Sin embargo, no fue este el caso que precipitó la caída de María Gámez, hasta el miércoles la directora general del Instituto Armado. La que fuera la primera mujer al frente del cuerpo presentó su dimisión -presionada por el Gobierno- por la citación de su marido en una ramificación de los ERE de Andalucía.
Una salida que no suele ser habitual al no afectarla a ella directamente, pero que se produce en pleno año electoral, con las elecciones municipales y autonómicas en dos meses. De hecho, en los estatutos del PSOE se establece la suspensión de cargos públicos cuando estén imputados o procesados "en un juicio oral por algún delito contra las administraciones públicas".
La rapidez de actuación en ambos casos es, así, el mayor argumento que utilizarán Moncloa y el PSOE -con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza- contra el PP, que ha visto en las últimas semanas cómo la Justicia ha dictaminado la apertura de juicio oral contra Xavier García Albiol, exalcalde de Badalona y miembro del Comité Electoral del partido. Además, la Audiencia Nacional investiga una presunta trama de blanqueo de capitales y narcotráfico que afecta al marido y al hijastro de la alcaldesa de Marbella y senadora popular, Ángeles Muñoz; y Anticorrupción solicita hasta 15 años de cárcel para el ex ministro del Interior y todavía militante del PP, Jorge Fernández Díaz. Se le atribuyen delitos contra la intimidad, encubrimiento y malversación de fondos públicos por la 'operación Kitchen', que fue el espionaje ilegal puesto en marcha para robar a Luis Bárcenas información incriminatoria para el PP en el 'caso Gürtel'.
"Se pueden confrontar los dos modelos: uno de una exigencia muy alta, el del Gobierno progresista; y el del PP, que es ninguno porque convive con toda naturalidad con los delitos", lanzó el pasado jueves el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. En una entrevista televisada, aseguró que el Ejecutivo hará "todo" lo que esté en su mano para facilitar las investigaciones judiciales, frente a una formación popular que, dijo, "vive tranquila con el delito".
Un día antes, en la moción de censura, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también disparó a discreción. "Ha llegado a hablar de cómo tapamos la corrupción", dijo mirando a la bancada del PP, para continuar: "¿Hablamos de la alcaldesa de Marbella? ¿Hablamos del presidente del Consell de Ibiza? ¿Hablamos de su ministro del Interior?". Todo, para cerrar con un "¿hablamos de cómo es irse de vacaciones con un narcotraficante?", en referencia a la foto del líder de la oposición con el narcotraficante Marcial Dorado, Marcial Dorado, un hecho al que también ha hecho alguna referencia velada el propio Sánchez.
La alcaldesa de Móstoles, la excepción
Eso sí, con más calma se está tomando el PSOE el caso que afecta a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse. Llamado 'caso ITV', data de 2020 y tiene su origen en la querella presentada contra la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Móstoles por la presunta comisión de un delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. La investigación judicial se archivó en primera instancia, pero la Audiencia Provincial de Madrid ha revocado esa situación.
No obstante, la federación socialista madrileña sí esperará en este caso a que se abra juicio oral -si se da el caso- para expulsar a la alcaldesa, que prevé repetir como candidata el próximo mes de mayo.
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