Además de reducir el consumo de combustibles fósiles como el gas y reducir la dependencia de países productores como Rusia, la UE se dispone a dar el siguiente paso en la anhelada autonomía energética y para eso pone los ojos en la búsqueda de materias primas críticas, de minerales esenciales para fabricar desde baterías eléctricas hasta microchips, que hoy en día se producen sobre todo en países terceros, que las venden masivamente a China. Para revertir esta tendencia, la UE busca cerrar acuerdos equitativos con los productores, pero también va a lanzarse a su búsqueda en su propio territorio y la Comisión Europea ha trazado un plan que obligará a los Estados miembros a buscar nuevos yacimientos y explotarlos. Esto supondrá previsiblemente una explosión minera en España, que ya de por sí es una potencia europea en este ámbito, que requerirá adaptar las leyes medioambientales, particularmente para recortar en más de una década los trámites necesarios para abrir y empezar a explotar una mina.

Bismuto, boro, cobalto, cobre, galio, germanio, litio, magnesio, manganeso, grafito, níquel, platino, tierras raras, silicio, titanio y tugsteno. Esta es la lista que enumeró la Comisión Europea en su comunicación a los Estados miembros para la provisión de materias primas críticas en sus propios territorios. En concreto, Bruselas quiere que para 2030 los Estados miembros sean capaces de extraer de su suelo entre el 10 y el 15% de su consumo anual y también procesar en territorio europeo al menos el 40% del consumo, reciclar al menos un 15% del consumo para poder limitar a un máximo del 65% las importaciones. Siempre que sea posible, aclara en su comunicación por lo que respecta a las extracciones. En el caso de España, los geólogos afirman que existe mucho potencial y que en los próximos años habrá una explosión de la actividad minera para buscar y explotar yacimientos de materias primas críticas. 

"España es un gran productor de recursos mineros de la UE", afirma el presidente del Colegio Oficial de Geólogos, Manuel Regueiro, autor de numerosas investigaciones, también para la Comisión Europea, sobre la existencia de estas materias primas críticas en territorio europeo.  "Tenemos un inventario de recursos sin explotar bastante amplio", añade y considera que la búsqueda y extracción de minerales que reclama la Comisión a los países de la UE supondrá un aumento de la actividad minera superior al mayor hecho de momento en España, en los años sesenta.

Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

"En el contexto europeo, España tiene reservas y potencial minero, una gran superficie contrastada y riqueza de muchos minerales", afirman desde el Instituto Geológico y Minero de España (IGME), un organismo dependiente del CSIC y que ya ha empezado a trabajar a las órdenes del Ministerio de Transición Ecológica para identificar dónde están esas vetas.

Andalucía, Asturias, León y Extremadura

España cuenta con unas 2.700 explotaciones mineras activas en un sector que emplea a cerca de 29.000 personas, con un empleo directo e indirecto total estimado en 90.000, y factura unos 3.500 millones de euros al año. Teniendo en cuenta la actividad de extracción y transformación, envuelve a hasta 3.750 empresas, 4.650 explotaciones mineras y fábricas y 320.000 trabajadores. En total, el sector pone en valor cerca de 210 millones de toneladas al año, según Transición Ecológica.

Aún no hay datos detallados a escala, pero de momento el IGME ha elaborado un mapa de la presencia de materias primas críticas en Andalucía, donde por ejemplo se ubica la llamada Fanja Pirítica que se extiende desde Sevilla hacia el oeste hasta el sur de Portugal y están las minas que convierten a España es el cuarto productor europeo de cobre y zinc. Solo en territorio andaluz. el IGME ha identificado yacimientos de antimonio, barita, bismuto, cobalto, estroncio, fluorita, fosfatos, grafito, litio, platinoides, tierras raras, vanadio y wolframio, casi todos en la lista de los nuevos materiales precisos de la Comisión Europea.

Instituto Geológico y Minero de España.

Tal y como tienen identificado el IGME y el Colegio de Geólogos, además en Asturias hay flurorita y barita; de fiorita y artita también hay potencial en toda la cordillera cantábrica y en Andalucía. También hay zinc en Asturias, la cordillera cantábrica y hay proyectos de investigación en El Bierzo, en León. España está entre los primeros productores de estroncio y tiene mucho potencial en bismuto y barita, así como algunos proyectos en marcha para extraer tierras raras. Es el segundo principal productor europeo de níquel y el tercero de tugsteno. Como en el pasado, hay mucho potencial de wolframio y, aunque menos, también hay cobalto y litio, en Extremadura, donde un proyecto llamado Lithium Iberia, de la empresa sacó a final de año a exposición pública el plan para excavar 1,2 millones de toneladas de litio al año en la provincia de Cáceres.

Estos cálculos del potencial minero se basan en que en el pasado ya hubo minas o porque haya "indicios", como se llama en jerga geóloga a la concentración "anómala" de un determinad elemento químico en un determinado lugar. Es necesario que esté muy concentrado para que su explotación sea rentable económica y a la búsqueda de estas vetas prodigiosas está lanzado ya el IGME, por encargo del Gobierno.

Plan nacional

El Gobierno español está de acuerdo con el plan de búsqueda de estas nuevas piedras preciosas y el año pasado aprobó una hoja de ruta "para la gestión sostenible de las materias primas materiales" muy alienada con lo que plantea ahora Bruselas. Entre sus medidas, contempla identificar junto con las comunidades "la situación de las materias primas necesarias para garantizar el abastecimiento de las cadenas industriales asociadas a la transición ecológica".

El siguiente paso será convertirlo en un plan nacional y para eso el Ministerio de Transición Ecológica creó un grupo de trabajo con el sector  minero, las distintas administraciones públicas y organizaciones ecologistas y en breve lanzará una consulta pública para que otras partes interesadas puedan hacer sus aportaciones.

A pesar de que los planes español y europeo son coincidentes, fuentes del Ejecutivo creen que todavía hay que ver cómo quedará el reparto de competencias, porque lo que plantea la Comisión es crear una Junta Europea de Materias Primas Críticas, del que formarán parte también los 27 gobiernos, para coordinar y poner en marcha la puesta en marcha de proyectos de extracción en los países de la UE. Según el plan de Bruselas, será la que determinará qué proyectos -de extracción o de reciclaje- serán considerados estratégicos. Cuando esto suceda, los gobiernos deberán dar luz verde con unas condiciones en las que Bruselas apuesta por aligerar los proceso de autorización. Dentro de eso y en línea con la gran polémica que se han generado en torno a las renovables, pide reducir los procedimientos de audiencia pública entre las partes interesadas.

Acelerar la autorización

"Los proyectos estratégicos se beneficiarán de procesos de autorización más rápidos", dice la Comisión en su propuesta, anticipando algo que se ha revelado especialmente sensible al hilo de los proyectos de energías renovables, la aceleración de los trámites de autorización para abrir o explotar las minas y su convivencia con los  estándares medioambientales. "Aunque se intente acelerar, que tampoco nos saltemos la legislación medioambiental", advierten en el Gobierno español.

En su hoja de ruta, el Gobierno español afirma que "en ningún caso se eximirá del pertinente procedimiento de evaluación ambiental" a las actividades que se deriven de este proceso de identificación de los minerales, incluidas las de extracción. Pero también Transición Ecológica ya se abrió el año pasado a "revisar" y simplificar" el marco de restauración medioambiental de explotaciones mineras porque afirma que en España los requisitos de protección del medio ambiente, de la seguridad, protección de las personas, derechos humanos y transparencia en la actividad minera son especialmente estrictos. Según la ONU, afirma el documento del Gobierno, "el 15% de la superficie terrestre total del planeta cuenta con algún tipo de protección medioambiental. En España el área protegida supone más de un 28% de la superficie terrestre total". Es decir, casi el doble.

Transición Ecológica ha solicitado unas "consideraciones previas" al grupo de trabajo sobre materias primas críticas y organizaciones como Greenpeace han advertido de la necesidad de mantener los estándares medioambientales en la autorización de nuevas minas y en la conveniencia de que, además de la extracción, se recurra a minerales que ya salen de las existentes y, sobre todo, de incidir en la reducción del consumo de estos elementos -y los productos para cuya fabricación se utilizan- más que en lanzarse a una carrera para poder replicarlos en la misma cantidad con materiales sostenibles.

Según la responsable de Minas de Greenpeace, Sagrario Monedero, su mensaje al Ministerio es que "se necesita un proceso de evaluación ambiental pero también que se está empezando la casa por el tejado" porque se habla demasiado de nuevas materias primas pero de aquellas que se podrían "reutilizar", en una estrategia que también cuenta con el reciclaje como elemento de la economía circular. "Tendrá que haber nuevas extracciones mineras y ver que sea de la mejor forma pero pasando por la participación de la población afectada y de la manera que sea lo más sostenible posible", zanja. 

Bajando al terreno, los geólogos creen que la legislación española en materia de permisos es demasiado rígida y demora mucho años más el proceso para tener autorización para explotar una mina. "Tenemos una legislación muy compleja y ahora se están intentando agilizar los trámites administrativos", dice en el IGEM en relación a unas leyes que en España "son muy garantistas medioambientalmente". 

El Colegio Oficial de Geólogos pone cifras a los trámites y da la bienvenida al plan europeo sobre materias primas críticas porque "va a suponer un impulso para los proyectos mineros ya existentes y para nuevos desarrollos", pero que "choca frontalmente con las legislaciones nacionales en la materia".

Según la propuesta de Bruselas, cuando la Junta europea que Bruselas prevé crear declare que un proyecto minero es estratégico, los Estados miembros deberán aprobarlo en un plazo máximo de dos años si son de explotación y de un año si son de procesado o reciclado.

"Actualmente, la media de tiempo que se tarda en Europa en poner en marcha una explotación minera es de 15 años, fundamentalmente por retrasos en la tramitación medioambiental", subraya el Colegio de Geólogos, que espera que ahora "se agilicen" estos plazos.