Tomás tiene 74 años. Vive desde hace más de 30 años con su mujer en una de las viviendas que se incluyeron en el Plan 18.000 y que está situada en el distrito madrileño de Arganzuela. Convertirse en titulares superficiarios de la casa fue un auténtico esfuerzo para esta pareja. Sabían que era un sacrificio, pero, dadas las condiciones económicas que firmaron al comprar el piso, tenían la esperanza de poder pagar el importe del suelo con el paso del tiempo. Tenían 75 años de plazo para hacerlo. Sin embargo, es un sueño destruido. Su casa perdió la calificación de protección oficial (VPO) el año pasado, por lo que la tasación del terreno que ha hecho el Ayuntamiento del terreno hace que le sea "imposible" abonar la cantidad correspondiente.

Es uno de los vecinos que ha estado presente durante la concentración que han convocado desde la Plataforma de Afectados por el Suelo del Plan 18.000 este miércoles mientras se celebraba la Comisión Permanente de Desarrollo Urbano y Obras y Equipamientos. Entre silbatos, gritos como 'Almeida escucha, no somos una hucha' o 'Manos arriba, esto es un atraco' y pancartas en las que se podía leer 'Precio justo por el suelo de nuestra casa', decenas de afectados por la subida del coste de los terrenos han puesto de manifiesto frente a la Casa de la Villa su descontento. 

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Llevan varias semanas denunciando la tasación que el área municipal de Desarrollo Urbano ha hecho del suelo de las vivienda del Plan 18.000. Hace más de 30 años, estos vecinos compraron el derecho superficiario de unas viviendas de protección oficial (VPO) sobre las que el Ayuntamiento mantiene la titularidad de las parcelas durante 75 años, según se estableció en el Plan 18.000. A través de los diferentes pliegos que se han publicado desde 1996, los residentes han podido a optar a la compra de los terrenos y así ser plenos propietarios de sus casas. No todos han tenido la capacidad económica para hacerlo en el momento de estas publicaciones, por lo que han dejado pasar el tiempo hasta poder pagar el precio correspondiente

Sin embargo, los Acuerdos de la Villa de julio de 2020 cambiaron la forma de tasar estas parcelas. Y es que impiden la enajenación por parte del Ayuntamiento de Madrid del suelo protegido. Esto se traduce en que el Ejecutivo municipal debe esperar a que obtengan la descalificación para poder ponerlos a la venta y deben hacerlo a precio de mercado libre. Esta situación ha provocado que terrenos que antes no superaban los 30.000 euros ahora se sitúen en 150.000, un coste "inasumible" para la mayor parte de los residentes. La única manera de cambiar esta situación sería a través de un nuevo acuerdo de los grupos municipales que volviese a permitir la venta de las parcelas protegidas.

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Una amargura mayor para los pensionistas

"Mi caso es muy particular", explica Tomás. Él y su mujer presentaron toda la documentación que pedía la Administración para comprar el suelo en el concurso que se publicó en 2013 y que tenía de duración hasta el 2018. Cumplieron con los plazos establecidos, puesto que entregaron los papeles necesarios a principios de 2017. Sin embargo, no fue suficiente y no tuvieron la oportunidad de optar a ser propietarios por completo de sus viviendas.

"El pliego de condiciones se cerró en febrero de 2018, cuando la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) nos dijo que no habíamos entrado en plazo porque habían tenido problemas con el sistema informático para valorar el suelo", indica. Se plantearon denunciar la situación, pero prefirieron esperar a que saliese publicado el siguiente pliego y volver a presentar toda la documentación. 

Hoy se arrepiente de no haberlo hecho y haberse resignado a esperar. Sin embargo, en aquel momento no sabían que el acuerdo al que llegaron los partidos en el Pleno municipal de diciembre de 2017 y que tenía un plazo de cinco meses para publicarse nunca iba a llegar. "Ese pliego no ha existido", reclama Tomás.

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Cinco años después, ha llegado una nueva valoración del suelo. Su intención era volver a entregar toda la documentación requerida. No obstante, al ver la tasación que el Ayuntamiento ha hecho de su parcela se ha dado cuenta de que comprarla no es una opción para él. "Por mi suelo, me piden 195.000 euros, más 27.000 euros por el garaje y todo ello sumado al IVA", comenta. Esto supondría para Tomás un desembolso de 234.000 euros, es decir, "un 800% más que en el último pliego, cuando la media estaba en 30.000 euros". 

Por esto motivo, se ha visto obligado a descartar la compra de la parcela, puesto que para ello tendría que pedir un préstamo al banco, algo que parece complicado dada su edad. "Yo tengo 74 años. Tendría que meter todos mis ahorros en la compra del suelo, que no son suficientes ni muchísimo menos, así que también tendría pedir un préstamo", indica. "A ver qué banco va a dármelo con la edad que tengo", añade.

No es el único que se encuentra en esta situación. La mayor parte de la gente que ha participado en la concentración de este miércoles están cerca de cumplir la edad de jubilación o ya son pensionistas. "El señor Almeida está especulando con el suelo de colectivos pensionistas", denuncia Tomás. "El Ayuntamiento de Madrid nos está amargando la jubilación y los últimos años de vida", se queja. "Es una vergüenza", concluye.