El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) incoó este lunes un caso penal contra el fiscal y los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por la orden de arresto emitida el pasado viernes contra el presidente ruso, Vladímir Putin.

"La persecución penal tiene un deliberado carácter ilegal, ya que no hay motivos para imputar una responsabilidad criminal", informó en su comunicado el CIR, órgano extrajudicial que depende directamente del Kremlin.

La nota oficial menciona los nombres del fiscal, Karim Ahmad Khan, y los tres jueces del CPI: Tomoko Akane, Rosario Salvatore Aitala y el costarricense Sergio Gerardo Ugalde Godínez.

El CIR acusa a Khan de adoptar una "decisión ilegal sobre el arresto del presidente de la Federación Rusa" y la Defensora de los Derechos del Niño, María Lvova-Belova.

Según dicho órgano, las acciones del fiscal contienen indicios de delitos contemplados por el código penal ruso, entre otras cosas, por adoptar medidas contra el representante de un Estado protegido por las normas internacionales "con el fin de entorpecer las relaciones internacionales".

Subraya que, según las convenciones internacionales, los jefes de Estado tienen "inmunidad absoluta" con respecto a la jurisdicción de otros países.

Nada más emitirse el viernes la orden de arresto, el jefe del Comité de Instrucción, Alexandr Bastrikin, amigo personal de Putin, ordenó lanzar una investigación sobre lo que llamó "emisión ilegal por parte de la CPI de una orden de arresto contra un ciudadano ruso".

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, tachó la orden de "indignante" e "inadmisible".