El Gobierno francés, que se ha marcado el objetivo de construir media docena de reactores nucleares que deben entrar en servicio entre 2037 y 2050, afirma que ese ritmo, que será posible gracias a una flexibilización de los procedimientos, no se hará sacrificando la seguridad. "La aceleración no se hará a costa de la seguridad de nuestras instalaciones presentes y futuras", subrayó este lunes la ministra de la Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, en un discurso introductorio sobre un proyecto de ley destinado a esos reactores ante la Asamblea Nacional (cámara de diputados).

La ministra defendió uno de los puntos más polémicos de este proyecto de ley para acelerar los procedimientos para la construcción de nuevas instalaciones nucleares, que es la absorción del Instituto de Radioprotección y de Seguridad Nuclear (ISRN), un organismo de control técnico, por la Autoridad de Seguridad Nuclear (ASN), el gendarme del sector. Explicó que lo que se propone es ampliar las competencias de la ASN y ponerlas bajo el estatuto de una autoridad administrativa independiente, como ocurre en Estados Unidos o en Canadá.

De esa forma, la ASN se convertiría en "la segunda autoridad de seguridad en el mundo en términos de medios humanos y financieros con una credibilidad científica que quiero que esté intacta". La izquierda y representantes de los 1.700 empleados del ISRN consideran que la desaparición de esa entidad y su integración en la ASN significará una pérdida de la independencia de sus expertos para advertir o señalar posibles problemas.

En los últimos días se han hecho públicos nuevos problemas de fisuras en las tuberías del sistema de refrigeración de dos centrales nucleares, las de Penly y Cattenom, vinculados con los cambios de temperatura en el metal. Este problema se añade a otro de corrosión de tuberías descubierto en octubre de 2021 en una parte importante del parque de reactores atómicos franceses, que ha conducido al parón durante meses de buena parte de esos reactores y a unas pérdidas históricas en 2022 de la compañía eléctrica estatal que las gestiona, EDF.

Coincidiendo con el inicio de la tramitación en la Asamblea Nacional de este proyecto de ley (que ya fue probado por el Senado), la líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, presentó en una conferencia de prensa su programa para dar a la energía nuclear una aceleración todavía mayor a la del Gobierno. En su plan nuclear, Le Pen suprimiría los 4.500 millones de euros de subvenciones anuales a la energía eólica y solar y anularía todos los proyectos en proceso de construcción para estas energías renovables.

Además, sacaría a Francia del mercado eléctrico europeo para liberarse del sistema de precios marginalista para ajustarlos a los costos de producción y en su lugar establecería acuerdos bilaterales para poder mantener los intercambios de corriente con los países vecinos, que son los que han permitido el pasado otoño y en invierno evitar los apagones por la falta de producción propia. La jefa de la extrema derecha igualmente anularía el cierre de los reactores más antiguos (incluso pretende reabrir en 2024 la central de Fessenheim, que dejó de producir en 2020). Sobre todo, construiría una decena de nuevos reactores nucleares de tipo EPR que entrarían en servicio a partir de 2031, a los que se añadirían otros diez a partir de 2036.