Una anciana de 85 años, viuda desde hace siete y con una discapacidad del 80 por ciento que compromete su movilidad, duerme desde hace casi dos años en un pasillo de un centro sociosanitario de Las Palmas de Gran Canaria para estar cerca del hijo que tiene ingresado en su unidad de salud mental al ser su única familia cercana, ya que sus otras dos hijas viven fuera de las islas. 

Con esta situación de desamparo, la protagonista de esta historia, difundida por el periódico Canarias 7, prefiere quedarse a vivir en el centro sociosanitario El Pino, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, y pernoctar en una butaca o en la cama plegable que le han cedido sus responsables, a estar sola en su casa.

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Una situación excepcional a la que, tanto la Consejería de Políticas Sociales del Cabildo de Gran Canaria como la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno canario y la Fiscalía, tratan de dar una respuesta, que podría pasar por el ingreso no voluntario de la anciana en este centro sociosanitario. Para ello, se precisa que el Instituto Anatómico y de Ciencias Forenses valore a esta mujer y emita un informe, una tarea que los trabajadores sociales creen que se presenta difícil ante la dificultad de hacerle llegar una cita a una casa en la que no vive. 

Francisca M., quien percibe una pensión, no puede acceder por los cauces ordinarios a una plaza residencial en este centro público de gestión privada, pese a su dependencia grado I y su discapacidad del 80 por ciento que le lleva a ayudarse de un andador para caminar, al no cumplir los requisitos, según explica la consejera insular de Políticas Sociales, Isabel Mena.