La vuelta de las reglas fiscales europeas a partir del año que viene exigirá un ajuste en las cuentas públicas españolas de alrededor de 14.000 millones de euros que deberá consolidarse en años sucesivos. Así se desprende de un cálculo elaborado por 20minutos que toma como referencia el déficit esperado para España en 2023 por el propio Ejecutivo (un 3,9% del PIB previsto este año, o lo que es lo mismo unos 54.886 millones de euros). 

Si el Gobierno quiere rebajar el desequilibrio en las cuentas hasta el 3% del PIB -el máximo permitido por Bruselas- deberá reducir la brecha entre lo que ingresa y gasta el país hasta llevarla al entorno de los 42.200 millones. Sin embargo, esta tarea no es sencilla. En primer lugar, porque en ese proceso de ajuste el Gobierno no puede reducir el gasto en intereses por el pago de la deuda, que está previsto que alcance el 2,4% del PIB (33.800 millones o el 61% del déficit previsto este año) Hacerlo, implicaría impagar a los acreedores de España, con el consiguiente daño reputacional para el país.

El ajuste se tendría que limitar a lo que podríamos llamar 'déficit puro': es decir, la diferencia entre lo que ingresan las administraciones públicas y lo que gastan excluyendo los intereses de la deuda. Un montante que este año se prevé que alcance los 22.500 millones (1,6% del PIB). Esta cifra, que se conoce en el argot contable como balance primario, tendría que reducirse hasta 8.400 millones para que el desequilibrio en las cuentas caiga al 3% del PIB. De ahí, los 14.000 millones de ajuste necesario para cuadrar las cuentas. 

Para poner en contexto la cifra, 14.000 millones son, en términos presupuestarios más de lo que se gastará en política de defensa este año (12.827 millones) y algo menos que los 14.623 que la Seguridad Social se dejará en abonar las prestaciones no contributivas (complementos a mínimos de las pensiones, pensiones no contributivas, el ingreso mínimo vital, prestaciones familiares y otras).

Tres años para cuadrar las cuentas

Aunque esos 14.000 millones pueden parecer muy alta hay que tener en cuenta que Bruselas no exige cuadrar las cuentas inmediatamente. El Gobierno tiene de margen hasta 2026 para acometer este ajuste, que se puede realizar aumentando ingresos (es decir, subiendo impuestos), recortando gasto o mediante una combinación de ambas. Sin embargo, el Ejecutivo deberá detallar cómo pretende hacer el ajuste mediante un plan (Programa de Estabilidad) que se enviará a Bruselas antes de que concluya abril. Y en él, el Gobierno deberá convencer a la Comisión Europea de que las medidas que propone son suficientes para que el déficit no supere el 3% del PIB a medio plazo.

Bruselas pide a los gobiernos que ajusten sus presupuestos para la vuelta de las reglas fiscales el año que viene

En principio, si el panorama económico acompaña, España tiene cierto margen para cuadrar las cuentas. El objetivo parece viable, o al menos así lo ve la presidenta de la Airef, Cristina Herrero. "Alcanzar ese 3% [de déficit sobre el PIB] podría ser razonable, toda vez que ese ajuste viene dado si se eliminan las medidas de apoyo. Si el crecimiento económico acompaña un poquito sí parece factible", señalaba el miércoles la máxima responsable de la autoridad fiscal independiente. Según el Banco de España, el plan de apoyo del Gobierno a familias y empresas frente a las consecuencias de la guerra y la inflación supondrá un gasto de entre 11.400 y 13.875 millones de euros este año. Una cifra muy similar a los 14.000 millones de ajuste necesario.

Sin embargo, todo apunta a que este ajuste quedará en manos del Gobierno que salga de las urnas tras las próximas elecciones generales previstas para diciembre. En principio, el Ejecutivo actual no tiene previsto presentar presupuestos para 2024, lo que provocaría una prórroga de las cuentas públicas aprobadas para este año.

El gran problema de la deuda

Sin embargo, aunque se logre embridar las cuentas para cumplir con la exigencia del 3% de déficit antes de 2026, los problemas fiscales no desaparecerán. La Airef estima que, en ausencia de medidas adicionales por parte del Gobierno, "difícilmente" se conseguirá reducir el déficit más allá de ese 3% del PIB  y la deuda de un 100%. 

En este sentido, conviene recordar que las reglas fiscales europeas establecen un límite máximo de deuda del 60% del PIB, un umbral que actualmente incumplen 13 Estados miembros. Y, aunque la norma no obliga a rebajar la deuda a ese 60% del PIB en tres años (algo que resultaría imposible sin desmantelar el Estado del bienestar), sí exigen que se fijen objetivos para asegurar que la reducción de deuda es "plausible y continua".

La deuda española alcanzaba en el tercer trimestre de 2022 el 113% del PIB. Para reducirla al 60%, la ratio tendría que bajar prácticamente a la mitad. Algo que en términos monetarios implica pasar de una deuda de unos 1,5 billones de euros a finales de 2022 a alrededor de 800.000 millones.

Todo ello en un contexto en el que la hacienda pública enfrenta un futuro lleno de retos presupuestarios. El envejecimiento, con el gasto en pensiones y sanidad que trae aparejado, la transición ecológica o la digitalización son desafíos que potencialmente tensionarán las cuentas públicas durante los próximos años. Elementos que se juntan en el corto plazo con las fuertes subidas de tipos de interés, que han encarecido sustancialmente el precio que pagan los Estados por financiarse.