Malestar en el consumidor por la inflación y la inacción del Gobierno ante los fraudes: "La situación de vulnerabilidad alcanza cotas históricas"

Consumidores realizando sus compras en un mercado de abastos.
Consumidores realizando sus compras en un mercado de abastos.
ALBIR / EFE

Los consumidores españoles celebran este miércoles el Día Mundial de los Derechos del Consumidor en un momento muy complicado y en el que su confianza se ha desplomado más de 18 puntos debido "al retroceso de la valoración de la situación actual en el último año y al descenso en las expectativas de futuro".

Por un lado, el coste de la vida se ha incrementado hasta niveles que no se han visto en nuestro país en décadas. Según los últimos datos del INE, en el último año los precios han subido de media un 6% -llegó a alcanzar en verano su máximo histórico del 10,8%- y es especialmente preocupante la escalada en el coste de los alimentos, que se ha situado en el 16,6%. 

Esta situación, a la que ha contribuido con una especial relevancia el aumento del coste de la energía, ha provocado que adquirir cualquier producto o servicio se haya encarecido mucho en muy poco tiempo. 

Por otra parte, los consumidores siguen sufriendo los problemas de siempre: los relacionados con compañías que no ofrecen en ocasiones un servicio adecuado y que luego ponen en práctica toda su maquinaria para ocultar irregularidades o fraudes de ley

"Se ha incrementado el malestar del consumidor y la falta de confianza por parte de estos ante una escalada de precios de todos los sectores que no entienden ni pueden afrontar. La situación de vulnerabilidad de los consumidores en estos momentos alcanza cotas históricas. Hacía mucho tiempo que no estábamos en esta situación y eso implica auténticos quebraderos de cabeza para los consumidores españoles que difícilmente llegan a fin de mes en un porcentaje muy elevado", opina a 20minutos Miguel Ángel Ruiz Arillo, presidente de la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

"La ausencia de multas o la ridícula cuantía que se aplican no es un acicate para que las grandes empresas dejen de cometer irregularidades"

Por su parte, el secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, critica "la inacción del Ministerio de Consumo y las autoridades de protección al consumidor autonómicas ante los fraudes masivos". "La ausencia de multas o la ridícula cuantía de las pocas que se aplican no representa precisamente un acicate para que las grandes empresas dejen de cometer irregularidades con los consumidores".

Sánchez llama la atención sobre la reciente denuncia de su organización contra ocho cadenas de supermercados por no respetar durante al menos cuatro meses, como marca la ley, la congelación de precios de los productos básicos afectados por la bajada del IVA. "Hemos denunciado ante Competencia pero las denuncias que interpusimos en enero aún no han tenido respuesta", explica. 

La OCU, en este sentido, y ante el sobrecoste de 924 euros que ha experimentado en el último año la cesta de la compra, pide que "se extienda la rebaja del IVA de los alimentos a la carne y el pescado, así como el aumento del cheque social destinado a paliar los efectos de la subida de precios en la economía de los hogares, especialmente de los más vulnerables".

Además, la organización solicita "una subida de los mínimos personales y familiares en el IRPF (y de las reducciones del trabajo y de autónomos), que corresponden precisamente a la parte de la base liquidable que, por destinarse a satisfacer sus necesidades básicas personales y familiares, no se somete a tributación; y que de hecho no sea han actualizado desde 2015. Esta medida beneficiaría a todos los contribuyentes, pero sobre todo a pensionistas, familias con hijos a cargo y discapacitados".

Sectores con más reclamaciones

En líneas generales, empresas de telecomunicaciones, bancos, compañías energéticas y aerolíneas acaparan la mayoría de las reclamaciones y quejas de los ciudadanos, según las consultas realizadas por este medio a distintas asociaciones de consumidores. 

"En 2022 al igual que otros años, el sector más consultado, ha estado en Consumo de Bienes y Servicios, y dentro de este en primer lugar los sectores energéticos de luz, gas y electricidad (15,27% del total de expedientes gestionados). Y en segundo lugar los servicios financieros (15,11%)", señalan desde la OCU, que el año pasado recibió hasta 230.550 consultas sobre reclamaciones. 

En el caso de Facua, en 2022 gestionó 53.448 consultas y reclamaciones con el sector del automóvil (23%), la energía (15,2%) y la banca (13,3%).

El motivo de que los vehículos hayan alcanzado la primera posición el año pasado se explica por la campaña impulsada por la asociación para ayudar a los consumidores a reclamar el dinero cobrado de más al comprar sus vehículos entre los años 2006 y 2013 como consecuencia del cártel de más de una veintena de fabricantes que ya sancionó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)

¿Cuáles son las quejas más frecuentes?

En lo respecta a las quejas más frecuentes en estos últimos tiempos, en las compañías de luz y gas, por ejemplo, son habituales las denuncias por irregularidades en los recibos, subidas tarifarias contrarias a la legislación, la no entrega de facturas durante meses o los problemas que surgen cuando un cliente decide cambiar a la tarifa reguladas de luz y gas, actualmente más económica que la del mercado libre. 

En el sector bancario, las reclamaciones se centran en la negativa a devolver gastos de formalización de hipotecas cobrados ilegalmente, la aplicación de intereses abusivos en préstamos, fundamentalmente a través de las tarjetas revolving y el cobro irregular de comisiones.

"Durante el último año han aumentado las denuncias ante las dificultades que encuentran los consumidores para que los bancos les devuelvan cargos fraudulentos en sus tarjetas y cuentas, fundamentalmente como consecuencia del robo de datos por parte de terceros", precisa Facua. 

En cuanto a los servicios de telecomunicaciones, son comunes las quejas por incumplimientos de ofertas, subidas fraudulentas de tarifas, el cobro de servicios no solicitados y la dificultad para darse de baja.

Por último, la inmensa mayoría de reclamaciones contra aerolíneas por no abonar a los pasajeros las compensaciones que marca la legislación europea ante cancelaciones y grandes retrasos.

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