La Comisión Europea ha ampliado el plazo para dar su primera opinión sobre la fusión entre Orange y MásMóvil hasta el 3 de abril, frente al 20 de marzo que se había fijado anteriormente.

En esa fecha, Bruselas determinará si acepta la operación sin condiciones, o, como es más probable dada la complejidad del mercado y el tamaño de la transacción, la envía a la fase 2, que engloba una investigación en profundidad.

Orange y MásMóvil trabajan con esta hipótesis, ya que no esperan un cierre de la operación hasta la segunda mitad del año, si bien los operadores, y otros actores del sector como Telefónica, han defendido que la operación debe aprobarse sin condiciones o desinversiones obligatorias, las conocidas como 'remedies'.

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El argumento de esta parte es que si Bruselas refuerza a un cuarto operador con una venta obligatoria de activos de Orange y MásMóvil, se generará otra situación de guerra de precios y presión competitiva que dificultará el despliegue de las inversiones necesarias para el 5G y la fibra óptica.

Empresa valorada en casi 20.000 millones

La operación de fusión crearía una empresa valorada en casi 20.000 millones de euros, que superaría a Telefónica en clientes particulares de móvil y banda ancha, si bien no en ingresos, lo que terminaría también con algunas obligaciones a las que está sujeta el exmonopolio.

En concreto, el nuevo grupo sería el primero por clientes de España con 7,1 millones de usuarios de servicios fijos y 20,2 millones de líneas móviles frente a los 5,8 millones de banda ancha fija y algo menos de 16 millones móviles de Telefónica.

Además, la red de fibra óptica del grupo superaría las 16 millones de unidades inmobiliarias y el espectro 5G en la banda de 3,5 GHz de MásMóvil reforzaría el liderazgo de Orange en este apartado.

Con la fusión, las partes esperan alcanzar una escala industrial que facilite el despliegue del 5G y genere sinergias de más de 450 millones de euros a partir del tercer año tras el cierre de la operación.