El anuncio de la marcha de Ferrovial ha levantado una enorme tormenta política con acusaciones de todo tipo. Hay que precisar que se trata de un cambio de sede social, no fiscal, la cual seguirá en España, y que sus acciones seguirán cotizando en el Ibex. Como ha declarado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Ferrovial ya no tributaba por la facturación que obtenía fuera de nuestro país, que rondaba el 80%, mientras aquí seguirá pagando la parte restante. No parece que sean los beneficios fiscales los que expliquen su decisión. Se calcula que solo podrá ahorrarse unos 8 millones anuales por la no tributación de plusvalías y dividendos repatriados, que en Países Bajos no se paga. Es una cifra pequeña para una multinacional como Ferrovial, sin olvidar que, por otro lado, allí el impuesto de sociedades es algo superior al español, así como también la retención fiscal que se efectúa a los ejecutivos con sueldos elevados. Por tanto, las razones hay que buscarlas en otra parte.

Los análisis más rigurosos apuntan a que los motivos son puramente empresariales. Su negocio genera una rentabilidad muy pequeña (con elevada deuda, muchos activos intangibles y poca capacidad de generar caja). Si quiere sobrevivir necesita situarse en un mercado más desarrollado como el norteamericano, ya que el salto a Países Bajos es una pasarela para aterrizar en Wall Street, donde la empresa podrá estar más capitalizada para seguir creciendo. Además, su posición como constructora y concesionaria en el mercado estadounidense ya es muy importante, y quiere aprovecharse del plan de inversiones de la administración de Joe Biden. Aunque irse allí es también una apuesta arriesgada. Ahora bien, la forma de comunicar esa decisión ha sido errónea y el Gobierno de Pedro Sánchez tiene razones para sentirse molesto. No se puede sugerir que en España falta seguridad jurídica, menos aún por parte de una empresa que ha crecido gracias a las adjudicaciones públicas (en Cataluña, no lo olvidemos, fue sospechosa de financiar el 3% de CDC). O que aquí hay una legislación contraria a las empresas, cuando nuestra economía es de las más abiertas de Europa, como lo muestra la presencia de tantísimas multinacionales.

El Gobierno carga con dureza contra Ferrovial pero los socios difieren en la respuesta a su traslado fuera de España

Es lamentable que la decisión de Ferrovial, mal comunicada e inoportuna a dos meses de unas elecciones, se instrumentalice. La oposición para cargar contra el Gobierno, casi alegrándose de que la imagen de España se deteriore. Y desde Unidas Podemos para desempolvar un lenguaje antiempresarial, con Ione Belarra llamando a Ferrovial «pirata», entre otras cosas. No hay que equivocarse con las verdaderas razones de su marcha ni exagerar sus consecuencias, sino reflexionar sobre cómo se puede mejorar la competitividad empresarial.