El general de la Guardia Civil en prisión por su implicación en el "caso Mediador", al que el propio Servicio de Asuntos Internos del cuerpo señala como perceptor de sobornos de empresarios, les dijo a sus colaboradores que tenía que pensar en su futuro ante su inminente jubilación: un futuro en el que iba a cobrar 4.500 euros menos al mes.

El general de División, Francisco Espinosa Navas, había dedicado los últimos años de su carrera, de 2017 a 2021, a dirigir en África un proyecto de la Comisión Europea orientado a ayudar a los gobiernos de Mauritania, Burkina Faso, Mali, Níger, Senegal y Chad a mejorar la seguridad en la franja del Sahel, creando equipos inspirados en los grupos de acción rápida de la Guardia Civil española, los GAR.

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En ese proyecto, Espinosa no cobraba de la Guardia Civil, sino del organismo español que lo administraba: la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Pública (FIIAPP), una entidad pública ligada a la cooperación internacional bajo la tutela de un patronato encabezado por la vicepresidenta primera del Gobierno y los ministros de Asuntos Exteriores y Justicia.

El general tenía una fecha marcada en el calendario: el 11 de enero de 2021. Ese día pasaba a la situación de retiro dentro de la Guardia Civil, al cumplir la edad reglamentaria, pero ya había anunciado a sus colaboradores en la trama que iba a seguir ligado al proyecto GAR-SI Sahel unos meses más, hasta junio de ese mismo año, cuando ya debía adquirir definitivamente la condición de jubilado.

7.563 euros fue su último suelo en mayo

En un atestado enviado el pasado 8 de febrero a la juez de Santa Cruz de Tenerife que instruye la causa, el Servicio de Asuntos Internos reseña que las últimos ingresos de Espinosa en sus cuentas bancarias por su nómina en la FIIAPP, ya retirado para la Guardia Civil, fueron las siguientes: 7.442 euros en dos pagos en enero de 2021, 6.993 euros en febrero, 6.993 en marzo, 9.738 en abril y 7.563 en mayo. En junio cobró de la misma entidad una "indemnización" de 32.026 euros y el agosto, un "finiquito" de 12.308.

A partir de julio, el general Espinosa se convirtió legalmente en un jubilado más y sus retribuciones se redujeron a la tercera parte, a los 2.553 euros de su pensión a cargo de la Seguridad Social.

"Tenía que buscarse un porvenir para él y para su amante"

Según figura en parte de las conversaciones recogidas en las diligencias judiciales, Espinosa sabía lo que iba a ocurrir y habló de ello con algunos de los implicados en el "caso Mediador".

Lo dice, en concreto, el intermediario que da nombre al caso, Marcos Antonio Navarro Tacoronte, que en una conversación con otro de los implicados explica que Espinosa "pensaba en su futuro económico, porque se iba a jubilar y tenía que buscarse un porvenir para él y para su amante", a la que intentó que contratara con un sueldo mensual de 3.000 euros uno de los empresarios que pedía sus favores.

Navarro Tacoronte declaró durante la instrucción que él mismo le entregó al general sobres con cantidades en efectivo que iban desde los 1.500 a los 3.000 euros, dinero todo ello aportado por los empresarios pensando en beneficiarse de sus influencias, bien para conseguir negocios, bien para quitarse de encima al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

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A Espinosa le gustaba Cabo Verde y presumía de contactos en ese archipiélago africano. De hecho, a uno de los empresarios implicados le prometió conseguirle un contrato de instalación de placas solares en Cabo Verde y Mozambique por valor de 35 millones de euros. Su tarifa: 3,5 millones, el 10 % del negocio, en concepto de "gastos de representación".

El pasado 10 de febrero la juez María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres ordenó a la Guardia Civil registrar sus tres domicilios, en Madrid, Sevilla y Punta Umbría (Huelva), y que lo detuviera por delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal organizado.