El escándalo de los trenes de vía estrecha en Asturias y Cantabria ha provocado este lunes la dimisión de la secretaria de Estado del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el presidente de Renfe, Isaías Táboas. Tras descubrirse que la fabricación de los 31 trenes de ancho métrico adjudicados por Renfe a CAF en 2020 para renovar la flota que presta servicio de Cercanías y Media Distancia en Asturias, Cantabria, País Vasco, Galicia, Castilla y León y Murcia se iba a demorar por un problema en su diseño, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha aceptado ambas renuncias y ha trasladado a ambos su reconocimiento y agradecimiento por el trabajo desempeñado en sus respectivos cargos.

Según ha informado este lunes el ministerio, el relevo de estos dos cargos permitirá poner en marcha "un cambio", con el que se quiere comenzar "una nueva etapa" en la Secretaría de Estado y en el operador ferroviario. Para sustituir a Pardo de Vera y Táboas, la ministra ha optado por dos perfiles históricos del PSC y el PSOE de Madrid: el catalán Raül Blanco será el nuevo presidente de Renfe y el madrileño David Lucas liderará la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sus cargos serán aprobados el martes por el Consejo de Ministros. 

Las dos dimisiones se han producido tras conocerse que los trenes que se diseñaban eran demasiado grandes para atravesar los túneles de las vías ferroviarias en Cantabria y Asturias. Motivo por el cual Raquel Sánchez se reúne este mismo lunes con los presidentes de ambas comunidades, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón respectivamente, para aclarar el motivo de los errores que provocarán una demora de dos años en el proyecto. 

Renfe contrató dichos trenes en 2020 (momento en el que Pardo de Vera presidía Adif) para los túneles de la red de ancho métrico (antigua Feve) y, en 2021, la empresa CAF alertó a de que las medidas de los trenes (que aún no han comenzado a construirse) eran erróneas. Sin embargo, esta información no salió a la luz hasta el 24 de enero de este año, cuando el diario gijonés El Comercio la destapó. Una vez detectado el problema, se empezó a buscar una solución, que finalmente será el "método comparativo" recogido en la norma europea EN 15273, que consiste en utilizar como referencia para el rediseño de los trenes el modelo que actualmente circula por las líneas de ancho métrico.

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Para emprender esta estrategia, el ministerio de Sánchez aprobó de forma urgente el pasado sábado una reforma legal para incluir la referencia explícita a esta norma europea en la vigente orden ministerial (OM) de 2015. El método comparativo "permitirá optimizar el diseño y el aprovechamiento de la sección transversal disponible en la red de ancho métrico", según el Ministerio, que ha aclarado que no se ha fabricado ningún tren, ya que las "incongruencias" se detectaron en las primeras fases del diseño de las nuevas unidades. La cartera de Transportes asegura, además, que "no se ha malgastado ningún euro de los españoles".

Una afirmación que podría verse en entredicho si la empresa CAF, a la que se adjudicó el proyecto por 190 millones de euros (a los que se deben añadir otros 68 millones por mantenimiento y seis trenes de cercanías), exige una compensación extra por el rediseño de los trenes. Hay una investigación abierta para tratar de depurar responsabilidades por este error que retrasará la puesta en funcionamiento de los trenes hasta 2026. La culpa podría recaer sobre la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), Renfe o Adif. 

Los presidentes de Asturias y Cantabria, Adrián Barbón y Miguel Ángel Revilla, han asegurado a la entrada de la reunión con la ministra de Transportes que no se les había informado de las dimisiones de Táboas y Pardo de Vera, y han señalado que exigirán al ministerio plazos concretos para solucionar el problema, así como "la gratuidad absoluta" para los usuarios de los actuales servicios ferroviarios de cercanías en estos territorios. 

El presidente de Cantabria ha criticado no solo que la adjudicación se hiciera "sin medir los trenes ni los túneles", sino que "durante dos años y pico lo sabían y no han dicho nada"; mientras que el de Asturias ha calificado la situación de "un escándalo que no admite otro calificativo que bochorno y vergüenza". Ambos dirigentes autonómicos habían pedido a la ministra de Transportes que se depurasen responsabilidades. Es más, tanto Barbón como Revilla han proclamado que si no consiguen compromisos concretos en la reunión con Raquel Sánchez, los dos Gobiernos autonómicos seguirán "en la lucha" y "de la mano" en sus reivindicaciones.