El Gobierno ha puesto en marcha un proyecto de acogida remunerada y especializada a niños y adolescentes con problemas de salud mental o de conducta tutelados por el Estado. Se trata de un plan financiado con fondos europeos que se desarrollará en cuatro comunidades autónomas durante los dos próximos años de forma experimental, con el objetivo de que luego pueda extenderse a todo el territorio nacional. 

El programa, bautizado como 'Redes AFE: Acogimiento Familiar Especializado', ha sido impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, el cual, en colaboración con otras entidades, aspira a avanzar hacia la "desinstitucionalización" de los cuidados. En este caso, el fin es garantizar la inclusión y el desarrollo pleno en la vida cotidiana de aquellos menores que se encuentran en centros de acogida residencial y que, por el daño sufrido anteriormente en su vida personal, por los traumas que arrastren, les está siendo más complicado adaptarse a su entorno. 

Así, el proyecto pretende reparar las vivencias traumáticas e inseguridades de estos niños y adolescentes a través de la experiencia especializada de las familias seleccionadas pormenorizadamente para acogerles. La Comunidad de Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco han sido las cuatro autonomías elegidas para arrancar con este programa, que, según estima Derechos Sociales, llegará a unos 60 menores de entre 7 y 18 años hasta finales de 2024.

Gobierno y comunidades pactan que en 2026 no haya ningún niño tutelado menor de seis años viviendo en centros de menores

La iniciativa se inspira en un programa que lleva funcionando ya 15 años en la provincia vasca de Guipúzcoa, donde hay 19 niños acogidos con un sistema parecido. "Queremos replicar un modelo que ya funciona, adaptándolo a las características y necesidades de cada territorio", explicó el portavoz de la Federación Internacional de Comunidades Educativas (FICE), una de las entidades colaboradoras en el proyecto, Josu Gago.

Son, en definitiva, niños y adolescentes con una mochila de malos tratos, rupturas e inestabilidad. Menores con problemáticas de salud mental, adaptación y conductas graves que no reciben la atención necesaria para reparar ese daño emocional en los centros en los que se encuentran actualmente. "Con este modelo, entendemos que el trabajo de reparación sí se da", subrayó Gago en un encuentro con los medios de comunicación. 

Familias "altamente cualificadas"

Una de las claves del programa es que las familias acogedoras tendrán que cumplir una serie de características y requisitos concretos para desarrollar esta "tarea reparadora en el día a día de la vida cotidiana, en el propio hogar", detalla el ministerio encabezado por Ione Belarra. El acogimiento, según Gago, será "tremendamente complejo" y con "muchos altibajos y momentos de alta intensidad", por lo que es necesario que las personas elegidas para llevar a cabo ese trabajo terapéutico cuenten con una experiencia "altamente cualificada" y acreditable. 

Así, los perfiles de las familias potenciales acogedoras deberán tener, por lo menos, una formación homologada por el Ministerio de Educación con una licenciatura en Psicología, Derechos Sociales, Magisterio, Trabajo Social, Pedagogía, Psicopedagogía u otros campos relacionados con el ámbito sanitario. Además, deberán haber trabajado, como mínimo, dos años en asuntos de infancia.

Igualmente, tendrán que comprometerse a formarse continuamente a lo largo de todo el proyecto y a intercalar esa "capacitación continuada" con el seguimiento del caso. Esa formación continua, además de basarse en la protección de los menores en general, deberá ser también específica a la trayectoria del niño o adolescente a su cargo. "Va ligada a las características del chico o chica con el que van a convivir. Si hay una problemática conductual, pues será una formación ligada a sus problemas de conducta", detalló Gago. 

Remuneración y redes de apoyo

Las familias acogedoras recibirán, además, una serie de apoyos. En primer lugar, más allá de los gastos de manutención del menor de edad, recibirán una remuneración de en torno a 2.000 euros netos, que variará según la comunidad autónoma. Es, en cierta parte, una forma de recompensar al psicólogo o educador que ha decidido, por ejemplo, dejar su trabajo para dedicarse plenamente al cuidado del niño; o un trabajador especializado que se encuentra en el paro. 

Por otro lado, el programa teje una red de respaldo, tanto entre las propias familias de acogida como con un equipo técnico que va monitorizando cada caso. Habrá un espacio semanal de encuentro de todas las familias, "donde se reúnan con el equipo técnico para abordar las cuestiones del día a día, validar su plan de caso, de intervención y para escuchar también a las otras familias", concretó Gago. También habrá apoyos mutuos entre familias, de dos en dos: "Tratamos de vincularles en espejo para que tengan otra con la que poder intercambiar impresiones del día a día", añadió. 

Todo ello, enmarcado y concretado en un programa estructurado que irá guiando la intervención, y apuntando qué está funcionando, qué no, qué ha funcionado en otros casos y puede ayudar, etc.

"Rituales de presentación" con la familia biológica

Habrá, igualmente, un proceso de transición para que los menores se vayan adaptando al nuevo entorno. Ahí será crucial la intermediación con la familia biológica, que formará parte del proceso que se alargará unos dos meses, según el caso. En ese periodo de tiempo, habrá, por un lado, una fase de formación de las familias; y, por otro, de los propios niños, a los que se les va a ir, progresivamente, enseñando fotografías de la persona o personas que vayan a acogerle, se organizará un primer encuentro, etc. 

Es lo que Gago denominó los "rituales de presentación", que considera "importantísimos en la vida de un niño en situación de desprotección", y los cuales ayudarán a que todas las partes estén implicadas. 

En todo el país para 2025

Este viernes arrancan las campañas en las comunidades elegidas, y el programa empezará a funcionar inmediatamente y hasta finales de 2024. Es un proyecto piloto, por lo que durante los próximos dos años se analizarán los resultados de cada caso para, si todo va como espera, implantarlo en todas las autonomías a partir de 2025. 

Según datos de 2021, hay más de 49.000 niños y adolescentes que se encuentran en situación de desprotección en España, de los cuales más de 17.000 están en acogimiento residencial. Es una de las tasas más altas de la Unión Europea, que el Gobierno se ha propuesto rebajar en los próximos años y avanzar hacia la desinstitucionalización, acorde con el Plan de Garantía Infantil Europea. 

El objetivo es que, para 2030, el 70% de los niños en sistemas de protección esté en acogimiento familiar. Que en 2026 no haya ningún menor de seis años en acogimiento residencial, y que, para 2030, todos los menores de 10 estén en programas de acogimiento familiar. 

"Creemos que hay que hacer un cambio de cultura de todas las administraciones y actores involucrados para entender que estos cuidados deben darse desde otra perspectiva", subrayó la directora general de Infancia del Ministerio de Derechos Sociales, Lucía Losoviz.