El Tribunal Supremo acaba de arrear un tremendo bofetón al Gobierno y sus socios. La Sala de lo Penal, que preside Manuel Marchena, ha ratificado el criterio que hace unas semanas adoptó el magistrado Pablo Llarena en relación con Carles Puigdemont. En primer lugar, niega que la sedición, suprimida tras la reforma, puede ser subsumible en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados. 

La sedición, razona el Supremo, era mucho más que un atentado contra la paz pública. Con las reiteradas desobediencias al Constitucional, la creación por parte del Parlamento de Cataluña de un conjunto normativo del que era manifiestamente incompetente, y con la movilización ciudadanía en claro desafío al mandato judicial, se pretendía la celebración de un referéndum que destruyese las bases de la Constitución de 1978. 

El Supremo reivindica así los argumentos que desarrolló en la sentencia del procès para acabar lamentando que la reforma penal haya dejado impune los procesos de secesión sin violencia. El reproche al Gobierno es muy considerable, pues, efectivamente, si un proceso de secesión incruento se repitiera no habría tipo penal para castigarlo más allá de la desobediencia.

"El chapucero toqueteo del Código Penal es una losa para Pedro Sánchez"

En segundo lugar, la rebaja de la malversación queda en agua de borrajas, pues la financiación de un referéndum ilegal de secesión no permite aplicar la versión atenuada del delito, esgrime el Supremo. Los argumentos son los mismos que ya desarrolló Llanera. El bofetón aquí se lo llevan sobre todo ERC y los Comunes, Gabriel Rufián y Jaume Asens, que fueron los impulsores de la reforma. El Gobierno primero dudó, pero acabó cediendo, con un coste electoral para el PSOE considerable en algunos territorios.

El objetivo era evitar la cárcel a una docena de dirigentes de ERC que próximamente han de ser juzgados por organizar el referéndum ilegal, y posibilitar el regreso electoral de Oriol Junqueras, que definitivamente no podrá hacerlo hasta 2031. Aunque los republicanos se felicitan por la supresión de la sedición, en realidad no era un delito que les preocupase tras los indultos. 

El fiasco de la malversación supone un serio contrapié para el Gobierno y socios, pero sobre todo evidencia, una vez más, que las prisas son malas consejeras. La jurisprudencia del Supremo jamás avaló la lectura del "sin lucro" como la ausencia de una ganancia patrimonial personal. El chapucero toqueteo del Código Penal es una losa para Pedro Sánchez.