Este viernes se ha iniciado el juicio contra Laura Borràs en el TSJC con las cuestiones previas. A su llegada a las puertas del tribunal de justicia, solo ha contado con el apoyo de militantes y cargos de su partido, Junts, del expresident Quim Torra, y de unas pocas decenas de personas de la ANC. Un ambiente bastante frío y desangelado para una independentista que no se ha cansado de repetir desde el primer día que el suyo es un caso más de lawfare, de persecución política del Estado español. 

Pero solo los sectores más recalcitrantes la apoyan. Recordemos que Borràs perdió la presidencia del Parlament porque ni ERC ni la CUP aceptaron esa explicación cuando se le abrió juicio oral. Está acusada de prevaricación y falsedad documental cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) por haber fraccionado contratos para beneficiar a un amigo, Isaías Herrero, anteriormente condenado a cinco años de cárcel por tráfico de drogas. La Fiscalía pide para ambos 6 años de cárcel. Fue en las escuchas de los Mossos a Herrero cuando casualmente se descubrieron los tejemanejes de Borràs, también con la intervención de correos electrónicos. Por si fuera poco, Herrero podría haber pactado con la Fiscalía una rebaja de la pena si responsabiliza a ella de toda la operación de fraccionar los contratos, alegando que él solo seguía instrucciones de quien dirigía la ILC. De confirmarse, sería el segundo de los acusados que señala a Borràs, pues el empresario Andreu Pujol, que hizo facturas para enmascarar las adjudicaciones, ya lo ha hecho.

Laura Borràs encara este viernes el juicio por los contratos en la ILC y anuncia una "pausa" en su vida pública

Su defensa, dirigida por el abogado Gonzalo Boye, el mismo que defiende a Carles Puigdemont, intentará demostrar que las pruebas informáticas intervenidas no tenían el aval judicial y han podido ser alteradas, por lo que no se pueden usar para condenar a nadie. No obstante, la situación de Laura Borràs es muy vulnerable y a priori parece difícil que escape a una sentencia condenatoria. En ese caso, sería inhabilitada y, por tanto, perdería su escaño. Las consecuencias políticas impactarían también sobre Junts, formación que ella preside. Es significativo que Xavier Trias, candidato a la alcaldía de Barcelona, no haya acudido a prestarle apoyo. Una condena por corrupción la apartaría inevitablemente de la política. En la medida que ella encabeza el sector más duro e intransigente de su partido, su ausencia favorecería la evolución de Junts hacia posiciones más realistas y pragmáticas, un regreso a la posición del espacio convergente que, sin dejar de ser independentista, privilegiaría el eje ideológico de centroderecha en el nuevo escenario tras el fin del procés. El mal futuro de Borràs será clave para Junts, tanto como el resultado de las municipales en el caso de que Trias, un político de la antigua Convergència, lograse recuperar la alcaldía de la capital catalana.