Ángeles, Pedro, Carmen, Francisco, Nuria, Sandra, Hugo... (hasta 21) ni son amigos ni comparten aficiones, pero tienen una cosa en común: son víctimas de negligencias médicas desestimadas en el juzgado o apenas indemnizadas. Lo curioso es que todas sus sentencias proceden de un mismo sitio (la Sección 8.ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid), que preside la jueza Inés Huerta Garicano, y por lo que ayer se creó una asociación de damnificados por sus fallos judiciales.

Sentencias "indignas"

Sandra Gómez y su hermano Hugo se han quedado huérfanos de madre desde 2004 porque nadie en las urgencias del Marañón atendió a su electrocardiograma y la mandaron a casa con un diagnóstico "de dolor muscular y Nolotil", cuenta su hija. A las pocas horas falleció de insuficiencia cardiaca. La magistrada falló en su sentencia una indemnización de 14.000 euros frente a los 69.000 que se da a las víctimas en estos casos. Una historia idéntica fue resuelta por otra jueza del TSJM con una indemnización de 151.000 euros. "Esto es injusto", proclaman los hijos de la fallecida, que no cobraron el talón por considerar la cantidad "indigna". Por todo ello, Sandra y Hugo han pedido amparo al Tribunal Constitucional.

Nuria tampoco entiende por qué la jueza asegura en su caso que el diagnóstico que acabó con la vida de su padre era correcto. Eduardo, de 64 años, fue tratado hace cinco años de una "gastroenteritis" durante un mes y medio por su médico de cabecera, tiempo en el que perdió 20 kilos. Finalmente, el hombre murió de una "pancreatitis" letal. "Mi madre no logra entenderlo", explica. Otro error de diagnóstico costó la vida al padre de Francisco, para el que Garicano ha desestimado la indemnización sin argumentarlo. Lo mismo que le ha ocurrido a Carmen, a la que negaron el tratamiento paliativo por una infección linfática que pagó de su bolsillo y ahora la Justicia le niega su retribución.

Secuelas de por vida

Ni siquiera la operación de reducción de estómago que salió mal y ha dejado a Pedro con cojera, secuelas en las cuerdas vocales y el estómago destrozado es motivo de indemnización.

Por todo ello, el nuevo colectivo, apoyado por la Asociación del Defensor del Paciente, presentó ayer una queja en el Consejo General del Poder Judicial en la que piden que Garicano sea apartada de estos casos por falta de "humanidad", sentencias "injustas" y "sin argumentar". Los afectados también aseguran que la jueza se jacta de que "la Administración no es un Monte Pío" y que a quien sufre una negligencia le ha tocado "la china". Garicano declinó ayer hacer declaraciones a 20 minutos.

Sin una ambulancia a tiempo

"Me han destrozado la vida". Ángeles no tiene derecho a una indemnización a pesar de que el 112 no envió un Samur para su marido, Antonio, cuando se presentaron los síntomas de un infarto. Ahora "es como un niño", con una gran dependencia (del 88%) y "su enfermedad nos ha destrozado la vida". Sus hijos, menores cuando ocurrió todo, abandonaron los estudios, ya no viven con ellos y no han superado la enfermedad paterna.