El Parlamento de Andalucía recuperó este miércoles su actividad e inició un nuevo periodo de sesiones con la aprobación definitiva de la primera Ley de Atención Temprana de la comunidad, un texto largamente demandado por las asociaciones de afectados que ha visto la luz con los votos a favor de todas las formaciones políticas a excepción de Vox, que se ha abstenido.

La jornada, resaltaron todos los partidos, fue para celebrar por lo que supone esta norma, que principalmente blinda por ley el derecho a la atención universal y gratuita de los niños de hasta seis años con trastornos en su desarrollo o con riesgo de padecerlos, así como a sus familias y su entorno.

Entre las cuestiones más destacadas que recoge la ley, que ha recibido 141 enmiendas de los grupos políticos –de las que 53 han sido aprobadas– figura el establecimiento de unos plazos concretos para la atención de los niños. Así, se fijan 30 días como máximo para el diagnóstico de los menores desde el momento en el que se detecta el trastorno. Y otro plazo de tres meses para el inicio de la intervención.

Asimismo, la norma redefine las Unidades de Atención Infantil Temprana como unidades de seguimiento y neurodesarrollo, que estarán ubicadas en Atención Primaria y actuarán como dispositivos específicos para el seguimiento, diagnóstico, orientación y valoración de las necesidades de los menores. La ley, destacó la diputada del PP-A Beatriz Jurado, concede también un papel más destacado a las familias como "eje fundamental" en el tratamiento, además de una mayor coordinación entre las consejerías de Salud, Desarrollo Educativo e Inclusión Social. Igualmente, apuesta por un mejor abordaje de los menores; establece un régimen sancionador para evitar casos de malas prácticas; apuesta por la investigación y la formación; contempla un plan individual de intervención; y un mejor acceso a los Centros de Atención Infantil Temprana (CAIT).

Críticas de la oposición

No se contempla, en cambio, la atención de los niños en la segunda infancia, es decir, a partir de los 6 años, lo que centró las principales críticas de los partidos de la oposición. Desde el PSOE-A, lamentaron que este fuera en su día un "compromiso electoral" de los populares que ahora ha quedado fuera de la norma; y Vox criticó que la ley "se aprueba a medias, beneficiando a unos niños y a otros no". 

El cumplimiento de los plazos y la reducción de las listas de espera fue la principal preocupación manifestada desde Por Andalucía; mientras que Adelante Andalucía puso el foco en "un enorme defecto, que es dejar abierto el modelo de gestión de la Atención Temprana". En respuesta, el PP aseguró que esta norma "no termina aquí" y garantizó el estricto cumplimiento de una ley que "no es de un partido político, es de todos los andaluces" y, especialmente, de las familias con menores que requieren esta atención.

En cifras

Los CAIT se gestionan en Andalucía de manera privada a través de un concierto social, que la Junta defiende que ha permitido incrementar en un 25% la capacidad asistencial de Salud en esta materia. Así, se ha pasado de atender a 27.686 menores en Andalucía en el año 2020 a 31.150 en 2021 y 29.092 en el primer semestre de 2022.

El Gobierno andaluz, además, resalta el incremento del 44% en el Presupuesto de este año para Atención Temprana, hasta los 51,5 millones de euros, así como la subida del precio de la sesión abonada a las entidades que prestan el servicio de 22 a 28 euros.