La largamente postergada reforma de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" de su artículo 49, el que recoge el deber del Estado de asistir a los discapacitados, está más cerca que nunca de llevarse a cabo. El jueves, Unidas Podemos pactó con el PSOE circunscribir este cambio en la Carta Magna a esta cuestión puntual, pese a que los morados aspiran desde su fundación a cambios constitucionales mucho más profundos, como revertir la modificación del artículo 135 que pactaron en agosto de 2011 PP y PSOE. Y, con ese compromiso, el Gobierno cumple la condición que puso el PP para apoyar la reforma: que no fuera más allá de un cambio quirúrgico en el artículo 49.

El apoyo del PP no es baladí, puesto que únicamente con su participación saldría adelante la reforma de la Constitución. Entre los populares y Vox suman 141 de los 350 escaños del Congreso, lo cual les da poder para vetar cualquier cambio constitucional que no compartan, habida cuenta de que la mayor parte de los artículos de la Carta Magna requieren de una mayoría de tres quintos para ser reformados. Y el PSOE, además, siempre ha sido extremadamente reacio a cualquier cambio constitucional que no cuente con el apoyo del otro principal partido.

El avance se forjó en una reunión celebrada el jueves entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique. Tras ese encuentro, la coalición morada comunicó a través de un escrito que, aunque "defiende una reforma integral de la Constitución Española y sostiene que habría que cambiar muchas cosas en la Carta Magna, a petición de las organizaciones de personas con discapacidad y buscando que haya mayoría de grupos que la apoyen para que pueda salir adelante este cambio, está dispuesto a circunscribir la reforma a este único tema".

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Actualmente, la Ley Fundamental establece en su artículo 49 que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran". Y la nueva redacción promovida por el Gobierno busca, además de sustituir la palabra "disminuidos" por "personas con discapacidad", incluir la obligación de que el Estado deba garantizar a estos ciudadanos el disfrute de sus derechos con "libertad e igualdad real y efectiva", así como "la plena autonomía personal e inclusión social".

El fantasma del referéndum

Una vez sorteado el principal condicionante que bloqueaba la reforma, la condición del PP de que Unidas Podemos no intentara aprovechar ese cambio puntual en el artículo 49 para plantear más modificaciones de la Constitución, el procedimiento para llevarla a cabo no es especialmente complicado. El texto lleva presentado en el Congreso desde mayo de 2021 y ya ha superado el trámite de enmiendas a la totalidad, en el que PP y Vox intentaron sin éxito detener su tramitación, por lo que la votación de la reforma -que no es precisamente complicada jurídicamente- podría tener lugar en las próximas semanas o meses si los grupos parlamentarios se ponen de acuerdo para impulsarla.

Al no ser el 49 uno de los artículos de la Constitución que reconoce derechos fundamentales o que establece la configuración territorial y el modelo de Estado, su reforma no requiere de mayorías especialmente reforzadas para llevarse a cabo. Basta con que tres quintos del Congreso y, posteriormente, del Senado le den luz verde, algo que estaría garantizado con los votos de PSOE, PP y Unidas Podemos, a los que con toda seguridad se unirían formaciones como PNV, ERC o EH Bildu.

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No obstante, plantear una reforma constitucional siempre abre la puerta a que se abran debates o se produzcan situaciones inesperadas. Y es que aunque Unidas Podemos se ha comprometido a no tratar de cambiar en esta ocasión más artículos que el 49, no ha dicho nada sobre la posibilidad de solicitar unilateralmente que la reforma se someta a referéndum. Los morados, de hecho, solo necesitarían el apoyo de un par de diputados para forzar, únicamente con las firmas de su grupo parlamentario, a que se convoque una consulta sobre esta modificación de la Carta Magna, ya que la Constitución establece que cualquier cambio necesitará ser ratificada en las urnas si así lo solicitan al menos 35 parlamentarios.

De hecho, en junio del año pasado el PP ya trató de convencer al PSOE de que negociara un acuerdo con Unidas Podemos en el que los morados se comprometieran a no seguir esa vía. De la reunión del jueves entre Bolaños y Echenique, no obstante, no salió ningún acuerdo en ese sentido, si bien en un eventual referéndum únicamente se preguntaría por la reforma del artículo 49 y no por otros cambios que desean los morados, como el blindaje de la vivienda como derecho fundamental o la derogación de la última reforma constitucional que se ha producido, la que en 2011 promovieron PSOE y PP para establecer que el pago de la deuda pública es la "prioridad absoluta" del Estado.