Seis mujeres asesinadas en enero, 11 en diciembre… ¿qué está fallando en el sistema?Los primeros datos provisionales apuntan a que el número de asesinatos de 2022 es igual al de 2021, con unas 49 mujeres asesinadas. Sí es verdad que en diciembre ha habido una concentración inusual. Es preocupante, y donde debemos poner la lupa y donde realmente han saltado las alarmas es que se ha elevado el porcentaje de mujeres asesinadas que habían presentado denuncia previa. Cuando una mujer pide ayuda, pone el pie en una institución, el que tenga que morir asesinada para nosotros supone un fracaso y ahí es donde el Observatorio estudia pormenorizadamente qué es lo que ha pasado.

Una de las medidas por las que apostó el Observatorio es seguir trabajando en la especialización de los juzgados de lo penal. ¿Cuánto queda por hacer?Es necesario revisar la plantilla judicial y crear nuevos juzgados de lo penal especializados en muchos territorios. Porque si hacemos la especialización ahora mismo con lo que tenemos, la previsión era que esos juzgados se iban a atascar nada más entrar en vigor. También hemos pedido que en los juzgados mixtos de los pueblos, que es donde se producen la mayoría de asesinatos, la formación sea obligatoria... aunque para ello necesitamos reformar la ley del Poder Judicial. Pero cabe destacar también que cada vez se imponen a los maltratadores más dispositivos electrónicos y esa medida está resultando un éxito, porque no hemos tenido que lamentar ningún asesinato con este dispositivo.

¿Puede haber alguna fórmula legal para poder alertar a las mujeres que vivan con agresores persistentes?Eso lo está trabajando el Ministerio del Interior junto con la Fiscalía. Tendría que ser en los casos en los que la mujer denunciara, pues a través del propio sistema VioGén se pueden tener estas circunstancias en cuenta a la hora de valorar el riesgo que corre esa mujer. Pero solo en esos casos; si no, es imposible porque vulneraría la ley de protección de datos.

¿Podría marcar realmente una diferencia?Puede ser, sobre todo en esas situaciones en que la mujer, una vez ha dado el paso de denunciar, luego no declara y queda en una situación de riesgo. En ese sentido, el hecho de que ella sea consciente de que esa persona ha tenido episodios de maltrato con otras mujeres podría quizás ayudarla a ser consciente de su propio riesgo.

El ala socialista del Gobierno está trabajando en una reforma de la ley del 'solo sí es sí'. ¿Comparte que debe modificarse la ley?En el informe que redactamos en el CGPJ ya advertíamos de la posibilidad de esas rebajas como consecuencia de haber subsumido el tipo penal de abuso sexual con el de agresión sexual. Hay varias soluciones: o bien volver a la penalidad anterior, o bien crear subtipos agravados de los casos de violencia o intimidación para que, en lo sucesivo, los delitos que se vayan cometiendo después de haber entrado en vigor esa reforma tuvieran una condena superior. Lo anterior ya no tiene vuelta atrás: a todas las condenas que ahora mismo se están revisando y las que están en proceso de revisarse se les tendrá que aplicar la penalidad del 'sí es sí', porque es más beneficiosa para el reo.

¿Se ha cometido un error?Para proteger a la víctima, no solamente basta tener recursos asistenciales, prevenir y todo lo que el resto de la ley prevé, que sí es un avance importante para la mujer. Por ejemplo, extiende los dispositivos electrónicos a los casos de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, y se han creado también tipos penales que van a proteger más a las mujeres. Pero el hecho de que las penas sean inferiores en determinados hechos no responde a la idea de una mayor protección. El fin último, que es proteger a la mujer, se cumple también con una penalidad más alta. 

Cuando empezaron a salir a la luz las primeras rebajas de condenas, Igualdad tildó de "machistas" a los jueces ¿Qué le parece?Es algo absolutamente falso. No existe una justicia patriarcal, no existen jueces machistas. Los jueces tienen una sólida formación en perspectiva de género, y también concienciación y sensibilización de lo que significa la violencia sexual, que afecta de manera absolutamente desproporcionada a las mujeres. La causa de estas revisiones no es más ni menos que la entrada en vigor de la ley.

El Tribunal Supremo se ha pronunciado al menos seis veces sobre las rebajas de penas. ¿Podemos decir que ha unificado doctrina?Sí. La primera fue la del caso Arandina, pero luego ha dictado varias sentencias más en ese sentido. El Supremo crea jurisprudencia e impregna todas las demás resoluciones que se dicten por los órganos judiciales.

¿Usted esperaba que se avalaran estas rebajas de condena? Sí, lo esperábamos, porque ya lo decíamos en el informe del CGPJ. Hicimos un estudio muy serio y muy profesional sobre lo que significaba unificar esos dos tipos penales, y esperábamos sin duda alguna que esto se fuera a producir.

La nueva ley del aborto afronta su recta final en el Senado y recupera el aborto libre desde los 16 años. ¿Qué opinión le merece?Debe primar el interés superior del menor por encima de todo. Esto no significa infantilizar a las niñas de 16 años. Pero, en nuestro informe para el CGPJ, pedíamos que se hiciera una reflexión sobre que la niña, si no estaba acompañada de un progenitor, tendría que estar informada, y señalábamos que el consentimiento informado de esa menor tenía que ser especial y específico para que supiera todas las consecuencias, no solamente físicas, sino también psíquicas, que puede conllevar esta interrupción del embarazo.

La ley trans también ha provocado roces. ¿Ha conseguido el Gobierno responder a un asunto de tal complejidad jurídica?Es cierto que la ley en su espíritu pretende defender a un colectivo que necesitado de protección, pero hay artículos que colisionan con la legislación en vigor. El hecho de que cualquier persona sin ningún tipo de acreditación documental pueda cambiar el sexo en el Registro Civil podría colisionar con los derechos adquiridos por las mujeres, en cuanto a violencia de género, por ejemplo. Y no solamente en ese ámbito, sino también de las deportistas, o los derechos de mujeres que tienen preferencia a la hora de acceder a un puesto de trabajo, o incluso en cualquier tipo de acceso en la que se requieran pruebas de carácter físico, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el cuerpo de bomberos... 

El CGPJ lleva sin renovarse cuatro años. ¿Cómo se soluciona esa situación? Es necesario que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo, porque no hay ahora mismo ninguna que, por sí misma, reúna la mayoría de tres quintos en Congreso y Senado que se requiere. Ahora bien, no podemos olvidar que la Comisión Europea lleva tiempo llamándonos la atención sobre la necesidad de que los vocales del Poder Judicial no sean nombrados directamente por los partidos políticos. Esta crisis se solucionaría si, una vez se cumpla el plazo de los cinco años del mandato del CGPJ, los propios jueces pudieran nombrar a los vocales judiciales.

¿Esta forma de elección podría hacer peligrar que en el CGPJ estén todas las sensibilidades representadas?
No tiene por qué. El CGPJ está formado por 12 vocales judiciales y por ocho juristas de reconocido prestigio. En el caso de esos ocho juristas, sí se podría llegar a un acuerdo por parte de los grupos parlamentarios para que tuvieran su propia representación. Y luego se podría hacer algún sistema para que en la elección por parte de los jueces estuvieran representadas todas las asociaciones judiciales.

Al final parece que no sirvió de nada la renuncia de Lesmes…
Efectivamente, Lesmes luchó muchísimo y cada vez que tenía oportunidad hacía un llamamiento para que se pusieran de acuerdo los grupos políticos. Parece ser que no sirvió, por desgracia, pero esperemos que en un futuro se pueda hacer de alguna de las maneras.

¿Qué balance hace de estos casi cinco años al frente del Observatorio?Hemos visto que se incrementa el número de denuncias. Tenemos que lamentar todavía asesinatos por violencia machista, dentro de la pareja y también fuera de la pareja, pero hay que seguir por el camino en el que vamos trabajando. España es un país referente mundial en la lucha contra la violencia machista. La legislación española ha sido premiada por organizaciones internacionales y está siendo imitada por legislaciones de nuestro entorno. No podemos bajar la guardia en ningún momento, no podemos dar marcha atrás, y lo que hemos pedido desde el Observatorio es continuar poniendo en marcha el Pacto de Estado.